La parlamentaria de EH Bildu Miren Larrion explicó ayer la posición de su grupo en materia fiscal en una rueda de prensa ofrecida en Bilbo junto a los portavoces en las Juntas Generales de Araba (Nerea Martínez), Gipuzkoa (Xabier Olano) y Bizkaia (Josu Unanue). En lo concerniente a la CAV, la coalición soberanista reiteró que vincula la reforma tributaria con la negociación de los presupuestos para este año que el Gobierno de Iñigo Urkullu iniciará próximamente con los grupos parlamentarios, aunque cree que no se podrán efectuar cambios en la política fiscal antes de que se aprueben estas cuentas.

Hoy mismo, cuando terminen las comparecencias de los consejeros en el Parlamento de Gasteiz para presentar las cuentas de sus respectivos departamentos, EH Bildu espera fijar una cita para reunirse con el Ejecutivo de PNV-PSE.

Asume la necesidad de garantizar los ingresos necesarios para el mantenimiento de servicios e infraestructuras, pero subraya que lo que no se puede hacer es «exigir más a los trabajadores y clase media del país» porque «son ellos, con su trabajo e impuestos, los que sostienen el sistema».

Cuestiones imprescindibles

Larrion fue detallando los cuatro ejes de su propuesta. «Es necesaria la reforma del Impuesto de Sociedades y mostramos nuestra total disposición para debatir, en las juntas generales de los tres territorios, una proposición de norma foral que regule, de una manera efectiva, el impuesto de los beneficios que obtienen las empresas». Así resumió el primer punto.

En cuanto a la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el IRPF, EH Bildu aboga por «corregir la descompensación que se da en un impuesto que grava sobremanera las rentas de los asalariados. Hay que aumentar la presión sobre las rentas de capital y revisar el carácter regresivo de algunas deducciones». Es decir, que defiende una mayor progresividad para que quien obtiene más beneficios también pague más proporcionalmente.

La misma idea preside la propuesta de «establecer una mayor tributación sobre la riqueza», ya que en los últimos años «se han impuesto, en la práctica, los intereses de quienes poseen grandes fortunas y elevados patrimonios», quienes «poco a poco han logrado eliminar o reducir al mínimo todo tipo de imposición» en este ámbito.

El cuarto punto esbozado fue el de la lucha contra el fraude, en el que incluye la creación del Observatorio Vasco contra el Fraude. «Solo recuperando la mitad de las pérdidas, estaríamos hablando de un aumento de la recaudación de 1.150 millones de euros anuales», subrayó la portavoz soberanista. En esta lucha se contempla un doble frente: por un lado, los cambios normativos para evitar la elusión fiscal y, por otro, aumentar la eficacia y los recursos de la administraciones tributarias.

«Las haciendas deben ser estrictas en la obtención e intercambio de información –añadió–, con sanciones efectivas a las entidades financieras, empresas y contribuyentes que eludan la transparencia. Hay que someter a una inspección rigurosa y continua a las grandes empresas y grandes patrimonios, con especial atención a aquellas que tienen empresas filiales en paraísos fiscales, y también a las empresas consultoras y financieras que ofrecen servicios de ingeniería fiscal».

Las haciendas intentan frenar el fraude

Para frenar el descenso de la recaudación, o para acercarse más a las previsiones realizadas en este capítulo, las haciendas forales están impulsando medidas que no necesitan profundas reformas normativas. Así, en Nafarroa, la Hacienda Tributaria ha iniciado esta semana la reclamación de más de 75 millones de euros a 300 contribuyentes con deudas fiscales, un proceso que finalizará en junio, cuando, terminado el periodo de alegaciones y pago, se haga público el listado definitivo de deudores.

Se trata de personas tanto físicas como jurídicas y otras entidades, según precisó la portavoz del Gobierno, María Solana, quien subrayó que, a 31 de diciembre de 2016, cada uno de estos contribuyentes tenía una deuda superior a los 250.000 euros. Para el Ejecutivo, la publicación del listado de deudores «debe entenderse como una actuación de lucha contra el fraude».

Por su parte, la Diputación de Gipuzkoa informó ayer de que renovará la norma foral general tributaria para reforzar la lucha contra el fraude con el endurecimiento de varias sanciones, entre ellas las relativas a los registros en B para defraudar a Hacienda o las relacionadas con el borrado o manipulación de la contabilidad. Estos cambios deberán ser ratificados por las Juntas Generales. GARA