Ayer viernes, el Foro Social reunía a diferentes ponentes para tratar aspectos relacionados con la necesidad de avanzar hacia un proceso de paz en EH. En mi intervención, intenté transmitir la dificultad que entraña realizar una hoja de ruta consensuada, cuando intervinientes necesarios se niegan a participar.

Si estuviéramos en un Estado normal, estaríamos pensando en un escenario en el que se habría producido alguna clase de negociación, bien política bien sobre los pasos necesarios para la pacificación, normalización y convivencia. Un proceso similar al de otros países que han sido escenario de conflictos políticos atravesados por la violencia.

Pero no es nuestro caso. Aquí tras más de cinco años de la decisión pública y confirmada de abandonar de manera definitiva la violencia, ETA no ha podido iniciar ninguna clase de proceso de conversaciones, por la negativa del Estado a dialogar, ni sobre el fondo político, ni sobre las secuelas en víctimas, presos, exiliados, legislaciones especiales, fuerzas de seguridad etc. que han dejado tantos años de violencia. De muchas violencias.

Es muy difícil pensar en una hoja de ruta consensuada cuando uno de los pasos clave para ello, como es el desarme, no puede producirse de forma verificada y ordenada porque para poder hacerlo ETA no tiene como interlocutor al Estado.

Es el único país del mundo que yo conozca, donde después de décadas de violencia, una de las partes decide abandonar las armas e invita a la otra parte a iniciar un proceso ordenado y pactado de destrucción de su propio armamento, y esa otra parte se llama a andanas.

Llama la atención que el Gobierno español y el Rey emérito, avalen y aplaudan el acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno colombiano y, aun salvando las distancias, aquí no solo no avalen nada, sino que sean un obstáculo central para algo tan elemental como poder entregar o destruir los arsenales de ETA.

Según se dice, es posible que este año asistamos a ese proceso de desarme, pero debido a la dejación del Estado, se está obligando a explorar otros caminos con la sociedad civil como protagonista y la implicación de nuestras instituciones, más dispuestas a pasar la página de la historia que a instalarse en ella, como hace el Gobierno del PP.

Ante este importante problema la capacidad y la fuerza de la sociedad civil debe de ser la palanca de cambio de este escenario de bloqueo. La sociedad civil con el estímulo de organizaciones como el Foro Social –con su representación plural–, Etxerat y/o Sare, puede dar pasos para desbloquear una cuestión tan elemental, procurando siempre la máxima protección para los agentes intervinientes, lo que puede venir de los representantes electos avalados por nuestras instituciones.

Para ello es urgente preparar un escenario que deberá fortalecerse, incluso antes de que ETA o el colectivo de presos puedan dar nuevos pasos en favor de una resolución definitiva. Me estoy refiriendo a un triángulo conformado por el Comité Internacional de Verificación; los Gobiernos de las CAPV y Nafarroa con competencias en seguridad, y la sociedad civil. Aquí, considero, que esta nuestra fuerza para cambiar las cosas.

Ahora bien, el proceso de desarme ordenado debe de ser una parte de una hoja de ruta, más amplia y consensuada. Esa hoja de ruta, en mi opinión, y más allá del campo legítimo y necesario de los proyectos y reivindicaciones políticas, debe de tener dos grandes capítulos: Derechos Humanos y relato de la Memoria.

Con respecto a los DDHH, es urgente y necesario un acuerdo de mínimos que nos comprometa a trabajar para poner fin a la legislación excepcional y su sustitución por normativas más propias de un Estado que dice ser democrático y de derecho.

Debe ser un compromiso, también, poner fin a una política penitenciaria vengativa, basada en el alejamiento de los presos; el mantenimiento de los presos gravemente enfermos, el no computo de penas o la imposibilidad de progreso de grados.

Y debemos rechazar que el cumplimiento de estos derechos se condicione a nuevas exigencias, por la simple razón de que por ser derechos no pueden estar sujetos a condiciones, mercadeos políticos o chantajes.

Y el segundo gran capítulo, es el de un relato de la memoria inclusivo. Esta hoja de ruta consensuada, no debería aceptar que haya víctimas de primera o de segunda; ni silencios sobre víctimas de las otras violencias, o sobre los espacios oscuros.

Y tampoco puede haber un solo relato de la memoria, porque se han vivido los acontecimientos desde distintos lugares políticos y sociales. Pero es necesario hacer un esfuerzo para que esos relatos dialoguen entre ellos y tengan territorios comunes, donde todos nos sintamos reconocidos.

Esos relatos de la Memoria, deben empezar donde se inicio la barbarie y los delitos de lesa humanidad. En 1936 con la guerra civil y sus ejecuciones sumarias en tapias de cementerios o montes y escondiendo los restos en cunetas anónimas. Memoria de 40 años de asesinatos, esclavismo, expolios, opresión y explotación bajo el franquismo; memoria de la transición que nos trajo una democracia de baja calidad; memoria de los asesinatos por el terrorismo de Estado o las bandas parapoliciales, que es lo mismo; los más de 5.000 casos catalogados de tortura a vascas y vascos. Y por supuesto, memoria de la violencia ejercida por ETA y sus centenares de víctimas.

Poner los medios para un relato de la memoria inclusiva e integral, desde la filosofía que defendió Pepe Mugica, ex presidente de Uruguay, cuando dijo: «Que el daño que me hayan podido infligir a mí, no me impida reconocer el daño que yo haya podido causar».