En política y en energía, no habrá cambio sin soberanía
Red Eléctrica de España (REE) espera iniciar las obras de la línea de alta tensión entre Gueñes e Itsaso en verano de 2018. En su diseño actual, se trata de una autopista eléctrica que, a través de sus 73 kilómetros de largo y 30 metros de ancho, atraviesa 26 municipios vascos. El proyecto genera numerosas incógnitas, empezando por el impacto medioambiental y por los efectos que este tipo de instalaciones puede producir en la salud de los vecinos; y siguiendo por el coste puramente económico de la infraestructura: 60 millones de euros que pagaremos a través de esas milagrosas facturas en las que cabe todo.
De forma inverosímil, se insiste en que el proyecto no guarda relación con la faraónica conexión submarina que REE y su equivalente francés, Réseu de Transporte d’Électricité (RTE), proyectan entre Gatika y Burdeos. Por mucho que lo nieguen, parece claro que el telón de fondo es el intercambio eléctrico entre París y Madrid. Un intercambio que, en contra de lo que se acostumbra a repetir, no es unidireccional. Aunque la tendencia de las últimas dos décadas ha situado al Estado español como exportador, el freno del PP a las renovables ha invertido la balanza en los últimos dos años. No se trata, por tanto, de abrir una puerta a las exportaciones españolas, sino de ligar todavía más el mercado español al europeo, para beneficio de los oligopolios que dominan ambos. Todo en nombre de una eficiencia energética mal entendida que, en vez de reducir el consumo global de energía, tiende a favorecer una mayor producción y un mayor consumo.
Lo que en última instancia reflejan los dos proyectos es una irreflexiva huida adelante de ambos Estados, que corren en dirección contraria a la necesaria transición energética, sin miedo a dejar tierra quemada a su paso, en este caso, Euskal Herria. No siempre se muestra con semejante claridad la unión entre la soberanía política y la energética, así como las urgencias de ambas.
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