Quedó ayer visto para sentencia en la Sección Primera de la Audiencia de Bizkaia el juicio contra cuatro guardias civiles implicados en las torturas denunciadas por Sandra Barrenetxea tras su detención en setiembre de 2010. Al elevar sus conclusiones definitivas, la acusación particular rebajó sus peticiones, al solicitar 9 años de cárcel para cada uno de los agentes, al estimar que los hechos que se les imputan como autores materiales o colaboradores –se trata del secretario e instructor de las diligencias– son constitutivos de un delito de torturas en concurso ideal con otros de agresión sexual y lesiones, lo que supone imponerles la pena más grave.

La abogada de Barrenetxea, Jone Goirizelaia, expuso en su informe que este proceso «ha sido una carrera de obstáculos larga, costosa y repleta de dificultades». Asimismo, destacó el «valor» del testimonio de la víctima ante el tribunal y recordó la jurisprudencia hasta de la misma Sala, Supremo y Constitucional español.

La letrada puso en duda el control efectivo por parte del forense de la Audiencia Nacional e incidió en que «se quedó tan ancho» tras escuchar a Barrenetxea. Asimismo, insistió en la credibilidad de su testimonio «duro y sobrecogedor, con todo lujo de detalles». Subrayó la importancia de la identificación de tres agentes durante la vista.

Respecto a la tesis de la defensa de negar los hechos y atribuir la denuncia a una estrategia, dijo que no la había sustentado «con ninguna prueba». Goirizelaia añadió que la veracidad del relato de Barrenetxea tiene como aval el informe sobre el caso que se sustenta en el Protocolo de Estambul, que lo convierte para instancias internacionales en «creíble y verosímil».

En su alegato final, Jone Goirizelaia dijo que lo juzgado estos días en Bilbo sucedió en 2010 en un cuartel de la Guardia Civil de un estado que «se llama así mismo democrático y de derecho». «Lo mismo que Barrenetxea reconoció lo que reconoció –en referencia al acuerdo que suscribió en la AN al ser juzgada–, si queremos avanzar y construir una sociedad diferente, habrá que reconocer que esto ha ocurrido, y habrá que pedir perdón», finalizó la abogada.

Fiscalía y defensa solicitaron la libre absolución. Además, el letrado de los agentes pidió que se actúe contra la denunciante «por falso testimonio». Carlos Aguilar sostuvo que a los agentes «su defensa del Estado de Derecho les trae aquí» y aseguró que «nadie defiende la tortura».

La defensa lo niega todo

Acusó a Barrenetxea de «faltar a la verdad» y citó su exposición en los medios de comunicación –con referencia incluida a GARA– para negar que sufriera las torturas que relata. Rechazó que se le rompieran los pantalones para vejarla, que se le hubiese practicado la bolsa y que recibiera golpes a la vista de lo recogido por el forense en los informes que entregó al juez.

Respecto a la identificación de tres de los cuatro guardias civiles, el letrado lo definió como «reconocimiento impostado» buscando el titular en los medios, incidiendo en el carácter «propagandístico» del juicio que la propia Audiencia de Bizkaia ordenó que se celebrara tras tres archivos provisionales.

En sus conclusiones, manifestó que «Sandra Barrenetxea ha ido creando un personaje, ha contado con un guión, un relato novelado», asegurando que percibe «una patente falsedad». Además, Aguilar cuestionó el informe elaborado sobre la detenida por la sicóloga clínica Olatz Barrenetxea, que otorga veracidad al relato de la militante independentista siguiendo los parámetros que establece el Protocolo de Estambul.

En la exposición de su informe, el fiscal defendió que «pesan más las pruebas médicas y profesionales» que, dijo, ha aportado el médico forense de la AN que el testimonio de la víctima. Además, resaltó que Juan Miguel Monge Pérez declaró que la arrestada estaba «emocionalmente estable» y añadió que el abogado de oficio, que no pudo hablar con Barrenetxea al estar incomunicada, «no apreció nada en su estado». «No hay prueba objetiva de que los hechos hayan sido así», apostilló.

Arbulu apunta a que una condena acabaría con la impunidad

Ibon Arbulu apuntó ayer, en el transcurso de una concentración que se realizó un día más ante al Palacio de Justicia de Bilbo, que una sentencia inculpatoria en el caso de Sandra Barrenetxea «sería importante para comenzar a reconocer la tortura y terminar con la impunidad». El responsable de Sortu de Bizkaia quiso mostrar «su total apoyo» a quien ha logrado que su denuncia llegue a los tribunales, aunque recordó que «existen 5.657 casos verificados de tortura», lo que, a su juicio, demuestra que ha sido una «práctica sistemática» en Euskal Herria.

Arbulu advirtió de los «grandes silencios» que ha habido en torno a éste y otros casos de torturas, que los ha atribuido a la voluntad de sectores políticos, sociales e institucionales de «imponer un relato adulterado».A.G.