Los derechos humanos hacen aguas en el Puerto de Bilbao
En los últimos días algunos medios de comunicación están difundiendo información sobre la presencia en el Puerto de Bilbao de personas en tránsito hacia territorio británico. Se trata de personas, –parte de ellas, menores–, que huyen de conflictos armados en sus países de origen, como es el caso de Siria, Afganistán e Irak.
Este número se ha incrementado desde que a finales del año pasado se desmantelara el campamento de Calais. Y es que la política del tapón en las fronteras y echar por el desagüe del Mediterráneo a las personas expulsadas de sus tierras es lo que tiene, que genera más complicaciones que soluciones.
En 2016 se han contabilizado 370 localizaciones. También se nos informa de que se ha triplicado el número en el último trimestre con respecto al año anterior, y en otro párrafo de que muchas de estas personas son reincidentes y que van perfeccionando su modus operandi. ¿No será que quienes se triplican son quienes llevan las cuentas? –nos preguntamos–. Aún en el caso de que estas 370 localizaciones correspondan a un número menor de personas, que han intentado acceder en más de una ocasión, la cifra es irrisoria si se la compara con las 80.000 personas cruceristas extranjeras que en el mismo periodo desembarcaron de los mismos ferries a los que pretenden acceder quienes buscan refugio, por motivos de mayor peso por cierto, aunque menos dispuestos a incrementar el PIB por la vía de comprar miniaturas de Puppy y degustar la gastronomía del país. Su apuesta tiene que ver más con jugarse la vida en sus países bajo las bombas que cargamos en este mismo puerto y vendemos, custodiamos y financiamos, como contribuyó a visibilizar recientemente Inas Robles, el bombero objetor de conciencia a quien la Diputación Foral de Bizkaia mantiene abierto un expediente por negarse a custodiar un cargamento de bombas con destino a Arabia Saudí. Y es que ya lo decía la sección fiscal del instituto armado entre sus argumentos, que es preciso salvaguardar los intereses económicos del puerto y, por tanto, de las empresas que usan las instalaciones. No nos cabe ninguna duda de que esos son los verdaderos argumentos, porque los que aporta en relación a proteger a las personas inmigrantes que corren mucho peligro y también a los pasajeros, nos resultan mucho más inverosímiles.
En cuanto a aquellos medios de comunicación que insisten en criminalizar a las personas refugiadas y migrantes con términos como escondidos, trataban de colarse, etc., y dando un tratamiento meramente policial a la información, les pedimos que presten oído a los delitos de odio porque algunas de sus prácticas guardan bastante similitud con las conductas que recoge el artículo 510 del código penal tras su reforma por LO 1/2015: «Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, su origen nacional… Quienes elaboren, distribuyan, difundan o vendan escritos que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo… Quienes públicamente nieguen, trivialicen los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, etc…»
Y es que por el Puerto de Bilbao últimamente corren ríos de tinta, pero poca poesía. Theodor Adorno, buscador de refugio durante el nazismo, se preguntó si tenía sentido escribir poesía después de Auschwitz. Lo que desde luego no tiene ningún sentido es redactar artículos como los que redactan algunos medios hoy en día después de Auschwitz. La poesía humaniza y genera resistencia y resiliencia. Al contrario que los artículos que destilan prejuicio y criminalizan al diferente, que generan miedo, odio y violencia. Conclusión, faltan poetas y sobran las palabras.
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