El consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, comentó ayer que la reforma fiscal, cuyas consecuencias serán analizadas tras el verano, «no es una reforma letal», sino que «lo letal es el fraude y la evasión fiscal». Así se pronunció al ser interpelado en materia de política fiscal por la portavoz del PP, Ana Beltrán, quien habló de los «efectos negativos» de la «fiscofilia» señalando que esta también es «letal».

Aranburu recordó que cuando el cuatripartito llegó al Gobierno, se encontraron con «un escenario bastante complicado: con nada de tesorería, 6.000 millones de deuda, unos recortes importantes y una electoralista bajada de impuestos de 2014 que había que revertir».

«La reforma era urgente y a la vez es gradual», puntualizó, tras lo que indicó que van a seguir trabajando en ella, al tiempo que destacó que se ha conseguido incrementar los recursos para financiar el gasto público. Tal como recogió la agencia Efe, el consejero incidió en que «bajar impuestos favorece a los ricos, endeudarse favorece a los ricos, y pone en perjuicio e hipoteca a la comunidad foral». Y subrayó que no hay argumento para que los bienes afectos a actividades empresariales de las personas físicas no tengan que tributar.

La reforma fiscal también fue cuestionada por Juan Luis Sánchez de Muniain (UPN), quien afirmó que la reforma «recorta a las familias cuando más lo necesitan», y por Ainhoa Unzu (PSN), quien rechazó el tratamiento del IRPF e instó a hacer un impuesto más ajustado a la realidad social. Aranburu replicó que las reformas «no han sido especialmente duras, mucho menos sangrantes», y citó como «las más importantes» la modificación de la tarifa del IRPF a partir de 30.000 euros, que va a suponer en algunos casos unos 70 euros más al año.

Factores inmateriales

Por otro lado, el Consejo General de Economistas (CGE) cifra en 25.648 millones de euros la pérdida de recaudación derivada del fraude fiscal en el Estado español, que alcanza el 16% de la actividad total, lo que supone unos 168.000 millones, según informó Europa Press.

El CGE presentó ayer, en Madrid, el estudio “Reflexiones sobre el fraude fiscal y el problema de las estimaciones”. El presidente de este organismo, Valentín Pich, comentó que en el fraude fiscal inciden aspectos inmateriales –como la educación de la ciudadanía, la eficiencia en el gasto o el ejemplo de los responsables políticos– y otros más tangibles –como la fortaleza de las agencias tributarias, las consecuencias de las comprobaciones administrativas, la claridad normativa o la estabilidad de las normas y de los criterios interpretativos–.