Hay veces en las que los gestos superan a los discursos conocidos y previsibles. El lunes el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, se reunieron en Barcelona. Sus posiciones diferentes sobre cómo abordar la cuestión nacional son públicas, pero resultó llamativo que tras el encuentro remitieran a los medios dos comunicados que tenían un tronco común pero matices diferentes, algo muy elocuente por innecesario.

Por contra, Txiki Muñoz y Garbiñe Aranburu comparecieron ayer por separado ante la Ponencia de Autogobierno del Parlamento de Gasteiz e hicieron cada uno su discurso, pero finalizadas las intervenciones ELA y LAB emitieron una nota de prensa conjunta afirmando que ante el Parlamento ambos sindicatos habían «realizado una reflexión conjunta». Algo, también muy elocuente, que muestra una unidad de acción ante la cuestión de la soberanía.

Una soberanía con fuerte impronta social, puesto que tanto Muñoz como Aranburu reiteraron que el objetivo de tener más competencias es poder ofrecer mejores condiciones de vida a la clase trabajadora. Reivindicaron «un nuevo estatus político con plenas competencias legislativas en los ámbitos sociolaboral y socioeconómico».

Críticas a Madrid y a Lakua

ELA y LAB coincidieron en denunciar por una parte la política centralizadora de Madrid, sus recortes del autogobierno a través de leyes básicas, reformas laborales y recortes e incumplimiento del propio Estatuto; pero por otro lado tampoco dudaron en criticar el empleo que PNV, PSE y PP están haciendo de las competencias ya transferidas y del Concierto Económico, que se están utilizando «para favorecer a las empresas y a las rentas de capital».

Ambos sindicatos recordaron que «estamos sufriendo las consecuencias de un proceso permanente de reformas laborales, de negociación colectiva y de pensiones, que tienen como objetivo la extensión de la precariedad y del empobrecimiento», decisiones que se toman en Madrid pero que afectan en Euskal Herria. Pero al mismo tiempo llaman la atención sobre que «quienes gobiernan aquí» no combaten estas imposiciones, «ya que comparten ese modelo neoliberal y antisocial»

Mínimos del nuevo estatus

De cara a la redacción de un nuevo estatus, ELA y LAB consideran «imprescindible» que se pueda legislar sobre las relaciones laborales y la protección social, para lo que «no vale una mera reforma» del Estatuto, que sería «un fraude a la mayoría social trabajadora».

Estas competencias garantizarían, según ambos sindicatos, «pleno derecho a decidir nuestro modelo laboral y social, o capacidad plena para fijar la política fiscal, económica y social».

Txiki Muñoz y Garbiñe Aranburu mostraron su «compromiso con un proceso soberanista que tenga como base un cambio radical de las políticas, destinado al señalado cambio de modelo económico y social al servicio de la mayoría social».

En opinión de ELA y LAB, «este proceso es incompatible con seguir manteniendo la ficción de que la bilateralidad con el Estado español es posible». Por tanto, ambos sindicatos inciden en que el proceso soberanista debe ser «unilateral», para «lograr el reconocimiento de Euskal Herria como sujeto político con derecho a decidir libremente su propio marco jurídico».

Los secretarios generales de las dos principales fuerzas de la mayoría sindical vasca instaron al Parlamento «a poner en marcha un proceso con estas características, garantizando la participación de los movimientos sindicales y sociales y sin más límite que la voluntad de la ciudadanía vasca».

 

Un proceso que hay que arrancar sin esperar a quien no quiere estar

Desde Elkarrekin Podemos y desde el PSE le pidieron a la secretaria general de LAB que demostrara que con un mayor nivel competencial en materia sociolaboral se conseguirían mejoras para los trabajadores y las clases populares. Más aún cuando la propia sindicalista había criticado que las competencias ya logradas estaban redundando en beneficio de los empresarios y había denunciado que quienes verdaderamente gobiernan son la élites económicas a las que no ha elegido nadie (como el FMI o el Banco Mundial), ante los que unas veces los estados tienen las manos atadas, como en Grecia, y otras muchas veces los gobiernos aceptan de buen gusto esas recetas.

Admitiendo que todo eso es cierto, Garbiñe Aranburu sostuvo que siempre es mejor que los órganos de toma de decisiones estén lo más cerca posible de los trabajadores, porque en ámbitos más pequeños la correlación de fuerzas puede ser favorable para ellos. La secretaria general de LAB recordó que, hasta las dos últimas reformas laborales que posibilitaron la estatalización de los convenios, las condiciones laborales de los trabajadores vascos eran mejores que las del resto del Estado español y eso se debía a que la mayoría sindical y su fuerza era distinta en Euskal Herria que en otros lugares. Esto demostraría que acercar las decisiones a Euskal Herria sería favorable para los trabajadores y trabajadoras vascas, y para los sectores más desfavorecidos, porque cambiaría el marco y haría más favorable la correlación de fuerzas.I.I.

 

Aranburu pone las condiciones laborales como ejemplo

Cada vez que se habla de autogobierno, Joseba Egibar mira atrás y se queja de que la izquierda abertzale no apoyara lo suficiente el nuevo Estatuto de Ibarretxe o su ley de consulta, pese a que le dio los votos necesarios para su aprobación, y a que les faltó apoyo popular.

Le preguntó ayer al secretario general de ELA si «cree posible un proceso soberanista sin el PNV». «Txiki» Muñoz le respondió con un: «Y si el PNV no quiere hacer un proceso soberanista, ¿qué hacemos?».

El portavoz jelkide cuestionó a Garbiñe Aranburu sobre los límites de la unilateralidad, y la secretaria general de LAB le respondió que la unilateralidad es obligada si no hay bilateralidad. Y sobre los consensos necesarios apuntó que «no se puede esperar a quien no quiere estar».I.I.

 

Muñoz critica que Lakua acepte el veto de PSOE y PP como base

El secretario general de ELA hizo un repaso a la historia del Estatuto, que inicialmente el sindicato apoyó porque le vio carencias pero también potencialidad, aunque luego vinieron la Loapa y la recentralización. Adolfo Muñoz se detuvo en especial en el pleno del Congreso de los Diputados que rechazó en 2005 el Estatuto Político aprobado por mayoría absoluta en el Parlamento de Gasetiz, al que desde Madrid negaron legitimidad porque no llegaba con un acuerdo inicial con PSOE o PP. Y lamentó que doce años después sean las instituciones vascas las que estén planteando que la base de un nuevo estatus tenga que contar con el acuerdo de uno de estos dos partidos. Esto, objetivamente, concede a PSE o PP una capacidad de veto ya de partida. Capacidad que, además, luego vuelve a darse cuando el texto aprobado en la Cámara de Gasteiz tiene que ser forzosamente refrendado por las Cortes españolas.

Muñoz recordó la apuesta que el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, hace de la necesidad de que un partido unionista esté en el acuerdo que se alcance en el Parlamento de Gasteiz.

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, le corrigió diciendo que la propuesta de su partido es «buscar el mayor acuerdo posible sin vetos», proceso participativo, elaborar un texto articulado en la Cámara, y someterlo a una «consulta habilitante» de la ciudadanía de la CAV antes de buscar un acuerdo en Madrid y su posterior ratificación. «Y si no hay acuerdo, vuelta al campamento base», concluyó.I.I.