Un día después de que Felipe de Borbón condecorase en el Congreso a Martín Villa, el Parlament aprobó ayer una ley que anula los consejos de guerra franquistas en Catalunya. 63.961 condenados –o sus familiares– podrán recibir un certificado de nulidad en nombre de la Generalitat. De buenas a primeras, por tanto, la iniciativa es un acto de soberanía frente a un Estado que condecora a altos cargos de la dictadura.

La ley se aprobó además por unanimidad, lo que significa que también el PP votó a favor. Algo que contrasta con lo ocurrido en marzo en el Congreso, donde PP, PSOE y Ciudadanos votaron en contra de anular el proceso contra el expresident Lluís Companys en 1938 –PNV y EH Bildu votaron a favor–. De nuevo, lo que ya es posible en Catalunya o Euskal Herria, resulta imposible en Madrid. Lo ocurrido refleja el abismo existente entre la sociedad catalana y la española, que va mucho más allá del proceso independentista. En Barcelona, ni el PP se puede permitir salvar la cara al franquismo sin que le pase factura, mientras que en España hasta el PSOE puede negarse a reparar algunos de los crímenes franquistas sin temor al coste social. El posible recurso del Gobierno español contra la ley, más que un acto contradictorio con su voto en el Parlament, no será sino la confirmación de esta brecha entre países vecinos. Una diferencia que, al menos socialmente, es palpable también en el caso de Euskal Herria, lo cual debería llevar a repensar el futuro de ciertas alianzas.

La ley muestra además la virtud de elegir batallas ganadoras capaces de desencadenar una serie de pequeñas victorias. Anular los juicios franquistas es un necesario acto de justicia y memoria, pero además consigue poner contra la pared al PP –decantó su voto en el último suspiro– y refuerza en el imaginario colectivo la sideral distancia que, más allá de opiniones sobre el independentismo, separa hoy en día a Catalunya de España. Tres por uno.