CNA decidió ayer parar el grueso de la producción deteniendo la actividad en las plantas de Garagarza y Basauri. El motivo alegado es la falta de componentes por las deudas que acumula con los proveedores, al parecer por falta de liquidez. No se entiende que al mismo tiempo intente negociar un ERE de extinción que afectaría a 30 trabajadores. Tampoco que no haya logrado fondos para hacer frente a esa falta de circulante, dada la predisposición del Gobierno de Lakua a ofrecer financiación a las empresas. Posiblemente sean otras las razones que han llevado al cese de la actividad y tengan más que ver con las deficiencias del proyecto industrial que con la falta de efectivo.

El número de empresas industriales con problemas crece y la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, trataba de salir al paso señalando que se debía a la retirada de los inversores. La ubicua consejera aseguraba que su Gobierno está buscando nuevos socios industriales que los sustituyan. En la misma dirección apuntaba ayer el portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, y el portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Imanol Lasa. Ambos reclamaban estrategias de futuro a las empresas. El mismo mensaje para dar a entender que el problema es de las empresas y ocultar la responsabilidad de la Administración Pública, que carece de una política industrial digna de tal nombre. No solo ha privatizado las escasas participaciones industriales que tenía, sino que no ha prestado atención a las que mantenía –como ha quedado patente en el caso de la empresa Xey de Zumaia– ni ha creado instrumentos públicos para fortalecer la actividad industrial.

La visión política absolutamente neoliberal del PNV reduce toda acción pública a ofrecer facilidades a los empresarios y a rebajar impuestos. Con esos mimbres no se puede mantener el tejido industrial ni el futuro económico de este país, que necesita de un sector público que tome decisiones estratégicas y actúe con determinación.