El último accidente mortal, hasta la fecha de ayer, se cobró la vida de un vecino de Iruñea de 34 años que trabajaba en una vivienda en construcción en Aritzu (concejo del municipio navarro de Anue). Al parecer, el operario falleció al caer desde una altura, aunque en principio se desconocía si se precipitó desde el tejado de la casa o desde una grúa que se hallaba junto al edificio.

Según informó la Policía Foral, el siniestro ocurrió poco antes de las 11:32, cuando SOS-Navarra recibió un aviso sobre el accidente. Hasta el lugar se desplazó una patrulla de forales desde Elizondo.

Según los datos aportados por LAB, con este nuevo caso, son al menos 38 las personas fallecidas en accidente de trabajo en lo que llevamos de 2017, ocho de ellos en Nafarroa.

Otro de los accidentes laborales que transcendió ayer fue el registrado en una empresa del municipio vizcaino de Abadiño, en el que un hombre resultó herido en una pierna. El Departamento de Seguridad informó de que ocurrió pasada la una y media de la tarde. El trabajador fue atendido en el lugar por un médico, antes de ser evacuado al Hospital de Usansolo.

«Ruleta rusa»

Casi a la misma hora que en Aritzu se incrementaba la lista de accidentes mortales que han tenido lugar en Euskal Herria en lo que va de año, la mayoría sindical vasca se concentraba ante la delegación del Gobierno de Lakua en Bilbo tras una pancarta en la que se leía «Lan istripu gehiagorik ez! Prekaritatea hiltzailea».

Esta movilización había sido convocada tras el trágico balance de la pasada semana: tres trabajadores muertos en sendos accidentes que tuvieron lugar en Azpeitia, Bedia e Irun. En esta ocasión, ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE e Hiru quisieron dirigir su mensaje directamente al Ejecutivo de Iñigo Urkullu para «que deje de mirar hacia otro lado» ante la siniestralidad laboral y «tome medidas» para «exigir a las empresas que cumplan la ley», recordándole que tiene bajo su responsabilidad a la Inspección de Trabajo. Precisamente, reclamaron al Ejecutivo autonómico que abandone su «actitud de equidistancia» y que ponga «nombres y apellidos» a «los responsables de esta situación: la patronal».

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, calificó de «totalmente inaceptable» que ir a trabajar «se haya convertido en una ruleta rusa». «Hoy no tenemos garantizado el derecho a la vida y a la salud laboral en los centros de trabajo, y esta lacra social es debida principalmente a la realidad laboral que padecemos y a la no inversión en medidas de prevención», destacó.

La dirigente sindical se mostró «indignada» ya que considera que «estas muertes se pueden evitar», e insistió en que, tras ellas, «hay un responsable», que es «la patronal» que se guía por «la avaricia» y su deseo de «conseguir dinero a costa de la salud de los trabajadores». En su opinión, la siniestralidad laboral debe tomar «el sitio que merece» en la «agenda política» y por ello el Gobierno de Lakua «se tiene que implicar más activamente en la defensa del derecho a la salud laboral».

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, puso el énfasis en que detrás de los accidentes de trabajo «hay causas estructurales» y «la principal es la apuesta del Gobierno Vasco y la patronal por la precariedad laboral», tal como indicó Europa Press. «La precariedad laboral mata –reiteró–. Y en Euskal Herria nos encontramos con que ha habido 180 muertos en estos tres últimos años en accidentes de trabajo y que, por cada muerto en accidente, hay 18 muertos por enfermedad profesional». Pese a ello, señaló que esa «durísima realidad» no cobra «protagonismo en la preocupación del poder político y económico».

Tras comentar que «para evitar estas situaciones hay que invertir en salud laboral» y denunciar que «muchas empresas priorizan el beneficio y no invierten en prevención», afirmó que «detrás de los muertos de esta pasada semana hay mucha dejación empresarial y máquina en mal estado». Y exigió a la patronal que invierta más para evitar estos accidentes.