El Parlamento de Navarra sigue dando pasos firmes para ser una referencia pionera en la Comunidad Foral y en el resto del Estado en su apuesta por la sostenibilidad y ya es la primera institución pública en Navarra que realiza un diagnóstico y plan de actuación en este sentido, que apuesta por la responsabilidad social de manera interna y que va a permitir tener una estrategia más definida, haciendo que todas las acciones que se venían implementando de manera independiente, cobren un sentido en esta dirección, de modo que su impacto se centre en tres dimensiones: transparencia y buen gobierno, cultura interna responsable y gestión pública sostenible.

Sin duda alguna, la transparencia y el buen gobierno son los dos aspectos que más exigencia y demanda social están teniendo, junto con el compromiso que la institución debe adquirir con la ciudadanía a través de un código ético para explicitar las prácticas y conductas de las parlamentarias y parlamentarios así como jefaturas de servicio y altos cargos.

Además, debemos incluir en todas las iniciativas y gestión interna la sostenibilidad y el control sobre las operaciones con las entidades financieras, proveedores y empresas adjudicatarias de servicios utilizando criterios económicos, ambientales y de prácticas socialmente responsables.

Este proceso nos ha dado la oportunidad de identificar algunas de las buenas prácticas que se venían implementando en años anteriores y otras muchas que hemos introducido en esta legislatura como la existencia de un plan de igualdad; el cumplimiento de las recomendaciones de la Cámara de Comptos; la Cátedra Parlamento de Navarra de Opinión Pública e Innovación Social que nace con la intención de fomentar el conocimiento de las necesidades de Navarra para, optimizando la conexión entre Administración y ciudadanía, posibilitar una mejora de las políticas públicas a partir de sólidas observaciones prospectivas de la sociedad; la Mesa y Junta de Portavoces itinerante; o los Parlamentos Sociales, que han estimulado la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fortaleciendo un espacio en el que se definen y redefinen nuestros bienes comunes, el desarrollo territorial con democracia, la sostenibilidad ambiental, la soberanía de proximidad, el respeto a las culturas locales.

Para ello, la definición y redacción de un plan de actuación, nos va a permitir ser una institución más dinámica y con el objetivo de ser modélica. Queremos mejorar el carácter de servicio público que tiene esta institución y abordaremos cuantos proyectos sean necesarios, sabiendo que el camino es largo y que exige asumir nuevas formas de funcionamiento y de adopción de unos principios éticos que garanticen un mayor vínculo y corresponsabilidad entre la institución y las personas que desarrollamos nuestra labor en ella, los grupos de interés y la comunidad en la que desarrolla sus actividades.

Esta política, poner en valor lo común, visualiza la necesidad de radicalización democrática, de autogobierno y de descentralización de recursos para que las personas tengamos la oportunidad de tomar decisiones y en el que no se utilice la legalidad para acallar las diferencias, visualiza la necesidad del derecho a decidir en lo personal y colectivo.