Una de las principales obsesiones del soberanismo catalán ha sido, con razón, tratar de dejar claro que el 1-O no será un nuevo 9N. Aquello fue un espectacular ejercicio de desobediencia sin el cual, probablemente, no estaríamos aquí, pero no tuvo ningún carácter vinculante, a diferencia del referéndum impulsado ahora. «Todo el mundo sabe íntimamente que esta vez va la vencida», ha dejado dicho Puigdemont. Será la participación la que otorgue o reste legitimidad al referéndum, y para lograr esa movilización del voto –sea cual sea su sentido– es clave transmitir de forma creíble que esto va en serio y tendrá consecuencias vinculantes. Es la gran diferencia entre el 9N y el 27S (77% de participación).

Pues bien, es finalmente el Estado español el que está dejando claro que esto no va a ser un 9N. Entonces actuaron tarde, finamente optaron por un perfil bajo y presentaron las querellas una vez pasada la movilización. Ahora no. La única condición que Albert Rivera le ha puesto a Mariano Rajoy para su absoluto apoyo es no repetir «el bochorno del 9N». La entrada de la Guardia Civil en una imprenta en busca de algo tan peligroso como un papel impreso no es más que el síntoma más superficial de una decisión cuyo fondo se intuye mejor en las querellas y las órdenes de la Fiscalía: van a hacer todo lo que esté en su mano para impedir el 1-O. Incluido el ridículo.

El juego de las diferencias respecto al 9N da muchas pistas en este sentido. Para empezar, se alude al delito de malversación, no incluido en el caso de Mas y compañía, y que puede implicar penas de prisión. Además, en la querella se incluyen medidas cautelares como fianzas preventivas o la suspensión de la campaña y de otras actuaciones relativas al 1-O. También hay advertencias del TC contra un millar de personas, incluidos los 947 alcaldes de Catalunya, así como contra periodistas al mando de medios de comunicación, públicos y privados. Lo que vale para Catalunya funciona en términos inversos para el Estado: la baja participación pasa por hacer creíbles todas sus amenazas.

En cualquier caso, es el final de los pensamientos mágicos, tanto para españoles como para catalanes. Se ha repetido (también se ha escrito aquí) que, probablemente, muchos españoles han descubierto estos días que las instituciones catalanas van en serio hasta el final. Igual es hora también de poner fin a ese otro pensamiento mágico expandido entre cierto independentismo, según el cual España no puede hacer nada contra el referéndum porque es un derecho humano inalienable del pueblo catalán. Ja.