El Gobierno francés bajará 7.000 millones de euros en impuestos en 2018, sobre todo a las rentas más altas y a las más bajas, y al mismo tiempo reducirá el gasto público con el objetivo de controlar el déficit y la deuda, según se desprende del proyecto presupuestario que aprobó el miércoles en Consejo de Ministros. Tras conocer su contenido, la oposición arremetió contra unas cuentas que juzga poco solidarias y especialmente benévolas con los más ricos.

Estos presupuestos están tabulados sobre una expectativa de crecimiento del 1,7% del PIB en 2017 y el mismo porcentaje para el año que viene. En este horizonte de recuperación económica lenta pero progresiva (la media del crecimiento en la eurozona este año será del 2,0%), se prevé que el déficit público caiga al 2,6% en 2018 –por debajo del tope marcado en el pacto de estabilidad europeo–, frente al 2,9% de este año.

La batería fiscal que el Ejecutivo lanzará para dinamizar la actividad tiene como una de sus medidas estrella una fuerte reducción en el Impuesto sobre la Fortuna (ISF), que pasarán a pagar solo quienes tengan un patrimonio inmobiliario superior a 1,3 millones de euros. Como señaló la agencia Efe, a partir de ahora quedarán exentos de ese tributo aquellos hogares que alcancen ese umbral gracias a su patrimonio financiero y a otros activos, lo que ha sido aprovechado por la oposición de izquierdas para cargar contra la estrategia del presidente francés, Emmanuel Macron.

El proyecto de ley «beneficiará a todos los franceses sin excepción (...) y no sólo a los más ricos», se defendió en rueda de prensa el ministro de Economía, Bruno Le Maire, que al igual que el titular de Hacienda, Gérard Darmanin, procede de las filas de Los Republicanos.

Entre la cal y la arena

El Ejecutivo, que cataloga estos presupuestos como los del «poder adquisitivo», hizo hincapié en que medidas como la progresiva eliminación del impuesto sobre la vivienda (Taxe d’Habitation) para el 80% de los hogares o la bajada de las cotizaciones sociales para asalariados y autónomos aliviarán una carga fiscal «excesiva e injusta».

Lo que ha causado sorpresa, como destacó France-Presse, es que la reducción en impuestos obligatorios será solo de 7.000 millones de euros en 2018, cuando en las últimas semanas el Gobierno había prometido una bajada de 10.000 millones.

Esta diferencia de 3.000 millones de euros se debe a que la reducción de las primas de desempleo y enfermedad (que en principio permitiría un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores), inicialmente prevista para enero, se aplicará solo parcialmente en octubre de 2018, mientras que el aumento de la CGS (que penaliza tanto a las personas activas como a los pensionistas) se aplicará a partir del próximo 1 de enero.

La CGS (Contribution sociale généralisée) es un impuesto que grava directamente los salarios y las pensiones para financiar la seguridad social.

Pese a todo, el Gobierno insiste en que mantendrá los compromisos adquiridos por Macron. «El 31 de diciembre de 2018 habrá, seguro, 10.000 millones de euros menos en impuestos para los hogares y para las empresas», prometió Le Maire. Para ello, debe bajar 0,7 puntos el gasto público, ahorrando cerca de 15.000 millones.

Zerga erreformak erosahalmena txikituko diela salatu dute erretiratuek Baionan

Iragan udaberrian, hainbat mobilizazio egin ostean, erretretak hozkailutik ateratzea lortu zuten. Aitzitik, Macronek aurkeztu duen Aurrekontu Egitasmoa ikusita, lorpen apal hori galtzeko arriskuan daude frantziar pentsiodunak.

Izan ere, babes sozialaren sistema ordaintzen laguntzeko 1990eko hamarkadan asmaturiko CSG zerga emendatzea eta orokortzea erabaki du frantziar presidenteak. Gauzak horrela, %1,7 gehiago ordaindu beharko dute herritarrek, baita erretirodunek ere.

Anartean, aberastasun handien gaineko ISF zerga jaisteko lehen urratsa egin du Macronek. Injustizia horren aurrean, estatu mailako bederatzi sindikatuk eginiko deialdiari jarraituz, erretiratuek mobilizazioak egin zituzten atzo. Euskal Herrian, Fronte Sozialak bat egin zuen deialdiarekin. Hartara, zerga igoera salatzeko eta era berean pentsioak igotzea eskatzeko, 500 bat lagun karrikara atera ziren atzo goizean, Baionan.

«40 urtean lan egin dut, astean 50 lanordutik gora eginez, eta orain 1.200 euro kobratzen ditudanez zergak igoko dizkidate», azaldu zuen protestan zen batek. Eta beste batek: «Emazte anitzek bezala, nik erretreta oso txikia dut, 700 eurokoa, eta hilabete bukaerara heltzeko zailtasunak ditu». Kexak orokorrak ziren, baita borrokatzeko grina ere.

Bildutako gehienen sentimendua bere eginez «aldarrikatzeko ausardia galtzen dudanean orduan zahartuko naiz» zioen afixa erakusten zuen, harro, ile urdindun manifestariak. M.U.