«Comprenderán que el Gobierno está obligado a actuar tal y como manda la Constitución». Mariano Rajoy insistió ayer, a la mariana manera y dejando claro que no es su opción predilecta, que pondrá en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución española si el president, Carles Puigdemont, no firma por escrito hoy, antes de las 10.00 de la mañana, que el pasado 10 de octubre no declaró la independencia. No lo hará. Contestará, a lo sumo, repitiendo la oferta de diálogo trasladada el lunes y contestada por la Audiencia Nacional española con el encarcelamiento de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural. Sànchez y Cuixart. Los Jordis son ya los presos políticos europeos del momento. Mala prensa para una imagen española ya deteriorada por la represión de las urnas el 1-O.

En este contexto viaja Rajoy hoy por la noche a Bruselas, donde arranca un Consejo Europeo de dos días. Los jefes de gobierno de la UE reunidos bajo la batuta del polaco Donald Tusk, que pocas horas antes de la declaración de Puigdemont el 10 de octubre pidió públicamente parar la DUI para facilitar el diálogo. Es el mensaje al que se han aferrado las instituciones catalanas para defender la posibilidad de una mediación o, aunque sea, la apertura del diálogo con el Estado. No hay nada más, al menos públicamente. De ahí la importancia de la cita europea a ojos catalanes. Si Tusk pone encima de la mesa el contencioso catalán –es su potestad como presidente del Consejo–, habrá quien siga viendo la grieta de la mediación internacional abierta –se especula mucho con el papel de países como Bélgica o Eslovenia. Si el tema catalán se queda solo en las preguntas de la sala de prensa, la esperanza europea se habrá evaporado.

Con esta incógnita, es difícil que se mueva algo antes de la cumbre europea. Rajoy tiene la opción de convocar al Consejo de Ministros hoy mismo para aprobar el informe que enviará al Senado, aunque puede perfectamente esperar hasta mañana. Cuando lo haga, si no es antes, Puigdemont, el Govern y las fuerzas independentistas deberán tomar las decisiones que han ido postergando desde la noche del referéndum.

República, comicios... o ambas

El clamor por una proclamación efectiva de la República que ponga fin a la indefinición actual se va extendiendo en amplios sectores del independentismo, sobre todo tras el encarcelamiento de Sànchez y Cuixart y los planes del Estado de aplicar el 155 haga lo que haga Catalunya. Desde la CUP hasta Demòcrates (cristiano-demócratas escindidos de Unió), pasando por sectores del propio PDeCAT y, por descontado, ERC. También las entidades exigen el paso al frente. «Puigdemont debe proclamar de una vez por todas la República», ha dejado dicho Agustí Alcoberro, al mando de la ANC mientras Jordi Sànchez esté en la cárcel. Ayer el PDeCAT fijó postura: levantar el suspenso a la declaración de independencia, pero solo cuando el Estado aplique el 155, un momento aún a delimitar.

El martes JxSí y CUP confirmaron conversaciones para encontrar la forma y el momento de efectuar la proclamación, que no tiene por qué realizarse en el pleno del Parlament con una votación ordinaria –la decisión ya la tomaron dos millones de catalanes el 1-O, defienden desde el soberanismo–. Fórmulas existen a miles y si de algo ha hecho gala el proceso catalán es de imaginación.

Lo importante es la pregunta, tan impertinente como imprescindible, de si Catalunya tiene la suficiente fuerza para llevar a la práctica la proclamación de la República. Es decir, si tiene capacidad para controlar el territorio, hacerse con las finanzas y garantizar el funcionamiento del Estado recién surgido.

Hace unas semanas se especulaba con la idea de que la proclamación efectiva de la república desencadenase una reacción desmedida por parte del Estado y eso sirviese para internacionalizar definitivamente el conflicto. Pero lo cierto es que la reacción de Madrid ya está aquí –encarcelamientos e intervención del autogobierno–, por lo que anunciar a bombo y platillo que la república echa andar y comprobar después que apenas puede dar algunos pasos no acaba de convencer a algunos sectores del independentismo.

En este contexto se empieza a hablar también de la convocatoria de elecciones como opción para desbloquear la situación.

Pero, ¿qué elecciones? Ciudadanos sueña con unos comicios autonómicos ordinarios que le permitan capitalizar la oposición al proceso en Catalunya, mientras que Rajoy se abrió ayer a no aplicar el 155 en caso de que Puigdemont convoque comicios. Una cita que estará tentado de hacer coincidir con unas elecciones estatales que le permitan capitalizar la mano dura contra Catalunya en el Estado. Unas elecciones, en definitiva, que el unionismo ansía, y en las que la CUP ya advirtió que se pensaría muy seriamente si participa o no.

Hay quien ve, sin embargo, opciones intermedias que conjuguen la proclamación y unas elecciones que no serían ordinarias. Encima de la mesa de las fuerzas independentistas está, según se ha publicado en los últimos días, la opción de proclamar de forma diáfana la República catalana y convocar acto seguido las elecciones constituyentes que la Ley de Transitoriedad Jurídica prevé celebrar seis meses después de la proclamación. Es decir, la república quedaría proclamada pero suspendida de facto, a la espera de unas elecciones que servirían para ratificar el mandato del 1-O, algo importante de cara a la comunidad internacional, donde no es fácil homologar el referéndum de hace 19 días, por mucho que la culpa, evidente, recaiga sobre el Estado.

Seguir esperando no es opción

La tercera opción pasa por seguir esperando. Nada indica que la inacción y la apuesta por portarse bien ante Europa vaya a abrir nuevas puertas al soberanismo, pero todo puede ser. La política está llena de avestruces deseosas de enterrar la cabeza bajo tierra con la esperanza de que, al sacarla, todo haya pasado. Aunque no parece buena idea cuando se transitan arenas movedizas. Ayer siguieron filtrándose aspectos sobre cómo pretende aplicar Madrid el 155 y, sean ciertos o no, no invitan precisamente a la tranquilidad.

Según publicó “La Vanguardia”, Rajoy prepara una intervención total de la autonomía que mantendría a Puigdemont en el cargo pero sin competencias, que disolvería el Govern y que quizá llegase a cerrar el Parlament. Todas las consellerias serían tuteladas por los respectivos ministerios, que nombrarían delegados en cada ámbito. Una intervención absoluta que culminaría, sin prisas, en unas elecciones «ordinarias».

Sànchez y Cuixart, en distintos módulos

Los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, siguen encarcelados en diferentes módulos de Soto del Real. Ayer, diputados catalanes, vascos y del grupo de Podemos y sus confluencias reclamaron su inmediata puesta en libertad en el Congreso de los Diputados.

Los Mossos, en el punto de mira

La Audiencia Nacional española sigue obsesionada con el papel de los Mossos el 1-O. Ayer pidió a la Policía catalana que identifique a todos los agentes que actuaron durante el referéndum y que le detalle las actuaciones que llevaron a cabo en cada uno de los colegios electorales.