La propaganda española que desde el inicio del caso daba por segura la entrega de Carles Puigdemont y sus consellers exiliados en Bruselas se terminó de derrumbar en la mañana de ayer. El juez del Supremo Pablo Llarena anunciaba por sorpresa la retirada de la euroorden española que lanzó primero la Audiencia Nacional cuando llevaba la competencia del caso. Y dos horas después, ante el desconcierto creado, Llarena emitía otro oficio para confirmar que sí, que ya no hay orden de arresto y por tanto los cinco gobernantes catalanes no están bajo riesgo de arresto y entrega.

¿Significa eso que son enteramente libres? No, porque serían detenidos en cuanto intentaran entrar en el Estado español. Por tanto, en el fondo, lo que ha hecho la Justicia española no es soltar a Puigdemont y los suyos, sino liberarse a sí misma de la posibilidad –más bien probabilidad– de que el Estado belga le propinara un varapalo con repercusión en toda la UE.

Lo deja claro Llarena en el siguiente párrafo: «Al ser posible que el Estado requerido restrinja la entrega de los detenidos a determinadas imputaciones, negando otras, ello dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulacion de las actuaciones». Dicho en lenguaje inteligible, si Bélgica hubiera limitado la entrega de estos cinco a que fueran juzgados solo por delitos menores como malversación, ¿cómo iba Madrid a sentar en el banquillo por sedición y rebelión a Oriol Junqueras, Carme Forcadell y los otros quince imputados? El Estado tenía un problema evidente y el Supremo ha corrido a desactivarlo. La Fiscalía belga pedirá ahora al juez que cancele toda la tramitación. Su gobierno también estará encantado de quitarse de encima esa patata caliente.

Lo más curioso de las reacciones fue el afán español de intenar hacer de la necesidad virtud. Portavoces como el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, saludaron que con la decisión se facilita detener y juzgar a Puigdemont en el momento en que vuelva a pisar el Estado español. Autocrítica cero.

¿Cabe ese escenario? Veremos. Su abogado dijo que no se plantea de momento salir de Bélgica (ya no lo tiene prohibido), pero también amagó con que intente regresar a Catalunya, incluso para votar el 21D. Lo que está claro es que el president tiene hoy más libertad para escoger dónde y cómo sigue su labor política, saltando a otros puntos de Europa si le pareciera preciso.

De derrota en derrota

Las reacciones de Madrid no tapan el fracaso de su euroorden. La retirada supone algo insólito si se recuerda por ejemplo cuántas veces ha perseverado con estas iniciativas hasta el final frente a decisiones contrarias a la entrega de ciudadanos vascos: ahí está el reciente caso de Jaione Jauregi, con intentos sucesivos desde 2013 a 2016.

Cuando Puigdemont se marchó el 29 de octubre, la prioridad del Estado español fue detenerle y se dio por seguro que se lograría con la euroorden. Sin embargo, Bélgica se limitó a citarlo; fue la primera derrota española. Cuando compareció ante el juez tampoco fue encarcelado, como se aseguraba. No ha estado escondido ni proscrito allí, sino que hace vida pública y ha sido entrevistado en la televisión oficial. Y a medida que se producían las sesiones judiciales (sobre todo anteayer) cundía la evidencia de que los delitos de rebelión y sedición no serían aceptados por la Justicia belga debido a la desproporción penal en el Estado español (hasta 30 años en el caso del president).

En el debate producido el martes se constató que tampoco prosperaría la acusación de prevaricación, introducida a última hora por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para intentar dar más soporte a la euroorden. Al final, el Estado español ha tirado la toalla.

 

Reacciones

«Han temido que fuera totalmente rechazada la extradición, sería un bofetón muy gordo»

J. ALONSO-CUEVILLAS

Abogado de Puigdemont

 

«Fuera del Estado nadie entiende que se puedan pedir 30 años de cárcel a gobernantes por hacer política»

CARLES MUNDÓ

Conseller de Justicia, recién excarcelado

 

«Formalmente hay que esperar al juez para cerrar el caso, pero las medidas cautelares se retiran de forma inmediata»

FISCALÍA BELGA

 

 

«Creo que el juez no quiere quedar atado por los delitos que marque Bélgica. Allá Puigdemont si quiere quedarse allí viendo ópera»

ALFONSO DASTIS

Ministro de Exteriores