Oso latza izan da», fueron las últimas palabras de Joxe Arregi antes de fallecer machacado por la tortura en Madrid en 1981. «Ha sido muy duro»; la misma expresión en castellano salió ayer de boca de Paco Etxeberria, en Donostia, para resumir el tremendo impacto que le ha supuesto a él y a su equipo del Instituto Vasco de Criminología toda esta recopilación de datos y testimonios. Entre ambas frases, casi cuatro décadas. Todo ese tiempo ha hecho falta para que una institución, en este caso el Gobierno de Lakua, haga un informe oficial, profuso y detallado de esta lacra. Si la enorme dimensión de la represión en Euskal Herria no hubiera acabado normalizando y silenciándolo todo, este trabajo hoy sería escándalo mundial y motivo de oprobio para el Estado español, que ha torturado en las últimas décadas igual que lo hizo en el franquismo (el 73% de los casos son posteriores a 1978).

Aunque sin duda lo revelado solo es parte del iceberg, los 4.113 casos censados no son mero material de hemeroteca, sino que deben marcar un antes y un después. No hay margen ya para negacionismos ni relatos falseados que definen la violencia de ETA como la única existente.

Pero el informe también verá mermado su valor si solo se usa como arma arrojadiza y se enfoca exclusivamente al pasado y no al futuro. Porque supone sobre todo una oportunidad para que cada quien se ponga ante el espejo de sus responsabilidades en la violencia política del pasado, en la resolución pendiente del presente y en la construcción del futuro. El estudio interpela a quienes perpetraron la tortura impunemente y también, en otro grado, a quienes la permitieron, ampararon o minusvaloraron. La nota del PSE inmediata a la presentación intentando quitándole valor y desmarcándose de su desarrollo, es una pésima señal. Solo a partir de ese ejercicio, de la pura asunción de la verdad de los hechos, se puede tomar posición protagonista y positiva para el futuro de este país.