El primer informe oficial de torturas ha certificado 4.113 casos que sucedieron entre 1960 hasta 2014 en la CAV. Si creen que se dice rápido, sepan que la clase política lo ha escuchado más rápido todavía. La punta de un negro iceberg y un trabajo suficientemente impactante como para causar una sacudida fría de esas que recorre la columna vertebral, anuda la garganta y encoge el estómago. Son 4.113 escalofríos de terror que deberían despertar en muchas conciencias, al menos, un interrogante: ¿dónde estaba yo mientras «eso» sucedía? Sin embargo, poco se habla de «eso» y mucho de la diatriba en la que se han enzarzado los políticos. Ignoro qué pensarán las víctimas. Esas personas, desde la 1 hasta la 4.113, han sido de nuevo insultadas con la estrategia de la negación por boca de quienes se propugnan socialistas; son víctimas que ven cómo un sindicato policial autonómico recurre al «manual de ETA» para lubricar su resbaladiza conciencia; son víctimas que contemplan cómo, el partido del lehendakari, a la hora de abordar las responsabilidades, arguye que el informe solo busca extraer conclusiones generales, que la obtención de justicia es cosa individual.

Llegados a este punto, tan grave e indignante es negar las torturas como considerar que con denunciarlas ya se ha cumplido. Fue la impunidad en la que se movían los torturadores y la protección política y judicial lo que permitió que existiera la tortura y se mantuviera. Tras esa impunidad hay responsabilidades. También tras el desamparo de los torturados. Mi temor es que se ha empezado ya a tejer el nuevo manto. Nuevamente impunes, nuevamente desamparados.