El Gobierno de Gasteiz anunció la compra a Kutxabank del 1,24% de las acciones de la empresa CAF. La operación la ha realizado utilizando la sociedad pública Socade, pero será financiada por el Instituto Vasco de Finanzas, que de esta manera rompe su exilio interior y vuelve a aparecer en la arena pública. Una extraña operación que fue justificada por la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, como una aportación del Ejecutivo al arraigo de la empresa, a su crecimiento, y por su carácter tractor y estratégico.

Desde luego cada gobierno puede vender sus actuaciones políticas como mejor considere, pero la compra de un pequeño paquete de acciones se antoja poca aportación a semejantes objetivos, más teniendo en cuenta que se trata de una empresa en la que una parte importante del capital se encuentra desde hace años en manos de los trabajadores, con lo que su arraigo no parece que esté en cuestión precisamente. Esta compra parece responder a una lógica algo distinta que también se apunto someramente en la comparecencia: la necesidad que tiene Kutxabank de deshacerse de sus participaciones industriales para cumplir con las exigencias del Banco Central Europeo. En este caso, la cuestión pendiente es si Kutxanbank piensa vender el resto de su participación en CAF y en caso de que así sea, quién sería el comprador que tienen en mente.

Desde que en marzo de 2013 Urkullu, rodeado de entidades financieras, firmara un acuerdo para abrir líneas de liquidez a pymes vascas, poco se ha movido en el ámbito de la financiación de proyectos industriales. Ni la tan aplaudida participación publico-privada parece haber dado frutos, ni se ha avanzado en la racionalización y simplificación de la multitud de fondos y sociedades que comparten Gobierno Vasco y diputaciones. La falta de una estrategia industrial pública coherente puede ser la causa. Y empresas en crisis, como Xey o Cel, dan testimonio directo de esa participación pública en el capital sin estrategia clara.