La primera sesión del juicio del 'caso de Miguel', en el que se investiga una presunta trama de corrupción vinculada a exdirigentes del PNV, comenzó ayer en la Audiencia Provincial de Araba, en una sesión en la que las defensas de varios acusados, entre ellos la del principal imputado, Alfredo de Miguel, solicitaron la nulidad del procedimiento por la «vulneración» de los derechos de sus representados y aludiendo a una posible «manipulación» de pruebas.

El abogado de Alfredo De Miguel, Gonzalo Susaeta, sostuvo que la Ertzaintza fue más allá de la orden judicial durante los registros. También considera que las grabaciones aportadas a la Fiscalía por la abogada Ainhoa Alberdi –en las que se le piden comisiones y están en el inicio de la investigación de este caso– tienen indicios de estar «manipuladas» y además no se cumplió «la cadena de custodia».

Por ello, el defensor entiende que algunas de las principales pruebas aportadas por la acusación están «contaminadas», de modo que pidió la nulidad de todas las investigaciones efectuadas a partir de las mismas, por considerar que son «fruto del árbol envenenado».

Algunas de estas peticiones de las defensas, y otras que se escucharon ayer, ya fueron formuladas también en las fases previas a la vista oral y resultaron rechazadas por la Audiencia alavesa.

El fiscal pide 450 años de cárcel

En la sesión de ayer –destinada como las de los próximos días a «cuestiones previas»– intervinieron el fiscal y los abogados de doce de los veintiséis acusados. La Fiscalía pide para ellos cerca de 450 años de cárcel por diferentes delitos relacionados con prácticas de corrupción. En concreto, para Alfredo De Miguel –que cuando se desencadenó la operación policial en marzo de 2010 era el número 2 del PNV en Araba y diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial– solicita 54 años de prisión, como líder de la asociación ilícita creada para su lucro personal aprovechándose de su posición política.

Junto a De Miguel se sentarán en el banquillo de los acusados Aitor Telleria y Koldo Ochandiano, que en el pasado formaron parte del Araba Buru Batzar; Alfredo Arriola, exgerente del Parque Tecnológico de Miñano; Iñaki San Juan, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Leioa entre 2000 y 2004; Xabier Sánchez Robles, director de Juventud de Lakua durante la etapa de Juan José Ibarretxe; y Gurutz Larrañaga, que fue el número dos de Miren Azkarate en el Departamento de Cultura.

El fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, detalla que los implicados en esta presunta red corrupta se dedicaban a «obtener irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernados por el PNV». Izagirre constata que De Miguel «ideó la creación» de «un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo», junto a Telleria y Ochandiano y las esposas de los tres, que figuran administradoras de empresas domiciliadas en la sociedad gastronómica del exdirigente jeltzale.

Aitor Esteban: «El PNV tuvo una actuación ejemplar»

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, sostuvo ayer que su partido tuvo «una actuación ejemplar» cuando se conoció el «caso De Miguel». Dijo que eso le «distingue» de otros partidos ya que, «desde el primer momento», solicitó «la entrega de carnés» de los acusados. Asimismo, subrayó que el caso no tiene «nada que ver con una presunta trama de corrupción» del PNV, sino que se juzgan «actuaciones individuales» de quienes fueran altos cargos del partido e institucionales.

Alfredo De Miguel fue cesado como diputado foral nada más trascender su detención, pero tanto él como Aitor Telleria y Koldo Ochandiano tardaron diez meses en hacer efectiva la entrega del carné del PNV. Cuando acudió al Parlamento a una comisión de investigación, Joseba Egibar lo recibió con un abrazo.GARA