Rafaela Romero (PSE) comenzó destacando, con una sonrisa de oreja a oreja, que «la realidad de ahora es muy diferente a la de hace año y medio, cuando acabó una legislatura baldía para la convivencia, una legislatura fracasada». Y Julen Arzuaga (EH Bildu) la cerró recordando a Laura Mintegi, sentada entre el público en el salón de actos del Colegio de Abogados de Bizkaia, qué trabas, crispación y divergencias se encontró en el Parlamento de Gasetiz allá por 2012.

Los acuerdos institucionales de estos meses sobre cuestiones muy básicas han sido muy valorados por el Foro Social Permanente, y en la mesa redonda de ayer en Bilbo se entendió más por qué. Son una pequeña parte de un consenso más amplio y profundo, que madura sin grandes titulares ni escenificaciones en reuniones privadas y en la ponencia parlamentaria de Gasteiz, y al que ayer se quiso dar visibilidad por un día. Para cualquiera de los asistentes a este acto que casi llenó el salón, la cordialidad entre los cuatro contertulios (también participaron Amaia Arregi por el PNV y Andeka Larrea por Elkarrekin Podemos) fue muy llamativa. Pero no es solo cuestión de formas, sino de fondo, de contenido. Sobre la mesa se marcó claramente un esquema que apunta a ir vaciando las cárceles, no solo a aliviar los sufrimientos que provocan a presos y familiares.

Así, Arzuaga consideró que ha llegado la hora de que «los elementos de hecho empiecen a desencadenar efectos de derecho» y lo concretó en «dotar de seguridad jurídica a la determinación expresada por EPPK», de modo que «el listón deje de moverse» y sus compromisos deparen consecuencias reales.

También Romero abogó por «clarificar un itinerario». Para la representante del PSE, «es una grave irresponsabilidad que después de años y años pidiéndoles acciones individuales y progresivas, cuando lo hacen se les diga que no». La negativa hasta ahora a concederles el paso de primer a segundo grado, requisito indispensable para acceder a permisos o libertades condicionales, se confirma como el gran escollo inicial.

«Encuentros restaurativos»

En el debate, la solución al problema de los presos se dibujó totalmente unida a la cuestión de las víctimas de ETA: «Esto va en bloque», aseguró Romero sin que el resto lo cuestionara (aunque Arzuaga no quiso dejar de recordar que hay otras víctimas, las de la violencia estatal, que «no tienen ninguna expectativa de reconocimiento del daño»).

La representante del PSE se esforzó en negar que las víctimas de ETA quieran venganza. Subrayó que en general lo que desean es «saber por qué los mataron». Y aquí apareció la opción de «encuentros restaurativos», hacia la que apuntaba también la nota del Foro Social Permanente tras la reunión del pasado sábado en la cárcel de Albolote con un representante de EPPK.

Llamó la atención en este punto la claridad de la jelkide Arregi sobre las víctimas: «Sus derechos no justifican que puedan participar en la ejecución de las penas», autocrítica incluida: «Igual debimos alzar la voz cuando algunas víctimas han hablado en nombre de todas».

Andeka Larrea defendió esos encuentros dejando claro que «no tienen que ser actos públicos de contrición, ni mucho menos». Arzuaga alertó de que habría que ubicarlos en su caso en un marco de impulso a la convivencia y no como condición sine qua non para cumplir sus derechos. Citó cómo a ningún preso común se le impone «enfrentarse a ese trance. Les basta un pronóstico de resocialización y que no haya reincidencia», recordó.

Romero coronó esta parte novedosa con una afirmación muy rotunda: «Las víctimas serán la garantía del éxito de una nueva política penitenciaria». Y lo remarchó así: «Que las víctimas estuvieran en un acuerdo transversal haría que estuviese también el PP». Implicar al partido del Gobierno español es una necesidad imperiosa para PSE y PNV. EH Bildu habló más bien de «obligarle». Y Elkarrekin Podemos subrayó que «hay un trabajo pedagógico pendiente en el Estado español, ¿qué hace falta para que nos entiendan?».

Expectativas diferentes

«La unión hace la fuerza», concluyó Arregi. La parlamentaria del PNV pareció la más convencida de que la política carcelaria cambiará pronto, hasta levantar murmullos entre el público, a todas luces no tan optimista.

Hubo coincidencia absoluta en la exigencia de otra política penitenciaria, a lograr por dos vías paralelas: una interpretación abierta del actual marco legal y la derogación de normas como la 7/2003, que amenaza con eternizar el problema para más de un centenar de presos. Arzuaga puso de manifiesto el modo en que ha «envejecido» esa ley, convertida hoy en catálogo de sinsentidos: «¿Qué quiere decir hoy ‘el abandono de los fines’? ¿Y ‘desvinculación de la organización’? Si un atentado ya está esclarecido, ¿acaso penaliza al preso no poder colaborar en el esclarecimiento?». Romero ve «una situación difícil de resolver» pero que hay que abordar. Para el resto de casos, «basta tener voluntad política, sin necesidad de retorcer el ordenamiento jurídico», concluyó.

INTERVENCIONES:

«La cárcel no puede seguir siendo lugar en el que pierden todos los derechos, lugar de excepcionalidad»

ANDEKA LARREA

Elkarrekin Podemos

«La implicación del PP es imprescindible. Y cómo apague la luz ETA también a va a ser importante»

RAFAELA ROMERO

PSE

«El ministro Zoido dijo que no tendrán ‘ni más ni menos derechos’ que los comunes. Pues yo le cojo la palabra»

JULEN ARZUAGA

EH Bildu

«A las víctimas de ETA no les aporta nada que los presos cumplan condena lejos o cerca de sus casas»

AMAIA ARREGI

PNV