Lo que fue posible en los años 80 y 90 en los parlamentos de Gasteiz e Iruñea –y decenas de veces en municipios de toda Euskal Herria–, es decir, que candidatos en prisión preventiva acudiesen a plenos, no será posible en Catalunya. Así lo decidió ayer el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que vuelve a reafirmarse como tutor de la política catalana. Sí concedió que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn, diputados electos del nuevo Parlament, deleguen su voto en otros parlamentarios que sí estarán presentes en el hemiciclo. Es decir, el independentismo sí que podrá contar con su voto, por lo que, en principio, la mayoría parlamentaria no peligra de cara al pleno del miércoles, en el que el soberanismo unirá fuerzas para asegurarse el control de la Mesa del Parlament.

Igual que con el auto que dejó en prisión a Junqueras la semana pasada, la decisión del Supremo levantó ampollas en el seno del independentismo, puesto que la principal razón alegada para denegar el derecho completo a la participación política a tres personas que ni siquiera han sido juzgadas es la presunción de que, si recibiesen el permiso para acudir a la Cámara, podrían darse «graves enfrentamientos ciudadanos» en el recibimiento a los presos custodiados. No existe, según el juez, una situación que permita «afrontar unas conducciones de salida y de retorno del centro penitenciario, en fecha y horas determinadas, con un punto de destino y de regreso bien conocido, y hacerlo con garantías». Para Llarena, su derecho a la participación política queda garantizado con la posibilidad de delegar el voto. Curiosa, cuanto menos, la participación política de aquellos a los que se les niega tomar la palabra.

Hacia la investidura delegada

En el cotidiano serial sobre las posibilidades de investir a Carles Puigdemont como president, ayer pareció imponerse la opción de una investidura por delegación. Es decir, Puigdemont delegaría en otro diputado de su grupo la lectura del discurso de investidura. A la idea se añadió el recordatorio del exconseller de Presidencia y peso pesado en JxCat, Jordi Turull, sobre la Ley de Presidencia de la Generalitat, que en su artículo 35 establece que «el Govern y los órganos de asistencia y apoyo al Govern pueden utilizar, para el cumplimiento de sus funciones, redes de comunicaciones o cualquier otro medio telemático».

También ayer Ciudadanos y PSC anunciaron las peticiones de informes sobre la investidura a distancia a los letrados del Parlament, que ya han manifestado sus dudas. Sin embargo, en una reunión del grupo parlamentario de Junts per Catalunya celebrada ayer en Bruselas, la directora de la campaña, Elsa Artadi, restó importancia a lo que puedan decir los letrados: «Quienes deben decidir son el president y los diputados electos en el pleno, les corresponde a ellos». «Haremos las cosas bien, aplicaremos el reglamento como toca y estamos convencidos de que, el 31 de enero, el president Puigdemont volverá a ser investido como president de todos los catalanes», añadió posteriormente Eduard Pujol, portavoz de la candidatura JxCat.