«Los hechos probados, yo quiero ver los hechos probados». Alex Solà, abogado de la acusación popular ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, tenía clara su prioridad al conocer la sentencia del caso Palau ante los micrófonos de Catalunya Ràdio. No le importaba tanto la condena concreta de cada uno de los imputados, sino el relato con sello judicial que quedará para la posteridad. La anécdota revela dónde radica la importancia del caso Palau, porque más allá de las condenas dictadas contra sus protagonistas –nueve años para el que fuera presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y siete años para su número dos, Jordi Montull–, el proceso pasará a la historia como el caso que desnudó la financiación ilegal del partido que dominó la política catalana durante largas décadas: Convergència Democràtica de Catalunya fue ayer condenada a pagar 6,6 millones de euros por el dinero cobrado ilegalmente a través del Palau.

De hecho, el extesorero de la formación, Daniel Osàcar, fue uno de los condenados –a cuatro años y cinco meses– por blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y falsedad contable. Una sentencia que el abogado de CDC, Francesc Sànchez anunció que recurrirán ante el Tribunal Supremo. Esta vía la seguirán también el resto de condenados.

Tanto Osàcar como Millet y Montull, así como la hija de este último, Gemma Montull, condenada a cuatro años y medio de cárcel, podrían entrar en prisión preventiva antes de que el Supremo confirme la pena. Al menos esta es la posición que manifestó ayer la Fiscalía tras conocer los primeros detalles de una sentencia que tiene un total de 546 páginas. Por cierto, el acuerdo entre los Montull y la Fiscalía para revelar los detalles de la financiación irregular de CDC no le sirvió de gran cosa a Gemma Montull. Pese a que el fiscal rebajó su petición de 26 años a 2 años para la que fue directora financiera del Palau, la acusación popular mantuvo su petición, lo que ha permitido que el Tribunal la acabe condenando a una pena mayor.

Los hechos probados

A falta de conocer en días venideros los detalles de la extensa sentencia, que llega casi 10 años después de iniciarse el caso, el resumen aportado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) establece que la trama permitió «la destinación ilegal de más de 23 millones de euros» que fueron a parar, entre otros, «a finalidades privadas de cantidades millonarias» –es decir, al lucro personal de Millet y los Montull– y al «pago de comisiones» a Convergència Democràtica. Ayer Sànchez defendió que la sentencia no condena a CDC por financiación ilegal, sino por blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Algo bastante comprensible si se tiene en cuenta que el delito de financiación ilegal no entró en el Código Penal hasta 2015, cuando se reformó la Ley de Financiación de Partidos Políticos.

Más allá de aspectos técnicos, lo que la sentencia confirma es la trama del 3% denunciada en su día por Pasqual Maragall en el Parlament. Es decir, el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública. El TSJC es claro al respecto: «Millet y Montull pactaron con el tesorero de Convergència (...) que Ferrovial entregaría dinero a CDC a cambio de que esta garantizase la adjudicación de un determinado volumen económico de obra pública de forma anual». Una trama para la que Millet y Montull «pusieron a disposición de los directivos de Ferrovial y miembros de CDC toda la estructura económica del Palau de la Música».

En el fondo, el sistema no era complejo: Ferrovial pagaba grandes sumas al Palau en concepto de patrocinio y ese dinero acababa en manos de CDC a través de convenios de colaboración y pago de facturas por servicios que en realidad no se habían prestado.

Pero la comisión no era del 3%, como decía Maragall, sino del 4%. Un 2,5% iba para Convergència, un 1% para Millet y un 0,5% para Montull. Un dinero aportado por Ferrovial, empresa que, sin embargo, ha visto cómo sus dos directivos imputados, Pedro Buenaventura y Juan Elízaga, han sido absueltos. La sentencia da por probado que pagaron comisiones ilícitas, pero el delito ha prescrito.

Respuestas previsibles

Nadie se pudo hacer ayer el sorprendido, por lo que las reacciones políticas fueron previsibles. Todos los partidos menos los herederos de CDC pidieron responsabilidades a los actuales dirigentes del PDeCAT, que a su vez, se escuda en que «es una formación nueva, creada en 2016». Ni una palabra sobre su recién dimitido presidente, Artur Mas, que era el principal responsable de CDC en el momento en que estalló el caso Palau.