Se celebra hoy el primer juicio por la muerte de Iñigo Cabacas a consecuencia de un pelotazo de la Ertzaintza en abril de 2012. Pero no será para esclarecer aquellos hechos, sino una vista por la demanda que el suboficial 3316, que con el sobrenombre de «Ugarteko» coordinaba a las dotaciones policiales la noche de la carga, ha presentado contra la abogada de la familia, Jone Goirizelaia, NAIZ, GARA, su director, Iñaki Soto, y su periodista Iñaki Iriondo. Pide 250.000 euros de indemnización, alegando que la publicación de las grabaciones de sus órdenes realizada en abril de 2013, y la difusión de su identidad en diciembre de ese mismo año, supusieron «el fin de su carrera profesional» y le produjeron un trastorno psiquiátrico durante más de 18 meses, que le dejaron importantes secuelas.

En contraste con estas alegaciones del demandante, la documentación remitida en su día por el Departamento de Seguridad al Parlamento, así como los datos que se han ido conociendo durante la tramitación judicial de esta causa, demuestran, que en 2017 el salario del suboficial fue un 10% superior al ejercicio de 2012, el último antes de que sus superiores le trasladaran de puesto. Es más, si apuntamos las deducciones extralaborales sufridas aquel 2012, lo realmente cobrado el pasado año fue un 17% mayor que entonces.

Sin baja laboral acreditada

Por otra parte, «Ugarteko» asegura que se le diagnosticó un «trastorno mixto ansioso depresivo» durante año y medio, con consecuencias físicas como «22 kilos de más, tensión por las nubes, colesterol altísimo, etc» que según la demanda, «se mantienen en 2016».

El abogado del suboficial 3316 asegura en su escrito que estuvo de «baja laboral» entre el 16 de abril se 2013 (día siguiente a la publicación de las grabaciones y cuando su identidad no era conocida) hasta el 10 de octubre de 2014, lo que suma 542 días, por los que pide una indemnización de 100 euros por día.

Sin embargo, en la documentación presentada en la causa no se acredita ni un solo día de baja laboral. Según los datos obrantes, fue a trabajar cada uno de las jornadas que le correspondían, y el Departamento de Seguridad se los pagó con sus pluses por nocturnidad, trabajo en festivos y productividad.

Y pudo promocionar

El abogado de «Ugarteko» sostiene que el cambio de destino que ordenó el 26 de abril de 2013 el Departamento de Seguridad para su representado y otros cuatro agentes, supuso para él una grave lesión de su situación laboral. Sin embargo, ni recurrió aquella decisión cuando pudo hacerlo, ni ha solicitado hasta diciembre de 2017 la vuelta a su ocupación anterior.

Además, y contrariamente a la alusión del «fin de su carrera profesional», según el Departamento de Seguridad el suboficial 3316 ha podido participar en procedimientos de ascenso por promoción interna a la categoría de oficial.

 

Apoyo a GARA y NAIZ del Colegio y la Asociación de periodistas

El Colegio y la Asociación Vasca de Periodistas hicieron público ayer un comunicado en el que denuncian el hecho desproporcionado de llevar a los tribunales, y más con esa petición económica, al director de GARA, Iñaki Soto, y a su periodista, Iñaki Iriondo, «por dar una información, judicializando y criminalizando así el trabajo de los medios y los profesionales de la información». Consideran que este juicio «criminaliza a los periodistas y ataca a los fundamentos de la libertad de expresión, y más, ante un hecho de estas características». Las dos organizaciones muestran todo su apoyo a los dos periodistas y pide que se paralice la acción judicial, porque dentro del periodismo hay otras vías más eficaces para plantear este tipo de quejas.I.I.