La aprobación por el Senado polaco de una ley que penaliza la más mínima sugerencia de la complicidad del Estado o del pueblo de Polonia en la maquinaria nazi de la muerte industrial de millones judíos ha creado una gran polémica global, con guerra de palabras y crisis diplomáticas de por medio. La nueva ley del Holocausto aprobada por 57 senadores frente a 23 votos contrarios y dos abstenciones, auspiciada por el Gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia (PiS), tipifica como delito cualquier acusación de complicidad polaca en los crímenes del Tercer Reich. Prohíbe expresiones como la de «campos de concentración polacos» para referirse a los centros de exterminio como el de Auschwitz y genera una atmósfera que no permite hablar o investigar con libertad sobre el antisemitismo polaco de la época.

Esta controvertida ley, que aún espera la firma del presidente Andrzej Duda, pretende, según sus impulsores, defender la imagen de Polonia en el exterior y evitar que sea insultada y prevé hasta tres años de cárcel para quienes la violen.

«Negación de responsabilidad»

Con argumentos como el pronunciado por su primer ministro, Mateusz Morawiecki, que afirmó que «Auschwitz no es un nombre polaco y Arbeit macht frei (el lema de la entrada del campo) no es una frase polaca», Polonia pretende ilegalizar la idea de que hubo polacos que ayudaron a los nazis en el Holocausto, que hubo pogromos antijudíos durante y después de la guerra o que cientos miles de judíos murieron en los campos de exterminio sin haber visto un solo soldado alemán.

La ley ha suscitado una furiosa respuesta de Israel, donde se ha provocado una gran tormenta política y mediática. Para los líderes israelíes supone una «negación de responsabilidad de Polonia en el Holocausto», «deformar la verdad» o «reescribir la historia», y han abierto un conflicto diplomático con un país con el que mantenían buenas relaciones.

Sin embargo, Polonia no es el primer país en dar forma a la Historia y determinar los hechos en su beneficio propio.

La Unión Soviética se refería al Holocausto sin mencionar a los judíos, en términos de «víctimas del fascismo». Austria siempre se proyectó como «la primera víctima» del nazismo, negando cualquier responsabilidad en sus crímenes.

La Kneset enmienda su ley contra la negación del Holocausto

La Kneset, el Parlamento de Israel, no ha tardado en responder. En un proyecto de ley apoyado por la coalición de Gobierno y la oposición, que busca enmendar la Ley para la Defensa contra la Negación del Holocausto, se plantea que negar o minimizar la participación de los colaboradores nazis será considerado también como un crimen.

Según esa ley de 1986, cualquiera que haga pública una negación o minimización del Holocausto o de otros crímenes contra los judíos, podría ser encarcelado durante cinco años. En la enmienda que se ha presentado ahora y que se centra en los colaboradores nazis, también se plantea dar ayuda legal a todo superviviente o investigador del Holocausto que tenga que hacer frente a sanciones extranjeras por contar lo que ocurrió. Es una señal clara enviada a Polonia y a cualquier otro país que pudiera estar tentado a copiar su nueva legislación.

Uno de los parlamentarios impulsores del anteproyecto, Itzik Shmuly, declaró que «la verdad histórica del pueblo judío no está en venta. Muchos polacos, como tantos otros, oyeron, conocieron y ayudaron a los nazis en su maquinaria de exterminación. El intento de Polonia de reescribir la historia y de acallar a los supervivientes es despreciable. No permitiremos que los colaboradores se escondan tras los nazis y nieguen su responsabilidad histórica».GARA