El ministro de Interior, Gérard Collomb, recibió una buena noticia en las horas previas a la puesta de largo de su propuesta de ley sobre asilo e inmigración. El Consejo de Estado avaló la circular que emitiera su ministerio el pasado 12 de diciembre, por la cual se autorizaba a proceder al censo de las personas migrantes en los centros de acogida. Se trata de una primera decisión, ya que la alta instancia sólo se ha pronunciado sobre la oportunidad o no de suspender esa orden, y habrá que esperar un tiempo hasta conocer su opinión sobre la cuestión de fondo, la operación de filtrado de personas que, según denuncian las asociaciones que trabajan junto a migrantes, preconiza dicha normativa. Aunque parcial, ésa no ha sido la única victoria que Collomb puede esgrimir a la hora de defender una propuesta política que, siguiendo el mantra del presidente Emmanuel Macron, respondería al objetivo de hacer «más humana y eficaz» la política migratoria.

La pasada semana, el Parlamento dio su respaldo a otro texto legal, basado en una iniciativa gubernamental que la mayoría de derecha se encargó de endurecer a su paso por el Senado, y que puede considerarse como un avance del proyecto de ley que, tras recibir ayer el aval del gabinete, abordará su trámite parlamentario en abril.

Esa norma dejará a las autoridades francesas las manos libres para encerrar a personas migrantes sujetas al Protocolo de Dublín en centros de retención a la espera de que el país por el que accedieron a territorio de la Unión Europea dirima su futuro, bien acordando el asilo, bien, como ocurre en la mayoría de los casos, enviándoles de vuelta al continente del que huyeron.

Junto al reforzamiento de las medidas de control sobre migrantes durante el proceso de formalización de la demanda de asilo, la iniciativa contempla una serie de restricciones de corte legal-administrativo, que van desde la limitación de puntos de acceso legales al Estado francés a la generalización de la orden de no retorno en casos de expulsión. A juicio de las asociaciones que defienden los derechos de estos ciudadanos, «esas normas responden al fin último de hacerles desistir primero en la idea de llegar a Francia y, si ya están aquí, en el propósito de convertir este país en el lugar en el que construir su futuro».

Huelga de servicios

Por ello, incluso organismos directamente imbricados en el sistema administrativo, como es el caso la OFPRA (Oficina Francesa para la Protección de los Refugiados y Apátridas) o la propia Corte Nacional de Derecho de Asilo (CNDA) recibieron ayer con una jornada de huelga la presentación oficial del proyecto de ley con el que Macron se adentra, con la coraza de un discurso ambivalente, en un terreno políticamente resbaladizo.

Para La Cimade, uno de los aspectos más preocupantes del nuevo proyecto es la pretensión del Ministerio de Interior de doblar y excepcionalmente triplicar la duración del periodo de retención. Sin obviar el costo humano que tal medida tendrá para estas personas, Jean-Claude Mas, secretario general de dicha asociación esgrime un análisis propio, según el cual «no hay correlación entre extensión del periodo de retención y aumento de expulsiones», con lo que, entiende, incluso el argumento de la eficacia que esgrime Collomb cae por su propio peso.

En 2016, dos estados que aplican largos periodos de retención a migrantes (18 meses) expulsaron respectivamente a 26.654 y 10.971 personas. El Estado francés, que en 2011 pasó de la retención máxima de 32 días a la de 45 todavía vigente, expulsó a 37.362. «Estamos ante una medida claramente ineficaz que sólo contribuirá al aumento de la violencia y del maltrato institucional hacia estas personas», resume La Cimade.

Otra medida que preocupa especialmente es la reducción a seis meses del plazo de instrucción de la demanda de asilo. Según el proyecto de ley, aquellas personas que no presenten demanda de asilo en los 90 días siguientes a su entrada a la metrópoli –60 días en Guyana– se verán derivadas del procedimiento ordinario al acelerado, con lo que verán cómo se elevan sus probabilidades de ser expulsadas antes de que se vea el recurso relativo a su causa.

La mención a la situación colonial es obligada, ya que en territorios como la propia Guyana, pero también en Mayotte, Martinica, Guadalupe... se aplican ya procedimientos extraordinarios, que se justifican por la «excepcional presión migratoria», y que dan lugar a graves discriminaciones. Para La Cimade, la nueva ley generalizará «ese modelo de justicia de excepción para los extranjeros, que van a ser tratados como justiciables de segunda categoría».

Clandestinizar vidas

En contraste con algunas imagenes que ha difundido el gobierno en los últimos días, en las que el presidente o el primer ministro, Edouard Philippe, se han prodigado en actos destinados a vender las bondades de la integración de migrantes, mediante el aprendizaje de la lengua y la asimilación de la cultura francesas, las asociaciones de apoyo a las personas migrantes remarcan que la nueva norma va a extender la prohibición de retorno, que podrá oscilar entre los 12 meses y los cinco años, y que empezará a contar a partir del momento en que la persona haya abandonado el espacio Schengen. Actualmente, un 30% de las personas afectadas por una orden de salida de territorio tienen además una prohibición de retorno.

El reverso de la medida es claro. Por si fuera poco el temor a verse, de una parte controladas, y en el peor de los casos asignadas bien a residencia bien a un centro o región de retención, estas personas tendrán un motivo más para no acudir a la prefectura a solicitar un permiso de residencia, ya que si se les rechaza la solicitud, se verán amenazadas por la prohibición de retorno, lo que les dejará sin posibilidad efectiva de recurso.

De acuerdo a las estimaciones de las asociaciones, decenas de miles de personas se verán abocadas a la clandestinidad.

Las asociaciones rompen, también en esta cuestión, el mensaje ambivalente del ministro, que esgrime la libertad de circulación y la despenalización de la presencia en territorio galo que se defiende en la exposición de la ley mientras se introducen nuevos instrumentos para «desterrar a personas que se consideran indeseables, quebrando sus proyectos de vida y condenándolas tanto a presente como a futuro a una situación de ilegalidad».

Debate que polariza

Con todo, el macronismo se ha inspirado, en cierto modo, en esa lectura, igualmente binaria que, si atendemos a las encuentas, la sociedad francesa hace de la cuestión migratoria. Aunque declarándose ampliamente favorable al derecho de asilo, más del 60% de la muestra de la casa de sondeos BVA estima que en el Estado francés hay «demasiados migrantes».

De acuerdo a la estadística de Eurostat sobre población extranjera en los estados de la UE, en 2015 la población extranjera en edad activa en Francia ascendía a 4,3 millones de personas (6,6% de su población).

Francia no figura ni siquiera entre los diez estados con mayor porcentaje de población extranjera de la Unión. Sin embargo, ello no impide que la «sensación térmica» sea bastante distinta, lo que da cuenta del grado de penetración de la propaganda del Frente Nacional que, paradójicamente, afronta lastrado por la crisis interna, el relanzamiento del debate migratorio. El mismo hándicap afecta a la izquierda institucional, con un PS en pleno proceso refundacional.

La derecha, y su nuevo líder, Laurent Wauquiez, exponente de la derecha sin complejos, tratará de aprovechar esa ventaja, aunque a un mes de su elección, atraviese hoy una crisis de credibilidad provocada por sus excesos verbales.

Aunque el escenario se antoje favorable al gobierno, el macronismo necesita construir un consenso en sus propias filas para abordar un debate que alimentará, como siempre, las demagogias de distinto signo y que, por eso mismo, es visto con desconfianza por amplios sectores de la sociedad. Ello sin olvidar que, en el pasado cercano, el uso como munición del reto migratorio truncó algunas carreras políticas y dejó sin resolver el problema de fondo.

 

10 claves de la receta Collomb

1. Se acorta la fase de instrucción de la demanda de asilo. Ello multiplicará los procedimientos acelerados y agilizará las expulsiones.

2. Los demandantes que reciben la ayuda prevista en procesos de asilo deben residir en la región que se les asigne, aun sin garantías de alojamiento y trabajo.

3. El periodo de retención pasa de 45 a 90 días (excepcionalmente a 135). El periodo en comisaría se extiende de 16 a 24 horas.

4. La reforma de 2016 preveía la intervención del juez en las primeras 48 horas de la retención. Ese periodo se extiende a 72 horas.

5. Se contempla un uso más extendido de la asignación a residencia o domicilio.

6. Se despenaliza la entrada irregular pero se fijan 119 pasos fronterizos, luego se restringe la libertad de circulación de personas.

7. Se fomenta la medida de prohibición de retorno, en un periodo de 1 a 5 años.

8. Se impone un modelo de vista judicial especial –extensión de la videoconferencia– sin consentimiento previo.

9. Se limita el acceso a la doble demanda, de asilo y derecho a residencia.

10. Se obvia el delito de solidaridad, cuando hay decenas de encausados por ayudar a migrantes.