Los datos del Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat) subrayan que el 95,2% de los catalanes entiende el catalán, el 73,2% lo habla, el 78,7% lo lee y el 55,7% lo escribe. Se podría decir que la lengua goza de una buena salud, pero esto no ha sido siempre así. A principio de la década de los 80, antes de que se pusiera en marcha la inmersión lingüística, el catalán no pasaba de ser una asignatura en las escuelas públicas. «Había iniciativas esparcidas que abogaban por la introducción del catalán. Sin embargo, en un inicio había mucho papeleo, y no era por defecto el idioma de la enseñanza», señala el sociolingüista Miquel Strubell, que responde a las preguntas de GARA tras comparecer ante la Comisión de Educación del Parlamento de Gasteiz.

Relata que la situación cambió en el año 1983, cuando se consensuó la Ley de Normalización Lingüística. «Uno de los apartados más importantes de esta norma, aprobada meses después de la ley vasca, establece que el catalán sea la lengua habitual en la educación. Y así ha sido hasta ahora. Se ha ido introduciendo progresivamente el catalán como la lengua principal en todas las escuelas, pero incluso a finales de siglo había escuelas que no habían pasado de la asignatura», explica. Recuerda que la inmersión lingüística fue fruto del trabajo realizado por grupos de madres y padres en localidades que crecieron gracias a la inmigración, como Santa Coloma de Gramenet, donde temían que «sus hijos no iban a aprender catalán si no se catalanizaba a escuela».

Strubell destaca la actuación del PSUC, que apostó por la inmersión lingüística, y censura la actitud de PP y Ciudadanos, dos partidos que han roto el consenso existente. «El PP ha hecho una guerra para limitar los derechos de los ciudadanos en lo que se refiere al catalán», indica, y afirma que la Ley Wert es un ejemplo de dicha guerra. Asimismo, critica que la formación de Albert Rivera nació para «limitar y eliminar la inmersión lingüística. La ha convertido en su campo de batalla, y en Catalunya ha devorado practicante al PP». A su parecer, «hay ideologías a las que realmente les interesa el monolingüismo castellano, manteniendo una aspiración a una España imposible. Una España monolingüe castellana».

La derecha española ha llevado el debate sobre la lengua catalana a la Comunitat Valenciana y a Illes Balears, donde hasta bien poco se habían adoptado «políticas lingüísticas muy regresivas». «Lo más razonable es que un servidor público tenga que atender a los ciudadanos en los dos idiomas oficiales. Esto es algo muy elemental que está siendo cuestionado por un partido en las Illes Balears, y creo que asustando incluso a los propios médicos», bromea en clara alusión a la actitud del PP, que ha participado en las protestas convocadas por la plataforma Mos Movem. En este sentido, advierte de que en Catalunya, al igual que las otras comunidades que forman los Països Catalans, «hay gente que no ha incorporado el catalán a su vida cotidiana, que no ve la televisión en catalán, y esto tiene ramificaciones políticas importantes». «Y creo que se politiza la lengua demasiado», añade.

Cuestionado por el futuro del modelo lingüístico en Catalunya, Strubell deja claro que no existe una receta para avanzar en el uso de la lengua. «Se puede legislar y definir. Y se puede diseñar un proyecto lingüístico en un centro y encontrarte en Secundaria a algunos profesores que están dando la clase en español, sin que nadie les diga nada», señala. E insiste en que no se puede prohibir un idioma para corregir esta situación. Es necesario «volver a la caja negra y ver qué es mejorable. Ver qué zonas no producen alumnos capaces de dominar los dos idiomas oficiales, o tres en el caso de Aran, ademas de una lengua extranjera».

El reto se complica cuando se habla de la inmersión de los alumnos de origen migrante. «En Catalunya hay 164.000 alumnos nacidos fuera del Estado español. Tenemos un reto enorme porque el modelo de inmersión no se diseñó para educar niños y niñas de 300 idiomas distintos», apunta.

En cuanto a la posibilidad de implantar en la inmersión lingüística en los colegios vascos, Strubell sostiene que «cada situación es única y no se puede generalizar ni exportar modelos». No obstante, considera que «aquí hay un consenso al señalar que el modelo A no da resultado y está bajando como opción lingüística de las familias. A lo mejor muere por su propia ineficacia. Sería una manera de resolver el problema sin tener que legislar».