«Todas las personas con residencia en Navarra tienen derecho de forma gratuita a la asistencia sanitaria primaria o especializada, prestada por el sistema sanitario público de la Comunidad Foral, con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra, cualquiera que sea su edad, nacionalidad o situación legal o administrativa». Esto es lo que dice la Ley Foral 8/2013 de 25 de febrero y que ayer fue anulada por el Tribunal Constitucional en una sentencia que recibió cinco votos particulares discrepantes, uno de ellos por verlo como un ataque al Amejoramiento. A este artículo único se añaden unas disposiciones adicionales sobre prestaciones farmacéuticas, que también han resultado derogadas automáticamente en consecuencia.

La ley navarra se promulgó en 2013 como respuesta al Real Decreto Ley 16/2012 de Mariano Rajoy que dejó fuera del sistema sanitario a las personas que no tienen los papeles en regla y que pasó a vincular un derecho universal al trabajo. Fueron varios los territorios del Estado que intentaron dejar sin efecto la ley del PP –o al menos, paliar sus consecuencias– estableciendo su propia normativa, como la propia CAV, el País Valencià y Extremadura. De todas ellas, Nafarroa fue la única que aprobó una ley con un texto opuesto tan abiertamente al de Rajoy.

Desde el Gobierno navarro se avanzó ayer que ya preveían la posibilidad de una sentencia desfavorable, por lo que tienen avanzada una vía alternativa para garantizar este derecho. Visto que Madrid ha delimitado hasta dónde puede llegar la cobertura sanitaria, el Ejecutivo navarro optará por ampliar los derechos sociales de los colectivos marginados y así compensar la situación de desigualdad que genera la ley. Este plan se implementará a la mayor brevedad, porque están obligados a «acatar» la sentencia. No obstante, el director general de Osasunbidea, Luis Gabilondo, trasladó ayer por la tarde a GARA de que, si alguna persona excluida ahora del sistema sanitario se siente enferma, que «acuda como siempre al médico de cabecera, que le atenderá».

Normativa básica estatal

El TC entiende que si el Sistema Público de Salud español se establece para todo el territorio, «el acceso a la cartera de prestaciones sanitarias debe tener el mismo nivel de cobertura subjetiva». Por tanto, la sentencia determina que la normativa básica estatal de 2012 «cierra toda la posibilidad a las normas autonómicas de desarrollo para configurar un sistema de acceso a las prestaciones sanitarias que no atienda a los conceptos de asegurado o beneficiario».

La ley navarra, como se aprecia en su artículo único, no vincula el derecho a la salud el concepto «beneficiario» que recoge el Real Decreto 16/2012, sino que lo define como un derecho que pertenece a las «personas». De este modo, la norma foral extendía la cobertura sanitaria a todos aquellos que tengan acreditada «por cualquier medio admitido en Derecho, incluido el empadronamiento, que el domicilio de esta persona está en un municipio de Navarra». En la práctica, basta con estar empadronado un día en la Comunidad Foral para que ser atendido en Osasunbidea.

Cabe recordar que la norma del PP limitaba la atención de las personas en situación irregular al servicio de Urgencias y se les negaba la atención primaria. Esto conlleva dos problemáticas que han sido reiteradas por diversos colectivos sanitarios y del ámbito de los derechos humanos en estos seis años. La primera de ellas es la sobresaturación del servicio de Urgencias. Y la segunda, la ruptura del concepto de Salud Pública, pues un determinado sector de la población pasa a estar sin control alguno.

«La salud es un bien tanto individual como colectivo. El Real Decreto, obviamente, deja fuera del control efectivo a todo un grupo de personas. Eso es contraproducente y peligroso», señala el director general de Osasunbidea. «Esto se ve muy claro con las vacunas. Vacunándonos todos, nos protegemos de determinadas enfermedades y las hemos llegado a erradicar. Si solo se vacunan unos pocos, nos perjudica a toda la población», ejemplifica Gabilondo. El responsable, recuerda, además, que Nafarroa fue un territorio pionero en el reconocimiento en los 80 de la sanidad universal.

Todo el arco parlamentario navarro, a excepción de UPN y PP, mostró ayer su alarma e indignación por este varapalo a la soberanía navarra y al derecho fundamental de la salud. Bakartxo Ruiz (EH Bildu) encuadró esta decisión en una «ofensiva recentralizadora» mediante el abuso del empleo de la «legislación básica». Ruiz denunció que «no nos permiten reconocer y ampliar los derechos sociales para que toda la ciudadanía navarra, sea cual sea su situación u origen, pueda vivir una vida digna». Recordó, asimismo, la anulación de la ley contra el medicamentazo y el recorte de este mismo lunes a la ley navarra antidesahucios.