El expresidente francés y referente de la derecha gala homologada Nicolas Sarkozy fue imputado ayer por financiación ilegal de la campaña electoral que en 2007 le llevó a El Elíseo con dinero del linchado líder libio Muamar Gadafi. El exmandatario fue dejado en libertad bajo control judicial.

Al término de unas 25 horas de interrogatorio bajo arresto, los jueces que instruyen la presunta financiación ilícita de su campaña victoriosa le imputaron delitos de corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña electoral y receptación de dinero libio.

Este caso es el escándalo de financiación política más explosivo de Francia y una de las varias investigaciones legales que persiguen a Sarkozy desde que dejó la presidencia en 2012. No es la primera vez que el expresidente es interrogado. En julio de 2014 se convirtió en el primer exmandatario francés en ser detenido para un interrogatorio en un caso de presunto tráfico de influencias. Y se trata de la segunda imputación de Sarkozy por la Justicia, que ya le inculpó en un caso de corrupción.

La Justicia francesa abrió una investigación judicial en 2013 por corrupción, tráfico de influencia y malversación después de que un año antes el portal de investigación Mediapart revelara un documento del exjefe de los servicios de Inteligencia libios, Musa Kusa, según el cual el régimen de Muamar Gadafi aceptó financiar con 50 millones de euros la campaña presidencial de 2007 de Sarkozy.

Los agentes de la división anticorrupción (Oclciff) le interrogaron en la sede de la Policía Judicial de Nanterre, en el extrarradio de París.

El exministro de Interior y brazo derecho de Sarkozy durante muchos años, Brice Hortefeux pasó la víspera quince horas ante los mismos policías de la Oclciff, ante quienes negó rotundamente que Sarkozy se hubiera beneficiado de una financiación libia. «Las precisiones aportadas deben permitir poner fin a una sucesión de errores y de mentiras», escribió Hortefeux en Twitter .

Esa posición, que incluye una queja de instrumentalización de la Justicia, es la que ha mantenido cuando se le ha preguntado por el asunto al propio Sarkozy, que se ha esforzado por descalificar al que aparece como uno de los principales testimonios en su contra, el del marchante de armas e intermediario franco-libanés Ziad Takieddine, uno de los tres inculpados por ahora.

En marzo de 2011, cuando Francia acababa de reconocer a la oposición del régimen libio como único interlocutor, el hijo de Gadafi, Seif al-Islam, lanzó la primera acusación: «¡Sarkozy debe devolver el dinero!».

Como prueba existe por ahora la nota de diciembre de 2006 de Musa Kusa publicada en abril de 2012 por Médiapart.

A falta de identificar formalmente giros bancarios directos desde Libia a las cuentas del candidato Sarkozy, los investigadores han constatado que durante la campaña presidencial de 2007, circularon sumas importantes de dinero en efectivo entre su equipo. «Todo el mundo venía a recoger su sobre», contó un exempleado de la campaña en el informe de la oficina anticorrupción.

El tesorero de campaña Eric Woerth afirma que ese dinero fue proporcionado por donantes anónimos, pero Takieddine, después de haber dado diferentes versiones, acabó confesando en diciembre de 2016 que él mismo se encargó, entre finales de 2006 y comienzos de 2007, del transporte entre Trípoli y París de cinco millones de euros que entregó en mano al exministro Claude Guéant y al propio Sarkozy.

Guéant, que fue el director de campaña en 2007 y que durante la Presidencia que comenzó en mayo de ese año se encargó de muchas de las misiones francesas ante el régimen de Gadafi, es otro de los imputados.

El tercero es el magnate saudí Khalid Bushan, al que se atribuye un giro en favor de Guéant de un millón de euros.