Aquí mando yo. No es difícil imaginar al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena verbalizando estas palabras, con los pies encima de la mesa, mientras ponía su firma al último de los autos emitidos ayer. El saldo no es menor, con los de ayer ya son nueve los presos políticos y siete las personas exiliadas a raíz del proceso independentista. Entre ellos tres candidatos a la investidura, incluido el actual, Jordi Turull. El humor popular, último antidoto frente a la desesperanza, hace días que rebautizó la Generalitat con el nombre de Llarenalitat. También dicen que la ironía es una tristeza que, carente de lágrimas, opta por sonreír.

Afrontar las 70 páginas del auto de procesamiento emitido ayer por Llarena con el prisma de la racionalidad es un ejercicio baldío y tremendamente frustrante. La obsesión del magistrado es lograr calificar de violenta la actuación de los imputados, porque el delito de rebelión exige que los acusados se «alzaren violenta y públicamente». Esta pretensión, sin embargo, choca contra la más evidente realidad de los hechos ocurridos en Catalunya durante los últimos años. ¿Qué hacer entonces? Llarena podía forzar el diccionario o podía forzar la realidad. Optó por hacer ambas.

Por ejemplo, pareció presentar candidatura para la academia de la lengua realizando una explicación metafísica de la diferencia entre «actuar con violencia» y «actuar violentamente». Al subrayar que el código penal no incluye el sustantivo «violencia», sino el adverbio, abrió la puerta a una interpretación generosa de lo que puede significar actuar violentamente. Por ejemplo, para Llarena, mantener el referéndum del 1-O cuando miles de policías y guardias civiles tenían la orden de impedirlo, es actuar violentamente. Y no se refiere, claro está, a las evidentes cargas policiales, a las que dedica una línea en el auto de procesamiento. Una.

En el terreno de los hechos, Llarena tampoco tuvo empacho en caer en falsedades palmarias como que el día 20 de setiembre, en la concentración de protesta contra la operación policial en el departamento de Economía, solo había dos mossos. Mentira. Baste también una línea de la acusación contra Carme Forcadell para tomarle la temperatura al tono del escrito de Llarena: «Puso la institución parlamentaria al servicio del violento resultado obtenido con el referéndum».

El resumen del auto de procesamiento, en cualquier caso, lo tienen en el recuadro de la página contigua. De los 28 imputados, finalmente han sido procesados 25, de los cuales 13 serán juzgados por el delito de rebelión, castigado con hasta 25 años de prisión.

Cárcel y exilio

Aunque el auto de procesamiento fue el acto judicial más importante de ayer a medio plazo –puede ser recurrido, tras lo cual, los cargos públicos acusados de rebelión serán suspendidos–, Llarena tenía otras dos importantes decisiones que tomar con efectos inmediatos. La primera, sobre los seis imputados que mantenían, hasta el jueves por la noche, el acta de diputado: el candidato a la investidura, Jordi Turull, Carme Forcadell, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Marta Rovira. Esta última, sin embargo, se exilió ayer en Suiza, donde ya está la exdiputada de la CUP Anna Gabriel. «El exilio será un camino duro, pero es la única forma que tengo de recuperar mi voz política», explicó Rovira a través de una carta en la que aseguró haber vivido «dentro de una prisión interna» durante las últimas semanas.

La decisión sobre los otros cinco diputados es, a estas alturas, de sobra conocida. Turull, Rull y Romeva han dormido esta noche en Estremera, cárcel de la que salieron el pasado 4 de diciembre, mientras que Forcadell y Bassa ingresaron en Alcalá Meco. El razonamiento fue el habitual: Llarena alegó el supuesto riesgo de fuga y reiteración de quienes han acudido a cada citación judicial pese al peligro de acabar entre rejas. Insistamos: ya son nueve los dirigentes políticos en prisión.

La segunda decisión de Llarena fue la referida a los exiliados, cuya euroorden de extradición recuperó ayer, ampliándola a Rovira, pero excluyendo de ella a Gabriel, que no está acusada del delito de rebelión, sino de desobediencia.

Los siete exiliados catalanes, sin embargo, no están ya solo en Bélgica, sino también en Escocia (Clara Ponsatí) y en Suiza (Rovira). Es decir, ayer empezó también una batalla judicial internacional en la que el Estado español se juega mucho y en la que no las tiene todas consigo, como ya se vio en la decisión del propio Llarena de retirar la euroorden original dictada por la Audiencia Nacional española.

Tres frentes reactivados (el internacional, el del Parlament con la incógnita del pleno de investidura y el de la calle, ayer movilizada) abren paso, de este modo, a lo ya hay quien bautiza como primavera catalana. Veremos si la definición es acertada.

 

Procesados por el juez Llarena

El Supremo procesó ayer a 25 personas por tres delitos diferentes. Los procesados en el exilio están señalados con una E, los que están en la cárcel, con una C.

PROCESADOS POR REBELIÓN Y MALVERSACIÓN CARLES PUIGDEMONT (E) President ORIOL JUNQUERAS (C) Vicepresidente JOAQUIM FORN (C) Conseller de Interior JORDI TURULL (C) Conseller de Presidència RAÜL ROMEVA (C) Conseller de Exteriores TONI COMÍN (E) Conseller de Sanidad DOLORS BASSA (C) Consellera de Asuntos Sociales CLARA PONSATÍ (E) Consellera de Educación JOSEP RULL (C) Conseller de Territorio

PROCESADOS POR REBELIÓN JORDI SÀNCHEZ (C) Expresidente de la ANC JORDI CUIXART (C) Presidente de Òmnium CARME FORCADELL (C) Expresidenta del Parlament MARTA ROVIRA (E) Secretaria general de ERC

PROCESADOS POR desobediencia y malversación MERITXELL BORRÀS Consellera de Governació LLUÍS PUIG (E) Conseller de Cultura CARLES MUNDÓ Conseller de Justicia SANTI VILA Exconseller de Empresa MERITXELL SERRET (E) Consellera de Agricultura

PROCESADOS POR Desobediencia LLUÍS COROMINAS Mesa del Parlament LLUÍS GUINÓ Mesa del Parlament ANNA SIMÓ Mesa del Parlament RAMONA BARRUFET Mesa del Parlament JOAN JOSEP NUET Mesa del Parlament ANNA GABRIEL (E) Exdiputada de la CUP MIREIA BOYA Exdiputada de la CUP

imputados pero finalmente No procesados ARTUR MAS Expresident de la Generalitat MARTA PASCAL Coordinadora del PDeCAT NEUS LLOVERAS Expresidenta de la AMI

 

Reactivación de la calle, pleno y acto por los principios democráticos

Al margen del sobrecalentamiento de las redes sociales, la respuesta a la ofensiva del Estado se materializó ayer en las calles y plazas de toda Catalunya, donde miles de personas reclamaron la puesta en libertad de los presos políticos. En Barcelona, la marcha más multitudinaria fue la convocada a las 20.00 por la ANC –que hoy nombrará presidenta, si no hay sorpresas, a Elisenda Paluzie–. Una hora antes, sin embargo, otra gran manifestación convocada por los Comités de Defensa de la República (CDR) bajó por la avenida Diagonal hasta la Delegación del Gobierno español, fuertemente custodiada por los Mossos d’Esquadra, que actúan bajo las órdenes, precisamente, del Ejecutivo español. Y actuaron. Manifestantes y periodistas presentes dieron cuenta de las cargas de los agentes de la Brigada Móvil, que causaron varios heridos que tuvieron que ser atendidos en ambulancias.

También se cortaron carreteras lugares como en Parets del Vallès y en la A-7 en Tarragona.

Mientras que la respuesta fue inmediata en la calle, en el Parlament se producirá hoy. El president de la Cámara, Roger Torrent, anunció anoche que mantiene el pleno previsto para hoy a las 11.30 y que después dará lectura en el Auditorio de la institución una declaración en defensa de «los principios democráticos y de los derechos civiles y políticos».

Desde el exilio, Carles Puigdemont abogó por responder con firmeza, serenidad y civismo a un Estado que quiere «encarcelar las ideas, las creencias, la palabra, el pensamiento y la política». Pidio, además, la implicación de todos los catalanes.B.Z.

 

Otegi pide acuerdos frente a la ofensiva

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, compareció de modo urgente tras los encarcelamientos para remarcar que «el régimen de 1978 está volviendo a las cloacas de las que nació, a la zona más oscura del Estado». Insistió una vez más en que no cabe engañarse: «El 155 no es un artículo de quita y pon, ha venido para quedarse». Y estas órdenes de prisión, añadió, no suponen solamente un aviso para catalanes, sino también para vascos: «Nos están diciendo que cualquier intento de materializar nuestros proyectos políticos se va a encontrar con una imputación de rebelión y sedición».

En este contexto, y tras mostrar su solidaridad con todas las víctimas de esta ofensiva, Otegi recalcó que no caben pactos presupuestarios ni de ningún tipo con quienes impulsan tal estrategia de invasión de la autonomía y aplicación de la cárcel, sino que lo que corresponde es llegar a «acuerdos entre quienes defendemos Euskal Herria y la democracia».

Uno de los destinatarios de este emplazamiento es obviamente el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, que se pronunció sobre la decisión del Supremo en las redes sociales. Considera que con los nuevos encarcelamientos «se está más lejos de evitar la frustración y la fractura social» en Catalunya. Y se quejó de que «se fía a la Justicia la solución a un problema que nunca debería haberle correspondido y se entrega a los partidos con menos representación la posibilidad de bloqueo».