La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) suspendió ayer la extradición a Estados Unidos de Jesús Santrich, exnegociador plenipotenciario de las FARC-EP en la mesa de conversaciones de La Habana, en huelga de hambre para denunciar «el montaje judicial» en su contra.

El excomandante guerrillero y actualmente senador electo fue detenido el pasado 9 de abril en su domicilio de Bogotá por orden de un Juzgado de Nueva York acusado de querer introducir en territorio estadounidense diez toneladas de cocaína.

Su detención supuso uno de los momentos más críticos del proceso de paz. El exjefe negociador de la guerrilla Iván Márquez advirtió de que no tomaría posesión de su escaño en el Congreso colombiano mientras no tuvieran garantías para el ejercicio de la política y para evitar ser tachado de narcotraficante.

Llevado inicialmente al búnker de la Fiscalía, Santrich inició una huelga de hambre para denunciar este «montaje judicial», exigir la liberación de todos los presos de las FARC aún en prisión pese a la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016 –aún quedan unos 600– y para que la amenaza de la extradición no sea utilizada como una espada de Damocles contra los dirigentes de la nueva formación política, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Posteriormente, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad La Picota, en Bogotá, y de ahí al hospital El Tunal debido a su deterioro físico. Actualmente se encuentra en una casa de la Conferencia Episcopal por «razones humanitarias».

Varias personalidades colombianas, como el presidente de la recién constituida Comisión de la Verdad, le han solicitado que suspenda la huelga de hambre.

En el comunicado emitido ayer por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –órgano judicial incluido en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición– se da a las partes diez días para que soliciten las pruebas necesarias y ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que una vez reciba formalmente la orden de extradición por parte de EEUU, esta sea notificada a la Sección de Revisión del Tribunal Especial de la Paz, que ha asumido la competencia en este caso frente a otras interpretaciones que pedían derivar las acusaciones contra Santrich a la justicia ordinaria, dado que son posteriores a la firma de los acuerdos.

Sobre la situación de detención del exdirigente guerrillero, da a la Fiscalía un plazo no superior de cinco días para que informe sobre «el trámite de extradición y la privación de libertad ligada de ella».