Cuando la burguesía revolucionaria francesa declaró los derechos del hombre y del ciudadano estaba pensando en sí misma: eran los derechos (especialmente el de propiedad) de la burguesía, los suyos. Fueron justamente los reaccionarios quienes pretendían legislar sobre las libertades políticas a fin de limitarlas y añadir «deberes». Precisamente un derecho básico en las constituciones francesas era el «el derecho de resistencia» que lixiviaron y eliminaron.

Curiosamente, no fueron los revolucionarios franceses quienes agitaron ese derecho, sino clérigos españoles siglos atrás. Todo empezó –o continuó pues la cosa viene de antiguo– como un conflicto de poderes entre la autoridad terrenal (reyes y príncipes) y la divina (la Iglesia). El divorcio entre ambas comenzó con el absolutismo. La resistencia constituyó entonces un arma del Papado contra los príncipes: la excomunión permitía a los creyentes desobedecer al rey porque su dominio pasaba a ser ilegítimo. En defensa de la autoridad papal –y su «derecho de resistencia», ya ven lo que es la Historia– acudió el jesuita talaverense Juan de Mariana.

Una vez en el poder, la burguesía temió que ese derecho (de resistencia) pudiera ser invocado por sus oponentes: había que limar las uñas. La legitimidad daba paso a la legalidad (¿les suena?), el derecho natural al derecho positivo, el «ius» a la «lex». El otrora fundamental derecho a la resistencia se transformó en un delito de resistencia, desacato y desobediencia (como ocurre hoy si te encaras con un «agente del orden»). Queda muy lejos –en las antípodas– el artículo 29 de la Declaración de Derechos donde el clarividente revolucionario Robespierre –con tan injusta mala prensa– decía que «someter a formas legales la resistencia a la opresión es el último refinamiento de la tiranía».

Hogaño la burguesía catalana independentista, soberanista, enarbola banderas y principios que recuerdan a su homóloga francesa 200 años atrás, y se resiste a la opresión de otra burguesía (reaccionaria), la española, que esgrime argumentos –artículo 155 y Marta Sánchez mediante– del Papado más atrás aún. Vivir para ver.