Ayer en la Audiencia Nacional se repitió el juicio contra Iñaki Zapirain, Beatriz Etxebarria y Saioa Sánchez, después de que el Tribunal Supremo anulara la condena dictada en su día por no haberse investigado las denuncias de tortura de los acusados. Etxebarria refirió que en esa detención (2011) fue violada en los calabozos. Pero el juez instructor no le hizo caso. Tres años antes ese mismo magistrado había hecho oídos sordos también a la denuncia de torturas de Igor Portu (ingresado en la UCI) y Mattin Sarasola, un caso por el que el Tribunal de Estrasburgo acaba de condenar al Estado español por «trato inhumano». Pues bien, ese juez se llama Fernando Grande-Marlaska y desde ayer tarde es ministro del Interior español.

El bombazo saltó minutos antes de que Pedro Sánchez compareciera ante los medios. Y después de que durante los últimos días sonara como única candidata al puesto Margarita Robles, con un perfil bien diferente, especialmente en lo que atañe a sus antecedentes de conflictiva relación con la Guardia Civil, que es uña y carne con Grande-Marlaska. Algo pasó a última hora y Robles ha acabado desplazada no ya a Justicia, un destino que sería lógico dada su condición de magistrada, sino a Defensa. Para aumentar las sospechas, desde la mañana se daba como prácticamente oficial que al frente de los ejércitos estaría Constantino Méndez, en su día número dos de la ministra fallecida Carme Chacón.

La irrupción a última hora de Grande-Marlaska resulta más sorprendente aún si se recuerda que en la actualidad era vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP y no del PSOE, si bien es cierto que el partido de Sánchez no se opuso.

También contrasta con la presencia al frente de Justicia de la fiscal Dolores Delgado. Se trata de una persona muy cercana al juez Baltasar Garzón, a quien Marlaska relevó primero en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y contribuyó luego a descabalgar definitivamente. Todo ello apunta a un ejecutivo muy poco coherente en lo referido a Euskal Herria, dado que el perfil de Marlaska colisiona por un lado con el de Robles y por otro con el de Delgado, y contradictorio igualmente sobre Catalunya entre la federalista Meritxell Batet (Administraciones Públicas) y el furibundo ariete antiindependentista Josep Borrell (Exteriores).

Siempre hacia arriba

Haría falta un monográfico para repasar en detalle las decisiones judiciales de Grande-Marlaska contra el independentismo vasco desde que llegó a la Audiencia Nacional en 2004, de la persecución a Arnaldo Otegi o Iñaki de Juana a las sentencias contra organizaciones juveniles pasando por el veto a todo tipo de actos políticos. Pero mayor relevancia europea y gravedad ética adquiere el asunto de la tortura.

Por dar un dato ilustrativo, en 2013 el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura destacó en un informe que le resultaba «sorprendente» que todas las detenciones en régimen de incomunicación producidas en cinco meses analizados en 2011 «fueron autorizadas por un juez que no aplica ninguna de las salvaguardas» contra la tortura. Se trataba, obviamente, de Fernando Grande-Marlaska.

Esa actitud contraria a la práctica que empezaba a extenderse entre los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, en un panorama ya sin lucha armada de ETA, no frenó su carrera, sino todo lo contrario. En 2012 consiguió los votos necesarios para ser nombrado presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tomando el relevo a Javier Gómez Bermúdez. Un año después se le designó además vocal del Consejo General del Poder Judicial. Y ahora, de la manera más inesperada, alcanza la condición de ministro de Interior.

Entre los expedientes principales sobre su mesa destaca la situación de los presos vascos, que siguen alejados en la otra punta del Estado español y están explorando la vía legal, y la Ley Mordaza, que se suponía que sería una de las piezas que puede mover Sánchez. La apuesta por Grande-Marlaska pone todo ello muy en entredicho.

 

La exconsejera de Lakua Isabel Celaá será portavoz además de ministra de Educación

Una vasca será la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez: Isabel Celaá. La que fuera consejera de Educación en la época de Patxi López, pese a no estar en las quinielas, asume ahora no solo el ministerio, sino también la labor de poner cara y voz a los mensajes del nuevo Gabinete español.

Nacida en Bilbo en 1949, en las tres últimas décadas Celaá ha asumido diferentes puestos en el escalafón del Gobierno de Lakua. Es euskaldunberri, vivió en Irlanda e hizo del trilingüismo la seña de identidad de su consejería entre 2009 y 2012. Antes había sido vicepresidenta primera del Parlamento.

Representará ante los medios a un gobierno que se anunciaba como paritario pero que finalmente ha acabado volteando la realidad habitual: de las dieciocho personas que se sentará en el Consejo ya este viernes, once serán mujeres.

Al gabinete se le otorga un aire muy «zapaterista» por aspectos como la paridad de género, la recuperación del Ministerio de Igualdad o la presencia ahí de Carmen Calvo (en 2004 titular de Cultura). Sin embargo, realmente hay más ministros procedentes de la ya remota etapa de Felipe González (1982-1996): Borrell y Robles llegan desde ahí, tras sendas trayectorias políticas llenas de curvas.

El mensaje más evidente lanzado por Sánchez con este gobierno paritario es que las políticas de género están en su agenda, tras un 8 de Marzo que tuvo unas movilizaciones impactantes en todo el Estado (muy destacadas por los medios internacionales) y con la lacra de la violencia machista como terrible constatación diaria.

En cuanto a la procedencia, destaca en el Gabinete la presencia de dos catalanes; con Rajoy, la única era Dolors Monserrat y en una cartera totalmente ajena al «procés» como Sanidad. Tanto Borrell en Exteriores como sobre todo Batet en Administraciones Públicas tendrán mucho que decir en la interlocución que Moncloa necesariamente tendrá que abrir con la Generalitat. En principio sus perfiles son muy distintos. Quizás Sánchez pretenda combinar una mano tendida interna con Batet con el puño cerrado exterior que sin duda será Borrell.

En un momento político de sustos incesantes para la Unión Europea, del Brexit a la reciente crisis italiana, el nuevo Ejecutivo de Sánchez manda también un mensaje de tranquilidad a Bruselas. Y ello viene especialmente de la mano de Nadia Calviño, que ahora titulará Economía y en los cuatro últimos ha sido su directora general de Presupuestos. No hay duda por tanto de que garantiza el cumplimiento de los objetivos de déficit, algo que Bruselas podía temer con la marcha del disciplinado Mariano Rajoy o el apoyo de Podemos al nuevo Ejecutivo. Las bolsas pueden seguir tranquilas.

También habrá sido bien recibida por las instituciones europeas la responsabilidad ministerial otorgada a Josep Borrell, que fue presidente del Parlamento Europeo desde 2004 a 2007 tras un acuerdo entre el Grupo Socialista y el Popular.

Alonso asegura que no vetarán inversiones pero anuncia cambios que no gustarán al PNV

El presidente del PP de la CAV, Alfonso Alonso, aseguró ayer que su formación no va a enmendar en el Senado las inversiones fijadas para esta comunidad en los Presupuestos Generales del Estado por lo que entienden una traición del PNV –«no somos tan simples», dijo– pero con media sonrisa en la boca dejó caer que «mejorarán» las Cuentas en aspectos que pueden no gustar a los jeltzales.

El PP vasco afronta un momento complicado. Alfonso Alonso asegura estar «profundamente decepcionado» con el PNV, porque considera que al aprobar un día los PGE y apoyar a la semana siguiente la moción de censura contra Mariano Rajoy, los jeltzales han mostrado «no tener palabra». Pero, al mismo tiempo, su reacción tiene que ser contenida, para que no se les vuelva en contra como un bumerán.

Por un lado, voces autorizadas del PP habían anunciado que en el Senado se revertirían todas las concesiones hechas al PNV en la negociación presupuestaria. Alfonso Alonso oficializó ayer que las inversiones en la CAV no se van a tocar. Unas, como el TAV o las relativas a Foronda, porque son partidas impulsadas por el propio PP. Otras –como la partida para la renovación de la barandilla de la Concha–, porque según el presidente regional del PP no son tan simples como para caer en esas maniobras.

Pero Alfonso Alonso sí dejó claro que el PP hará cambios en el Senado para «mejorar» los PGE y avanzó que algunos pueden no gustar al PNV. Por muchas preguntas que se le hicieron, no quiso ofrecer pistas e invitó a los periodistas a jugar a las adivinanzas. Hay puntos en ley sobre la posibilidad de contratar personal público, que pueden ser carne de venganza.

La relación del PP con el PNV tiene otra vertiente, la del voto que al Gobierno de Lakua le falta para tener mayoría en el Parlamento de Gasteiz. Alfonso Alonso no quiso anticipar acontecimientos. Cuando le preguntaron por los presupuestos de la CAV recordó que todavía no se habían presentado y acusó al lehendakari, Iñigo Urkullu, de «parecer una momia» por todas las vendas que se ha puesto antes de tener ninguna herida.

El PP dio la impresión ayer de que seguirá garantizando la «moderación» de la política vasca, incluidos sus presupuestos, pero ahora venderá más caro sus apoyos.

Como avance, el PP rompió ayer su pacto económico en Getxo por la «actitud desleal» del PNV.I. IRIONDO