El pasado día 5 fueron puestos en libertad las ocho personas detenidas en Algeciras en relación con una trifulca acaecida días antes en las inmediaciones de un restaurante entre asistentes, al parecer, a la celebración de una comunión y varios agentes de la Guardia Civil, que fueron agredidos con piedras, macetas y bates de beisbol. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad gaditana decretó la libertad sin fianza de cinco de los ocho detenidos e impuso una fianza de 2.000 euros a los tres restantes, por estimar que se trata de un simple caso de desórdenes públicos. Ninguna instancia ha cuestionado la jurisdicción del tribunal local para investigar ni juzgar los hechos.

El mismo día 5 fueron detenidos primero, en medio de un inusitado despliegue de fuerzas de la Guardia Civil, y encarcelados después los cuatro jóvenes de Altsasu sentenciados a penas que oscilan entre 9 y 13 años de prisión por la Audiencia Nacional, salvo en un caso, que fue de dos años. Los incidentes enjuiciados habían tenido lugar en un bar de la misma localidad en la madrugada del 15 de octubre del 2016. En él resultaron heridos de diversa consideración, pero en ningún caso graves, un teniente y un sargento de la Guardia Civil y sus respectivas parejas. Aunque el caso fue inicialmente instruido por un juzgado de Iruña, posteriormente fue traspasado a la Audiencia Nacional, al decidirlo así el Tribunal Supremo, por estimar que se trataba de un caso de terrorismo. Instruyó el caso la misma jueza que puso entre rejas a los miembros del Govern catalán, condecorada por la Guardia Civil, y ha presidido el tribunal juzgador la esposa de un coronel del mismo cuerpo.

Todo ello siete años después de que ETA decidiera dejar la violencia y en el mismo año en que resolviera su definitiva desaparición. Casos similares; mismo Estado, Reino de España; dos territorios diferentes, Andalucía y Navarra; resultado bien desigual.

Al hilo del caso Egunkaria, que se remonta al año 2003, algún jurista dijo que a la población vasca peninsular en situaciones de conflicto político con el Estado se le aplicaba el Código Penal del enemigo o, en palabras del magistrado Joaquín Jiménez, «el no Derecho». Por alguna razón ha venido a nuestra memoria esta circunstancia a la vista del presente proceso.

Por otra parte, si la única razón para trasladar el caso del juzgado de Iruña a la Audiencia Nacional fue la imputación de «terrorismo» a los encausados y ahora esta ha estimado que no hay tal delito, ¿significa esto que la maniobra respondía en realidad a una celada tendida por la acusación con la intención de jugar en campo propio?

En un artículo periodístico de reciente publicación, avalado entre otras personas por reputados juristas del país, se hablaba de «demencial desproporción» de las penas. Según ellos esta «es tal que no existe en la jurisprudencia española o comparada un caso o precedente semejante con condenas desde 9 a 13 años de prisión por una pelea de bar, independientemente de la condición policial de algunos de los agredidos». «El delito de riñas en tasca no desaparece automáticamente convirtiéndose en otro más grave por el mayor o menor desprecio que tenga uno de los contendientes respecto al otro, o la categoría y profesión del agredido», indica el artículo. En el mismo sentido han insistido reiteradamente pronunciamientos institucionales del Gobierno Foral de Navarra y del Parlamento.

Han sido innumerables las voces cualificadas, algunas incluso cercanas a los propios medios gubernamentales, que desde hace dos años hasta nuestros días vienen hablando de esa desproporción, así como de la anacronía del caso en general y ahora de la sentencia en particular.

Claro que todo esto tiene lugar en un contexto determinado. El pasado 13 de abril se dio a conocer públicamente un manifiesto titulado “Demokrazia Bai”, que nosotros, los dos firmante de este artículo, avalamos con nuestra presencia en el acto. Se hablaba en aquel manifiesto de «urgencia democrática»; de que «observamos una ofensiva sin precedentes de una justicia politizada por las corrientes ideológicas más autoritarias y conservadoras». Se afirmaba finalmente que «nos amenaza un grave riesgo de regresión e involución del Estado».

El contenido del manifiesto del 13 de abril mantiene hoy su vigencia, en particular si nos referimos a la «justicia politizada», a pesar de la alternancia operada en el Gobierno del Estado. La composición del propio Gobierno alternativo, aún recién estrenado y por lo tanto a la espera de su acción de futuro, da muestras de influencia involutiva en su comienzo.

En el otro lado de la grieta, porque la grieta es cada vez mayor entre la involución y nuestra sociedad, la sociedad vasconavarra, estamos la gran mayoría, ciudadanas y ciudadanos e instituciones. Parlamento de Navarra, Gobierno Foral y Ayuntamiento de la capital, entre otras, se han sumado a la convocatoria solidaria con los encausados de Altsasu prevista para este sábado 16 de junio. Desde nuestra condición de exlehendakaris, queremos adherirnos también a ese llamamiento.

Nos preguntamos qué tiene de democrática la justicia que se manifiesta sistemáticamente en el sentido indicado. Dado el caso, nos preguntamos también qué tiene de delictivo reivindicar la sustitución de unas fuerzas de seguridad por las autonómicas o forales, de la misma manera que se sustituyen e incorporan funcionarios propios a otras áreas del autogobierno. Ha sido una sustitución civilizada y legítimamente ejercitada por nuestros gobiernos. El hecho de que las primeras puedan evocar antecedentes y carga política más sensible, y se traduzcan en expresiones más rotundas, no debería ocultar la legitimidad de la reivindicación.

Pero no vamos a adentrarnos al final en el terreno de la disquisición política. Queremos acabar centrando la atención en los jóvenes altsasuarras afectados, sus familias y allegados. A todas y todos ellos, queremos hacerles llegar nuestra solidaridad, nuestro calor y nuestra cercanía.

(demokraziabai@demokraziabai.eus).