Una jueza ordenó ayer prisión preventiva para Paul Manafort, el exjefe de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tendrá que esperar en la cárcel a ser juzgado por dos casos relacionados con la investigación de la trama rusa. Manafort está acusado de obstrucción a la Justicia por contactar con testigos de su causa, enmarcada en las pesquisas sobre la supuesta implicación de Rusia en la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos.

El exjefe de campaña de Trump se declaró no culpable de los dos últimos cargos de los que ha sido acusado: conspiración para obstruir a la Justicia y de entorpecerla.

La semana pasada el fiscal especial de la causa, Robert Mueller, añadió a Manafort estos cargos, que se suman a los que ya acumulaba.

Mueller también atribuyó estos delitos a Konstantin Kilimnik, el hombre de confianza de Manafort en Ucrania y vinculado directamente con el Kremlin, que se vio afectado por primera vez en la instrucción del caso.

Ambos trataron supuestamente de persuadir «de manera corrupta» a dos testigos entre febrero y abril para influir en los testimonios oficiales en relación al caso ante el tribunal federal del Circuito del Distrito de Columbia.

Manafort encara en los próximos meses dos juicios ante dos cortes en las que se ha declarado no culpable: uno fijado para el 24 de julio en Virginia y otro que comenzará el 17 de setiembre en Washington, apenas dos meses antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Mueller investiga desde mayo de 2017, de manera independiente al Gobierno, supuestos lazos entre miembros de la campaña de Trump y el Kremlin para interferir en las elecciones de 2016.

El exjefe de campaña, según Mueller, trabajó entre 2006 y 2017 para gobiernos extranjeros, incluido el Ejecutivo del expresidente ucraniano Viktor Yanukovich (2010-2014) y otros oligarcas rusos, a los que ayudó a mejorar su imagen en Washington sin comunicárselo al Gobierno de EEUU, lo que constituye un delito.

El proceso contra él es producto de la trama rusa, pero no está relacionado directamente con las actividades que desempeñó entre junio y agosto de 2016 como jefe de la campaña del presidente, cargo del que dimitió tras descubrirse que había ocultado el cobro de 12,7 millones de dólares por asesorar a Yanukovich.