Ser candidato en México «prácticamente es una sentencia de muerte», dice casi susurrando Mario Alberto Chávez, aspirante por Nueva Alianza a la Alcaldía de Zumpango, en el violento estado de Guerrero. Superviviente de un atentado, hace «campaña con miedo» y de casa en casa en lugar de con mítines porque no tiene escolta pese a haberlo solicitado. «Iba a renunciar, pero vale la pena seguir para sacar a mi comunidad de la pobreza y la inseguridad», explica Chávez.

La violencia electoral se ha sumado al miedo de los mexicanos, que cerraron 2017 con la cifra récord de 25.339 homicidios. Más de 200.000 personas han muerto y otras 30.000 están desaparecidas desde que en 2006 el Gobierno militarizó el combate al narcotráfico.

Desde que en setiembre se inició el proceso que concluirá el 1 de julio con la elección del presidente y otros 18.000 cargos, al menos 115 políticos y candidatos han sido ejecutados, según la consultora Etellekt.

En Guerrero, 496 candidatos han renunciado y solo 56 han sido sustituidos.

«México es un país que vive una crisis de seguridad desde hace 10 años y hoy estamos realizando la elección más grande de nuestra historia», señala el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova. «¿El contexto de violencia en el país irrumpe en la política? La respuesta es sí y es grave»», atajó Córdova, que apunta directamente a las fuerzas de seguridad como responsables de la sangre de políticos que corre al menos una vez por semana.

Los motivos parecen claros en algunos casos, como el de Fernando Purón, exalcalde de Coahuila, en la frontera con EEUU, y aspirante a una diputación federal, que fue acribillado al salir de un debate en el que recordó su combate contra Los Zetas.

Campañas con miedo

La semana pasada el Gobierno federal recibió 49 solicitudes de escoltas. Solo 12 han sido aprobadas, cinco fueron rechazadas y 32 siguen pendientes.

Varios candidatos reconocen hacer campaña con miedo, y algunos han adoptado sus propias medidas de seguridad.

Es el caso de Nestora Salgado, aspirante al Senado de Guerrero por Morena. «Hacemos responsable al Gobierno de lo que nos pase», sentencia. «Si no nos dan seguridad es porque no les conviene (al Gobierno) que yo llegue al Senado porque llevo la voz del pueblo», comenta Salgado, que ha sido amenazada.

Excomandante de una unidad de policía comunitaria para combatir a los cárteles de la droga en Olinalá, Salgado moviliza como guardaespaldas a decenas de excompañeros armados con viejas escopetas y armas de bajo calibre.

Para Rubén Salazar, director de Etellekt, la violencia de la campaña está vinculada a la fragmentación de los cárteles a raíz de la militarización de la lucha antidroga. «Los nuevos emergentes se están refugiando en muchas de estas localidades (donde ocurren los crímenes), donde buscan el apoyo de candidatos y se deshacen de aquellos con los que no logran un acuerdo», afirma.

Y también señala que las promesas de los candidatos de encarcelar a sus predecesores por corrupción pueden estar generando «ataques de venganza».