El Gobierno italiano ha adoptado esta semana una serie de medidas con el objetivo de favorecer el empleo en el país que harán más costosos los despidos o sancionarán a las empresas subvencionadas que decidan deslocalizarse.

La tasa de paro se situaba en el 10,7% en mayo, muy por encima de la media de la eurozona, que en ese mes era del 8,4%.

En su reunión de la tarde del lunes, el Consejo de Ministros aprobó «un decreto ley que introduce medidas urgentes para la dignidad de los trabajadores y de las empresas», según se indicaba en el comunicado oficial.

Estas iniciativas tienen como finalidad especial «limitar la utilización de los contratos de duración determinada (CDD)», es decir, los contratos temporales. Concretamente, no será posible sobrepasar los dos años en CDD –anteriormente el límite era de tres años–, ni siquiera apelando a circunstancias excepcionales. Además, se aplicará a estos contratos una recarga de cotizaciones creciente del 0,5% a partir de la primera renovación, hasta una cuarta como máximo –contra las cinco que había hasta ahora–.

Las indemnizaciones por despido «improcedente» también se incrementarán en un 50% y podrán alcanzar hasta los 36 meses de salario.

El decreto ley también persigue «luchar contra las deslocalizaciones de empresas que hayan recibido ayudas del Estado». Como precisó AFP, una compañía que se halle en esa situación se verá obligada a reembolsar de dos a cuatro veces el montante de la ayuda si se deslocaliza en un plazo de cinco años tras la obtención de la misma

Tramitación parlamentaria

Estas medidas, más algunas otras como la prohibición de la publicidad de los juegos de azar o la simplificación de las reglas fiscales, eran reclamadas con énfasis por el Movimiento 5 Estrellas (M5S), haciendo de ellas su caballo de batalla durante la campaña electoral.

Por su parte, las organizaciones empresariales se han posicionado en contra de estas medidas, «una buena manera de desalentar las contrataciones», según comentó Marco Bonometti, presidente de Confindustria, la asociación patronal de Lombardía, la región más rica y desarrollada de Italia. «Es mejor un contrato temporal que no tener ningún contrato», dijo en una entrevista con el diario “La Stampa”.

Este decreto ley debe ser aprobado, en un plazo de 60 a 90 días, por el Parlamento, donde podría sufrir modificaciones. El líder del M5S, viceprimer ministro y ministro de Trabajo y Políticas Sociales, Luigi Di Maio, afirma que cuenta con el respaldo de la Liga, su socio en el Gobierno, para que el texto no sea modificado sustancialmente en el trámite parlamentario.