El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó ayer un auto con el que concluye la instrucción de la causa abierta contra el proceso soberanista catalán y suspende de cargo público al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y otros cinco encausados que mantienen su acta como diputados en el Parlament, tras confirmarse su procesamiento por un «delito de rebelión». La suspensión no se aplica al exconseller Antoni Comín, exiliado en Bélgica, al aceptar el magistrado su intención de recurrir el procesamiento. De esta forma, además de a Puigdemont, la suspensión afecta también al exvicepresident Oriol Junqueras; al exlíder de la ANC Jordi Sànchez y a los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, que se encuentran en prisión provisional.

En su auto, el magistrado considera que se cumplen todos los requisitos que contempla el artículo 384 bis de la LECrim, pues la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya ha hecho firme los procesamientos y está «decretada la prisión provisional» contra cada uno de ellos, y señala que incluso contra Puigdemont hay cursada una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE).

Según sostiene Llarena, una vez que se hace firme el auto de procesamiento la suspensión es automática, ya que se trata de una medida cautelar de «naturaleza pública y extraordinaria» que persigue preservar el orden constitucional para impedir que personas que «ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad cuando concurren además en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privación de libertad».

Voluntad de alterar mayorías

No son de la misma opinión los afectados ni sus defensas. El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, criticó la suspensión explicando que esta medida «solo es aplicable en supuestos de terrorismo». El letrado destacó además que la suspensión de cargos electos exige «no solo orden de prisión, sino también situación de prisión».

Desde el Govern, la consellera de Presidencia y portavoz, Elsa Artadi, valoró que hay un interés en «seguir alterando las mayorías parlamentarias que surgieron de las urnas el 21D». «Es un tema que compete al Parlament; veremos qué pasa y cómo puede reaccionar el Govern», declaró en rueda de prensa.

Precisamente, Llarena señala en su auto que es la Mesa del Parlament la que debe adoptar las medidas precisas para que esta suspensión se haga efectiva y deja la posibilidad de que los procesados suspendidos puedan ser sustituidos temporalmente por otros integrantes de sus candidaturas. Añade el magistrado español que esta medida es provisional y que si su situación procesal cambia, ya sea porque se atribuya a los encausados otras infracciones penales distintas a la rebelión o se modifique su situación de prisión provisional, podrían recuperar su condición de cargos públicos.

Pero, de momento, la inhabilitación de estos diputados hace peligrar la mayoría independentista en el Parlament y, de acatar el auto, deberían llamar a esos diputados a renunciar a sus actas y hacer correr las listas para que entraran nuevos parlamentarios que permitieran conservar esa mayoría soberanista.

Defender sus derechos

Sin embargo, tanto ERC como PDeCAT coincidieron en defender la legitimidad democrática de los diputados. En declaraciones en los pasillos del Congreso, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, criticó que Llarena haya utilizado el artículo 384.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «hijo directo de la legislación antiterrorista». «No tiene sentido que se use legislación pensada para la lucha antiterrorista para hacer frente a las demandas de la sociedad catalana», declaró, recordando que su partido ha registrado una iniciativa para suprimir ese artículo.

Por su parte, la portavoz de ERC en el Parlament, Anna Caula, coincidió con Artadi en que la decisión de Llarena supone «modificar la voluntad democrática expresada en las urnas» y recordó que esos diputados fueron escogidos en unas elecciones democráticas y que los ciudadanos les dieron su confianza pese a tener, por ejemplo, al líder de su partido, Oriol Junqueras, y a otros dirigentes en la cárcel. Por eso, en una primera valoración, apeló a «defender sus derechos» como diputados.

Del mismo modo, la portavoz adjunta de JxCat, Gemma Geis, rechazó el auto y la orden de suspensión, y exigió llevar esa decisión al pleno del Parlament para decidir el futuro de los diputados. En parecidos términos se posicionó la diputada de la CUP Maria Sirvent, quien reclamó que sea el pleno de la Cámara el que decida en votación si suspende o no a esos diputados. Sirvent avanzó que la coalición independentista de izquierdas es partidaria de que sus derechos queden intactos. «Los derechos de los diputados que han sido represaliados injustamente tienen que quedar intactos independientemente de la resolución de cualquier tribunal. La competencia para decidir es del Parlament», zanjó.

Los exiliados, «en rebeldía»

Además de suspender de cargo público a media docena de encausados, el juez Llarena declara «en rebeldía» a los procesados que se encuentran exiliados, incluido Puigdemont, que se halla en Alemania. Todos serán investigados en otra pieza separada. Así, en la misma situación que el expresident se encuentran Antoni Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel. La causa contra estas siete personas queda suspendida y entran en otra pieza separada mientras no estén a disposición del juez.

Por tanto, el fin de la instrucción afecta a 18 de los 25 procesados, como el exvicepresident Oriol Junqueras; los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, y los dirigentes soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, todos ellos procesados por delito de rebelión y la mayor parte de ellos por malversación. Por desobediencia, están procesados los que eran miembros de la Mesa del Parlament –Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet–, además de Mireia Boya y exconsellers como Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santi Vila, también acusados de malversación. A todos ellos les ha dado un plazo de quince días para comparecer ante el tribunal.

 

Los exconsellers Turull, Forn y Rull llegarán hoy a Catalunya

Los exconsellers Jordi Turull (Presidencia), Joaquim Forn (Interior) y Josep Rull (Territorio) llegaron ayer a la prisión de Zuera tras casi cinco horas de viaje desde la cárcel madrileña de Valdemoro. Los tres políticos catalanes dormirán en la prisión aragonesa y partirán hoy a la de Lledoners, donde ya pasarán a la custodia de los Mossos d’Esquadra. Turull, Forn y Rull eran los tres últimos presos en la causa contra el proceso independentista que permanecían en cárceles de Madrid y que llegarán a Catalunya por decisión de Instituciones Penitenciarias, tras consultar al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Por otra parte, los abogados de Turull, Rull, Forn y del diputado de JxCat y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, negaron ayer «categóricamente» cualquier negociación con la Fiscalía para pactar una condena. En una nota remitida a los medios de comunicación, el abogado Jordi Pina, que defiende a Rull, Turull y Sànchez, rechazó haber mantenido contactos con el Ministerio Público «para alcanzar acuerdo alguno» que implique una rebaja de la condena a cambio de reconocer los hechos. En el mismo sentido se expresó, en declaraciones a la agencia Efe, Xavier Melero, quien defiende a Forn.GARA

 

Lesmes pide al Gobierno español que defienda al juez en Bélgica

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, pidió ayer al Gobierno español que realice «las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado» y del juez Pablo Llarena, ante la demanda civil presentada en Bélgica por el expresident Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros. En este sentido, solicita al Ejecutivo que requiera a Bélgica que comparezca ante sus propios tribunales en defensa de «la inmunidad de jurisdicción de España y del juez del Tribunal Supremo demandado».

Lesmes ha enviado una carta a los ministros de Exteriores y de Justicia, Josep Borrell –que ya ha dado instrucciones a la embajadora en Bélgica– y Dolores Delgado, donde sostiene que la citación de un juez belga a Llarena el 4 de setiembre «se enmarca en una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado». A su juicio, «lo que se pone en cuestión son las instituciones del Estado español y la propia corrección del Estado», y asume que las decisiones que puedan adoptar los tribunales belgas en este asunto son una «incógnita».GARA