La Diputación Foral de Gipuzkoa ha abierto el periodo de exposición pública de una nueva norma foral que regulará el peaje de los camiones que circulan por la N-1 y la A-15. El TSJPV anuló la actual regulación por discriminatoria el pasado mes de abril. A pesar del revés judicial, la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, anunció inmediatamente un recurso ante el Supremo y sobre esa base continuó el cobro del peaje.

En ese contexto resulta llamativo que el Gobierno de Gipuzkoa haya presentado una nueva norma cuando ni siquiera el Supremo ha tratado el recurso. Tal vez, el anterior fallo estaba más justificado de lo que quisieron reconocer los responsables de forales. En ese caso, más curioso resulta todavía que se sigan cobrando unos peajes que, razonando lógicamente, es posible que haya que devolver porque son fruto de una regulación discriminatoria. Todo ello denota mucha prepotencia y poca consideración hacia los transportistas que tienen que abonar ese canon. Pero aún más significativo que el empeño en seguir cobrando, es preparar un recambio de la norma para no dejar de ingresar ni un solo día. Además de un desmedido afán recaudatorio viene a demostrar que la situación de Bidegi es realmente delicada, lastrada por la inmensa deuda que acumularon ellos mismos en los tiempos de la burbuja. Y lo hacen en plenas vacaciones estivales. Probablemente para escapar del incómodo debate público de un norma, conviene no olvidarlo, considerada necesaria por PNV y PSE, pero rechazada cuando estaban en la oposición, con el único objeto de desgastar al Gobierno liderado por Bildu, como los acontecimientos posteriores han acreditado.

Ni el bien común ni el interés general, los intereses partidistas guian a PNV y PSE por encima del bienestar general. La estrategia de destrucción del adversario político se está volviendo contra sus promotores. Y la sensación de que el Gobierno de Markel Olano está paralizado en la maraña que él mismo ha creado es cada vez más real.