El próximo 20 de noviembre se cumplirán 43 años desde que el dictador Francisco Franco murió en una cama. Poco después, el 29 de diciembre, se celebrarán 40 años desde que entró en vigor la Constitución actual. Cuatro décadas con gobiernos salidos de las urnas incapaces de sacar a Franco del Valle de los Caídos. «Es urgente porque vamos tarde, un dictador no puede tener una tumba de Estado en una democracia, es incompatible», explicó ayer la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo. Ya lo decía la pancarta en las plazas del 15M: «Que larga se está haciendo la Transición».

Tal y como estaba previsto, el Gobierno español aprobó ayer, en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones, el Decreto Ley con el que quiere sacar de una vez por todas a Franco del Valle de los Caídos. El decreto tiene una caducidad de un año, aunque el Gobierno Sánchez espera poder sacar el cuerpo del dictador antes de final de año. De hecho, en la rueda de prensa ofrecida ayer, Calvo reiteró una y otra fez como fecha simbólica la conmemoración de la Constitución española, que cabe suponer se celebrará con grandes fastos a lo largo del próximo mes de diciembre.

De momento, los nietos de Franco tienen un plazo de 15 días para decidir si van a colaborar y se van a hacer cargo de los restos del dictador una vez sea exhumado o si van a mantener su frontal oposición. Sea cual sea su decisión, Calvo insistió ayer en que la exhumación quedará blindada y que seguirán adelante: si no lo hace su familia, será el Gobierno español quien decida donde van a parar los huesos del dictador.

Uno de sus nietos, Francisco Franco Martínez Bordiu, que explicó que no quisieron acudir a la reunión a la que les emplazó el Gobierno español, calificó ayer el decreto de «oportunista, cobarde y revanchista». Sin embargo, añadió que sí que se harán cargo del cuerpo de “Paca la culona”, nombre que el también golpista Gonzalo Queipo de Llano daba a su abuelo.

Quien no se moverá del Valle de los Caídos, sin embargo, es José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange y compañero de cripta de Franco. Calvo apuntó que él también fue «víctima» de la Guerra Civil, aunque fue juzgado y condenado por conspiración y rebelión militar por los tribunales republicanos en octubre de 1936. Calvo sí que apuntó a que, más adelante, Primo de Rivera podría ser trasladado a otro sitio dentro del mismo monumento, en pie de igualdad con todos los demás muertos, republicanos y golpistas, sepultados en el lugar.

Según la vicepresidenta, lo harían siguiendo las recomendaciones de la ONU, uno de los argumentos de autoridad empleado constantemente, junto a la resolución a favor de la exhumación aprobada por el Congreso en mayo de 2017 con los votos a favor de Ciudadanos y la abstención del PP.

Calvo no quiso ayer entrar en cuál debe ser el futuro del Valle de los Caídos, dejándolo para un futuro debate parlamentario más reposado, pero su respuesta sobre Primo de Rivera y otros apuntes dieron a entender que las preferencias en el PSOE tienden hacia el mantenimiento y la resignificación del espacio.

Cambio en la Ley

Legalmente, lo que el Real Decreto Ley aprobado ayer viene a demostrar es que la exhumación era cuestión de voluntad política. Porque el cambio que introduce en la ley es mínimo. Se limita a introducir un párrafo en el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica de 2017 en el que se lee lo siguiente: «En el Valle de los Caídos solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda».

Para darle cumplimiento, se incorpora una disposición adicional que articula el procedimiento de exhumación, que se dará «con las máximas garantías de dignidad y respeto, tanto a los restos mortales como a los familiares».

Antes de culminar el proceso administrativo, sin embargo, el decreto tendrá que obtener el aval del Congreso, algo para lo que se abre un plazo de un mes. En principio, la anunciada abstención de Ciudadanos garantiza un trámite tranquilo en el que basta con tener más votos a favor que en contra (mayoría simple). Sin embargo, el paso por el edificio de la carrera de San Jerónimo, en el que todavía cuelgan los retratos de las Cortes franquistas, obligará a todos a posicionarse, algo que incomoda manifiestamente al PP.

De momento, el partido liderado por Pablo Casado se aferra a la crítica de las formas empleadas por el Gobierno Sánchez, y en los últimos días ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el procedimiento de urgencia empleado por Moncloa. Sobre el fondo del asunto, sin embargo, apenas se han pronunciado. Ayer se acercó algo el portavoz adjunto en el Congreso, Guillermo Mariscal, que cuatro décadas después de la muerte de Franco, aseguró que el PSOE «pone en riesgo» la Transición al «elevar el tono» en materia de memoria histórica.

«La debilidad parlamentaria de Sánchez se traslada a quebrar la convivencia en nuestro país», añadió Mariscal, que concluyó: «Vulnerar la Constitución con decretos leyes que no son urgentes ni de extraordinaria necesidad no les puede salir gratis ni a Sánchez ni a sus socios populistas y nacionalistas, por lo que los recurriremos».

Al recurso, a priori, no se le presume un gran recorrido, ya que para cuando el TC se pronuncie, el cadáver de Franco debería estar ya fuera de su actual emplazamiento. Pero ya veremos. Sacar a Franco de los Caídos no quiere decir sacar al franquismo de las instituciones, como bien lo ha demostrado el juez que quiere devolver los huesos de Sanjurjo a Iruñea. En cualquier caso, y a la espera de ver cómo justifica Ciudadanos su paso del voto favorable a la exhumación –en mayo de 2017– a la abstención actual, cabe pensar que la oposición más explícita correrá a cuenta de ultras que ya van organizándose. Ayer hubo colas para acceder al mamotreto de los Caídos.

A la izquierda del PSOE, y en las naciones sin Estado, pocas dudas sobre el apoyo a la exhumación. Al menos como norma general, ya que está por ver qué acaba haciendo ERC, que exigió a Sánchez que anule también los juicios sumarísimos del franquismo, en especial el que condenó a muerte al president de la Generalitat Lluís Companys. Pero al margen de negociaciones de última hora, se da por hecho el aval a una iniciativa por la que la izquierda ha suspirado durante cuatro décadas. Eso sí, hasta no ver la losa de 1.500 kilos que cubre la tumba moverse, mejor no descorchar el champán.

 

Esteban pide demoler el Valle de los Caídos, mientras Urtaran defiende la cruz de Olarizu

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, fue ayer contundente en una entrevista concedida a Europa Press. «Fue un edificio construido con trabajo forzado de prisioneros. Yo lo que haría es demolerlo, pero en un Arlington no se puede convertir nunca», consideró el jeltzale, haciendo referencia al cementerio estadounidense en el que yacen veteranos de todas las guerras norteamericanas. Además, sobre las resistencias del PP y de Ciudadanos, Esteban dijo que ambos partidos «compiten por captar los votos de quienes se sienten los herederos de la dictadura».

Sin embargo, su correligionario al frente del Ayuntamiento de Gasteiz, Gorka Urtaran, se manifestó ayer en contra de retirar la cruz ubicada en Olarizu, contradiciendo la decisión del concejo de Mendiola, que aprobó retirar el monumento en consonancia con la decisión de los vecinos en una votación del pasado 15 de abril. Urtaran dijo que el origen de la cruz, en 1952, fue «una cuestación popular con dinero de los vitorianos», de la cual luego el franquismo se apropió. «Si depende del Ayuntamiento, la cruz se mantendrá», añadió.

Por otro lado, el Gobierno navarro anunció ayer que el próximo 15 de setiembre celebrará un acto de reconocimiento y reparación a las víctimas del golpe de 1936. El lugar elegido para el homenaje será el Parque de la Memoria de Sartaguda.GARA