La nueva «ley de abusos» intentará apaciguar a los sindicatos policiales
La reforma de la ley de víctimas de la violencia estatal para constitucionalizarla también tratará de apaciguar a los sindicatos policiales introduciendo una coletilla que explique que la búsqueda de la verdad se hará sin perjuicio del honor de los miembros de las FSE implicados. El lehendakari podría explicarlo hoy en el Pleno de Política General.
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El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, anunció a finales de julio el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que Madrid retirara el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia del Estado a cambio de la introducción de reformas en su texto. El 3 de agosto el Consejo de Ministros dio el primer paso para esta retirada que irá en paralelo con la reforma de la ley que se haga en el Parlamento de Gasteiz en las próximas semanas.
Iñigo Urkullu podría hacer mención a esa reforma en el Pleno de Política General que se celebra hoy. Según fuentes de Lehendakaritza, no se espera una referencia explícita en el discurso de la mañana, pero es probable que afronte la cuestión en el debate de la tarde.
Según ha sabido GARA, los cambios que se prevén introducir en la ley pretenden por un lado salvaguardar las acusaciones de inconstitucionalidad que se dan en algunas de las funciones de la Comisión de Verificación, que según el recurso interpuesto en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy invade competencias que son exclusivas de los tribunales.
Pero, además, los cambios previstos pretenden apaciguar también a los sindicatos policiales, incluidos algunos de la Ertzaintza, que ven el contenido de la ley como una agresión.
Sin perjuicio del honor
Aunque el texto de la reforma legal no ha sido remitido todavía al Parlamento ni a los grupos, este diario puede avanzar que una de las reformas previstas es la inclusión en el texto de una coletilla que explicitará que la búsqueda de la verdad en los casos expuestos para el reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia estatal se hará sin perjuicio del honor de las personas que puedan estar vinculadas a esos actos.
A la espera de la redacción final, vendría a decir que hubo un caso de violencia estatal o abuso policial (muerte, heridas o torturas) cuya víctima merecería reconocimiento y reparación, pero sin incidir en la responsabilidad del causante de esa muerte, heridas o torturas.
Recurso sindical al TSJPV
A finales del pasado mes de julio el Tribunal Superior de Justicia del País vasco admitió a trámite un recurso contra esta ley presentado por el Sindicato Unificado de Policía, al que se prevé que se sumen otras organizaciones policiales y de la Guardia Civil, e incluso colectivos de víctimas de ETA.
La admisión a trámite del recurso no presume que el TSJPV vaya a darle la razón –de hecho el Gobierno de Lakua no lo cree probable–, pero los sindicatos policiales han logrado aunar bastantes apoyos en contra de esta ley, en sintonía con lo que sostienen PP y Ciudadanos.
Esclarecimiento
La reforma de la ley también pretende expresar con claridad que su objetivo no es el de sustituir al Poder Judicial en el esclarecimiento de los casos, por lo que habrá que abordar una nueva redacción de los artículos que de forma provisional tiene suspendidos el Tribunal Constitucional.
La intromisión en las competencias de los tribunales ya fue una de las razones para que la ley foral de Nafarroa en esta misma materia fuera declarada inconstitucional por el TC. Aunque en su día el portavoz del Ejecutivo de Lakua, Josu Erkoreka, incidió en la diferencia entre esa ley y la de la CAV, al final el Gobierno autonómico aceptó introducir los cambios que se ven a conocer próximamente.
Cabe destacar que la ley 12/2016 fue redactada en la legislatura pasada con la amenaza del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Mariano Rajoy, y para esquivarlo el PNV optó por negociar con el PSE un texto que consideró que ofrecía «seguridad jurídica». Finalmente la ley fue recurrida y el PSOE, del que forma parte el PSE, ha exigido nuevos cambios para retirar ese recurso interpuesto por el PP.
Aprobación garantizada
Hay dos vías para que el pacto alcanzado por los gobiernos de Madrid y Lakua llegue al Parlamento. Uno es que la reforma de la ley sea presentada directamente por el Ejecutivo autonómico a través de un proyecto de ley. La otra es que los partidos impulsores de los cambios, PNV y PSE, registren una proposición de ley.
Dado que todas las partes están interesadas en que los cambios se hagan lo antes posible, parece más eficaz que finalmente se opte por una proposición de ley que se tramite con urgencia. La presentación de un proyecto de ley por parte del Gobierno, aunque fuera por lectura única, resulta más complicada, puesto que requiere de informes y conformidades de diversos organismos.
El apoyo de PNV y PSE garantiza la aprobación de la reforma de la ley de reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia estatal, puesto que en su día EH Bildu se abstuvo en la votación –en consonancia con la valoración que hicieron las propias víctimas– y probablemente se mantendrá en esa posición.
Una segunda mitad de legislatura supuestamente más difícil
En un encuentro con el grupo parlamentario del PNV celebrado la pasada semana, tanto el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, como el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, advirtieron a los suyos de que la segunda mitad de la legislatura sería más difícil, entre otros aspectos porque el socio que les ha permitido aprobar los presupuestos hasta la fecha, el PP, está muy enfadado con los jeltzales por apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy, que lo desalojó de la Moncloa, alzando a Pedro Sánchez, del PSOE, a la Presidencia del Gobierno.
Sin embargo, está todavía por ver que el partido de Alfonso Alonso cumpla su amenaza de dificultar al máximo la aprobación de los próximos presupuestos de la CAV, a pesar de lo ocurrido con Rajoy y del acuerdo que el PNV ha alcanzado EH Bildu sobre las bases del Nuevo Estatus y de la cercanía de las elecciones municipales y forales. El PP se ha presentado hasta ahora como el partido garante de la estabilidad y la tranquilidad política; y aunque al consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, pueda resultarle esta vez un poco más cara la abstención del PP, nadie deberá extrañarse de que acabe consiguiéndola, aunque le cueste algo más de los 29 millones de euros de años anteriores.
Esto no va a ser óbice para que hoy Alfonso Alonso haga un discurso muy duro contra el Gobierno de Urkullu y eleve el tono precisamente por las bases del Nuevo Estatus, dibujando un futuro apocalíptico con su imagen de Catalunya como ejemplo.
El lehendakari, por su parte, hará primero una evaluación positiva de la actuación de su Gobierno en sus dos primeros años de legislatura en el marco de una visión general del entorno. En la segunda parte de su discurso desgranará el grado de cumplimiento de los quince «objetivos de país» marcados en su momento. Y para cerrar su intervención expondrá los retos de futuro, entre los que se encuentra ensanchar los consensos alcanzados hasta la fecha en relación al Nuevo Estatus.
Por su parte, EH Bildu avanzó que su portavoz, Maddalen Iriarte, pedirá hoy al lehendakari ambición para conectar con las demandas sociales, al tiempo que planteará desde la tribuna medidas concretas que considera que mejoran la vida de la gente.
La portavoz de EH Bildu propondrá que Lakua garantice en todas las contrataciones públicas condiciones laborales dignas con salarios mínimos de 1.200 euros, que haga uso de sus competencias para subir las pensiones más bajas, que se comprometa de verdad con el tejido industrial, que acabe con los recortes en Educación y Sanidad…, lo que según la izquierda independentista supone «toda una batería de propuestas para incrementar los niveles de bienestar del conjunto de la sociedad».
Maddalen Iriarte relacionará esta lucha por los derechos con la aprobación del nuevo estatus político. Según EH Bildu, «ese estatus será sinónimo de más bienestar y democracia. Más bienestar porque, una vez superada la barrera que hoy significa el Tribunal Constitucional, permitirá decidir y aplicar políticas en materia de empleo, salud, educación, medio ambiente… que profundizarán en los derechos sociales y económicos de la población».I.I.
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