La macrocausa contra el independentismo catalán entra ya en la recta final. En contra del criterio de las defensas, que habían solicitado unas 300 nuevas diligencias, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió ayer confirmar el cierre de la instrucción. El TS dio cinco días a las acusaciones para presentar los escritos de acusación, tras lo cual apenas quedará poner fecha para la vista oral. Aunque hay quien no descarta que arranque a finales de año, la mayoría de informaciones apuntan a que será a principios de 2019.

Tras los varapalos sufridos en Alemania, Bélgica y Escocia, que denegaron en diferentes procesos la extradición de los políticos exiliados, Llarena ha llevado finalmente al banquillo a 18 dirigentes. Entre ellos destacan los exmiembros del Govern en prisión –Junqueras, Turull, Rull, Romeva, Bassa y Forn–, a los que acusa de rebelión y malversación, con penas máximas de 30 años para el primer delito y de seis años para el segundo. La rebelión es también imputada a los líderes de Òmnium y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, y a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Los tres exmiembros del Govern en libertad, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó, han sido procesados por desobediencia y malversación; mientras que cinco exmiembros de la Mesa del Parlament –Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet– han sido investigados por desobediencia, igual que la exdiputada de la CUP Mireia Boya, expresidenta de su grupo parlamentario.

El siguiente paso a seguir con lupa será el escrito de acusación de la Fiscalía, en cuya actuación se resiste a intervenir el Gobierno de Pedro Sánchez, escudándose en que el Ministerio Fiscal es autónomo –la propia vicepresidenta, Carmen Calvo, lo desmintió ayer, al anunciar que la Fiscalía presentará su escrito en torno al 2 de noviembre–. Ese cambio en la acusación de la Fiscalía es el que le pide ERC a Sánchez para negociar los presupuestos; y es también el que esperan PP y Ciudadanos para comer terreno al PSOE –las elecciones andaluzas están en el radar de todos los partidos españoles–. Sin ese movimiento, será difícil que ERC pueda explicar a sus bases un pacto sobre las cuentas. Visto lo visto, cualquier cosa que no sea el mantenimiento de las acusaciones de rebelión será una sorpresa.

En los últimos días han circulado informaciones acerca de que la fórmula de Sánchez para ofrecer el gesto que reclama ERC podría intentarse a través de la Abogacía del Estado, que podría acusar a los imputados por sedición en vez de rebelión. Pero lo cierto es que esta instancia está personada solo para representar a la Hacienda española en los casos en que se investigue una posible malversación de caudales públicos. La incidencia de su posición a lo largo del juicio, más allá de expresar un deseo del Gobierno español, se puede considerar bastante menor.

En cuanto a la acusación popular, ejercida por el partido de extrema derecha Vox, cabe resaltar que ayer la defensa del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, presentó un escrito ante el Supremo solicitando la expulsión del partido de Santiago Abascal del caso, asegurando que «hace un uso fraudulento de una institución como es la acusación popular», que utiliza «para hacer propaganda electoral».

La amenaza del Estado

«Me sabe mal que no se haya hablado lo suficientemente claro, por eso he decidido hablar». Con esta premisa, el editor Oriol Soler, que estuvo al frente de la campaña de Junts pel Sí en las elecciones del 27S y que las informaciones de diversos medios sitúan en el grupo asesor que acompañó a Puigdemont y Junqueras durante el otoño del año pasado, habló ayer por primera vez de lo ocurrido.

«El hecho de que el Estado utilizase la sangre para parar lo que viniese condicionó de forma definitiva lo que pasó entre el 1 y el 27 (de octubre)», aseguró un Soler que insistió en la amenaza real de utilizar la fuerza tanto como fuese necesario por parte del Estado. «La noche del 25 fuimos a dormir con la voluntad de negociar un acuerdo para ir a elecciones; el presidente Puigdemont no consigue este acuerdo, ve que le han vuelto a engañar como le engañaron el día 10, y cambia de opinión», añadió en los micrófonos de Rac1.

De cara al futuro, Soler aseguró que deben prepararse «para un nivel de confrontación mucho más grande». «El Estado nos ha enseñado que con el nivel de organización del 1 de octubre no es suficiente; tenemos que gobernar muy bien y hablar al 40% de la población que tiene miedo, el independentismo debe volver a la defensa de los derechos civiles», concluyó.B. Z.