A veces una sentencia judicial solamente tiene una calificación: obvio. Lo que ha descubierto el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre el caso Bateragune, confirma lo que se sabía desde el primer día: era tan obvio que se trataba de una injusticia que ahora, cuando llega con estos años de retraso lo único que se siente son ganas de mentar a la bicha. La sentencia capciosa que llevó a Arnaldo Otegi a prisión durante seis años es una de las muestras más evidentes de los juicios farsa, de los juicios políticos, del uso partidista de los tribunales para callar a los contrincantes políticos.

Ha habido, hay y seguirá habiendo muchos casos de esta índole porque la injusticia española es legendaria, ya se conoce en toda Europa su ínfima calidad, pero este caso de Otegi y sus compañeros es uno de los más escandalosos silencios de los partidos del turno con sus cómplices más conspicuos y vendepatrias. Creo que la confirmación desde una institución jurídica de este rango sobre la falta de garantías procesales, la animadversión, la tendenciosidad, retrata a un Estado en descomposición. No es la primera vez, vendrán muchas más, porque abusan de su tendencia mafiosa en los tribunales españoles de partido y sumisión. 

Yo también estoy esperando la reunión del Tribunal Supremo por si acaso sale una decisión que alivie la vergüenza jurídica que perpetran con su existencia: la disolución. Es el mayor foco de incompetencia, de pago de favores, delirios y favoritismos. Y ahí tenemos a ese personaje nefasto, el que ha llevado a lo más bajo en Europa a ese tribunal, el juez Llanera escribiendo novelas de terror sobre el procés. Meterán a la cárcel a los procesados, obvio, después se ganará todo en Estrasburgo, obvio, pero ya será muy tarde. Por eso hay que correr y terminar con esta situación de dictacracia judicial.