Al mismo tiempo consideradas indispensables y acusadas de todos los males, las agencias de calificación de riesgos juzgan la calidad de la deuda de la mayoría de los estados y de las grandes corporaciones, influyendo en los mercados financieros que, a su vez, siguen muy de cerca sus evaluaciones, como las que realizaron en octubre pasado en el contexto del pulso presupuestario entre Roma y la Comisión Europea (CE).

El 26 de octubre, Standard & Poor's decidió mantener la calificación de la deuda soberana italiana en BBB/A-2, aunque rebajó su perspectiva de «estable» a «negativa» al asumir que «la política económica y fiscal del Gobierno italiano pesa sobre las perspectivas de crecimiento del país». La semana anterior, Moody's fue más severa y la degradó de Baa2 a Baa3, el último nivel antes de pasar a la categoría especulativa.

En este contexto, a la espera de que la Comisión Europea confirme que pondrá en marcha los trámites para abrir un «procedimiento de déficit excesivo» contra Italia si Roma no presenta un presupuesto más adecuado a las exigencias de Bruselas, AFP hace un resumido análisis de situación.

El papel que desempeñan. Las tres principales agencias son estadounidenses: Moody's, Fitch Ratings y S&P Global (más conocida como Standard and Poor's). La mayoría de los Estados y grandes compañías les pagan para que valoren la calidad de su deuda. Sin esta evaluación, en principio considerada creíble e imparcial, muchos inversores rechazarían comprar sus obligaciones. Las tasas de interés fluctúan en función de la nota atribuida por estas agencias.

La valoración. La nota sigue una clasificación escalonada desde AAA (la mejor) a D (impago). La famosa triple A está reservada a un muy selecto club del que solo forman parte once estados (Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Suecia, Noruega, Suiza, Liechtenstein, Luxemburgo, Canadá, Australia y Singapur). En el otro extremo están situados Venezuela y Mozambique, países que, según valoran estas agencias, no tienen capacidad para reembolsar sus respectivas deudas.

Las agencias pueden modificar la nota en cada evaluación, aunque también tienen la posibilidad de limitarse a cambiar de perspectiva, medida que abre la vía a una próxima revisión. La nota es revisada al menos una vez al año, pero también se hace cada vez que la agencia lo juzga necesario: en caso de que observe un evento político, social o económico de gran repercusión o, en el sector privado, que se registre, por ejemplo, una importante adquisición de empresas.

El peso sobre la acción del Estado. La degradación de la nota siempre es mal aceptada por los Estados, que se ven obligados a pagar más caro el servicio de sus deudas. Cuando la crisis financiera de 2008 sacudió Europa, de París a Berlín pasando por Bruselas, los responsables políticos tildaron de «aberrante», «extemporánea» o «sospechosa» la degradación, de un solo golpe, de nueve Estados de la eurozona en febrero de 2012.

Las agencias han sido cuestionadas en muchas ocasiones por el papel que han tenido en las crisis económicas a lo largo y ancho del planeta desde su creación a principios del siglo XX.

La presión. Con su calificación, las agencias ejercen una fuerte presión sobre los Estados y las grandes empresas. Si consideran que la deuda de un país es insostenible, las repercusiones en los mercados son inmediatas. En consecuencia, un gobierno puede ser forzado a tomar medidas drásticas para tranquilizar a los inversores, especialmente recortando el gasto público. «Actualmente, si alguien tiene capacidad real de condicionar a un gobierno, esos son los mercados financieros», explica Christopher Dembik, analista de Saxo Banque.

¿Son infalibles? Tras la quiebra de Lehman Brothers en 2008, las agencias de calificación fueron criticadas severamente por haber contribuido a la crisis financiera más grave desde la de 1929, al haber sobreestimado la calidad de los productos financieros derivados de los préstamos hipotecarios de alto riesgo (“subprimes”), que fueron adquiridos por numerosos bancos y fondos en todo el mundo.

Cuando la burbuja inmobiliaria estadounidense se desinfló, dio lugar a cientos de miles de declaraciones de impago, lo que a su vez originó grandes pérdidas para muchos bancos que habían comprado derivados de estos créditos de riesgo.

En plena crisis global, los jefes de Estado europeos instaron a «examinar el papel de las agencias de calificación» e, incluso, analizaron la posibilidad de crear una agencia de calificación europea para hacer frente a los organismos estadounidenses acusados de echar gasolina al fuego. Esa agencia todavía no ha visto la luz del día.