Sin ningún tipo de autocrítica ni admitir haber cometido error alguno en sus propuestas, el Gobierno de Lakua decidió ayer retirar el proyecto de Ley de Medidas Presupuestarias Urgentes que agrupaba en un solo texto hasta siete medidas diferentes para votarlas de forma conjunta y sin posibilitar presentar enmiendas. En su lugar, ha troceado el proyecto en tres leyes distintas, con el mismo contenido que antes. Cada una de esas tres propuestas habrá de votarse en el pleno del próximo 14 de febrero, también sin posibilidad de negociación ni de presentación de enmiendas.

Los grupos de la oposición respondieron al movimiento del Gobierno destacando que se trata de una «rectificación parcial» o «a medias», incidiendo en que sigue sin poderse negociar ni introducir cambios. Ni EH Bildu ni Elkarrekin Podemos ni PP adelantaron cuál será el sentido de su voto. En cualquier caso, Maddalen Iriarte aseguró que su grupo mantendrá una actitud que definió como «constructiva y responsable».

Los servicios jurídicos del Parlamento habían elaborado un informe técnico que avalaba que, de acuerdo al Reglamento de la Cámara, el Gobierno podía presentar la ley de lectura única que había planteado. Pero, por otra parte, también establecía que presentada la propuesta no se podía votar por puntos, algo que el PNV había empezado a deslizar que podía admitir para evitar tener que retirar la ley.

Azpiazu culpa a la oposición

Aunque la noticia saltó antes a los medios, fue después del Consejo de Gobierno cuando el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, anunció la retirada de la ley y su despiece en otras tres unidades. Aseguró que el Ejecutivo daba ese paso porque había un «serio riesgo» de que los grupos de la oposición impidieran que saliera adelante y les acusó de hacerlo «por motivos ajenos a la propia Ley».

Lo cierto es que, salvo el PP, ningún otro grupo había adelantado el sentido de su voto, aunque todos habían criticado al Gobierno la fórmula de tramitación elegida. Antes de aprobar la pasada semana la ley ayer retirada, el consejero de Hacienda había hablado con todos los partidos de la oposición y todos le mostraron su rechazo a la tramitación conjunta por lectura única. Pese a ello, el Gabinete de Urkullu siguió adelante con sus planes, haciendo gala además de no haber negociado con nadie a pesar de estar en minoría en el Parlamento.

El nuevo reparto de las medidas presupuestarias es el siguiente. En una ley se incluye la subida de sueldo del 2,25% a los trabajadores públicos y al propio Gobierno, el presupuesto del Parlamento y un aumento de tasas con un coeficiente del 1,015. En otra ley se unen la partida para la UPV-EHU, que se fija en 314 millones de euros, y la subida de los módulos de la educación concertada, que el Ejecutivo dice que es del 2,25%, pero que según los cálculos realizados por este diario es del 3,6%. En una tercera ley se incluye el incremento de la RGI en el 3,5%, que puede llegar a ser del 4,5% para pensionistas, y la derogación del recorte del 5% para ayudas a la conciliación familiar.

El consejero dijo confiar en que los grupos de la oposición se centren en el fondo de las medidas y en sus beneficios. Y, preguntado por los periodistas, no quiso hacer ni autocrítica ni reconocer error alguno en este proceso. En cuanto a si esperaba que con la nueva fórmula se aprueben las leyes, apuntó que «hasta que se vote, no hay nada seguro».

«Rectificación parcial»

Tras el paso del Gobierno, todos los grupos de la oposición salieron a valorarlo. Maddalen Iriarte, portavoz de EH Bildu, habló de «rectificación parcial» y aseguró que «es un cambio en la dirección correcta, pero sigue habiendo carencias», porque sigue sin poder negociarse ni enmendarse. En todo caso, Iriarte dijo esperar que «el PNV deje de lado la imposición y tome el camino de la búsqueda de acuerdos», y anunció que EH Bildu actuará de forma «constructiva y responsable»

Lander Martínez, portavoz de Elkarrekin Podemos, afirmó que desde el Gobierno «querían poner a la oposición entre la espada y la pared y no les ha salido bien la jugada». También habló de «corrección a medias» y criticó que en estos tres proyectos, el Ejecutivo «vuelve a mezclar» cuestiones diferentes.

De nuevo fue el PP quien se mostró más beligerante. El parlamentario Antón Damborenea acusó al Gobierno de «irresponsabilidad» y advirtió al lehendakari, Iñigo Urkullu, de que si no «rectifica» su forma de actuar, la legislatura autonómica «acabará muy mal».