Y a la cuarta llegó la vencida. La semana pasada, gallegamente, Mariano Rajoy pasó la pelota a Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicepresidenta se la dejó a un Juan Ignacio Zoido que no se dio por aludido. Ayer fue José Antonio Nieto, exsecretario de Estado de Seguridad, el que recogió la pelota abandonada por el exministro de Interior y asumió y explicó –siempre parcialmente– el operativo judicial de la Policía española y la Guardia Civil el 1 de octubre. Un operativo, por cierto, que se ha convertido en uno de los focos del juicio durante las últimas sesiones, pese a no ser, a priori, la cosa juzgada en el Tribunal Supremo.

Nieto se declaró «mando superior de todos los efectivos» de la Policía española y la Guardia Civil, y señaló que el operativo –la Operación Copérnico– empezó a diseñarse tras los plenos del Parlament del 6 y el 7 de setiembre, en los que se aprobaron las leyes del referéndum y de la transitoriedad jurídica. «Un momento preocupante», según el alto cargo del PP, que también dijo que se notificó la puesta en marcha de la operación al conseller de Interior, Joaquim Forn, el 22 de setiembre.

En este punto temprano del interrogatorio emergió una consideración de Nieto que se repitió en más de una ocasión y que explica bastantes más cosas de las que el exsecretario de Estado de Seguridad probablemente piensa. A preguntas del fiscal Javier Zaragoza, Nieto aseguró que Forn no estuvo de acuerdo y lo explicó así: «La percepción de la realidad del Govern era absolutamente distinta de la que teníamos nosotros». Como ejemplo de este fenómeno –que en otro momento describió como «realidades paralelas»– citó las alegaciones de Forn acerca de que la manifestación del 20 de setiembre ante la conselleria de Economía fue pacífica. Lo dijo con los ojos bien abiertos, como queriendo hacer ver la supuesta estupidez de lo alegado por Forn. «Lo dijo solo 48 horas después de las imágenes de violencia que vimos todos», añadió.

No hubo cargas

En efecto, tanto la declaración de Nieto como todo el juicio contra el independentismo versa sobre estas dos realidades paralelas, dos formas de ver los hechos a veces antagónicas, que llevaron ayer al que era número dos de Interior a considerar «ejemplar» la actuación policial del 1 de octubre, a asegurar que se usó «la mínima fuerza imprescindible» y a reivindicar que no hubo cargas policiales, sino «empleo de la fuerza». «En algunos casos de forma llamativa», fue su gran concesión.

De hecho, también se mostró convencido de que se mantuvo un equilibrio entre eficacia y seguridad de la ciudadanía, y a modo de amenaza, añadió: «Si hubiéramos priorizado la eficacia por encima de cualquier otro objetivo podíamos haber llegado al 100% de eficacia en cada colegio, con mayor empleo de la fuerza». Esta afirmación tuvo que confrontarse después con las preguntas de las defensas, en especial del abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, que se mostró incisivo acerca de la supuesta eficacia de la Policía española y la Guardia Civil. «¿Un 5% de los colegios electorales cerrados y 800 heridos le parece exitoso?», le llegó a preguntar antes de que Marchena saliese al corte.

Melero también le recordó que, en dos entrevistas posteriores, el exsecretario de Estado de Seguridad cifró en 60.000 y en 90.000 el número de efectivos policiales necesarios para frenar completamente el 1-O. Los mossos tienen 17.000 agentes y aquel día, según un informe elaborado por el cuerpo bajo intervención del 155, realizaron el mayor operativo organizado nunca en la historia de la policía catalana. Un informe, por cierto, al que ayer el testimonio restó veracidad pese a haber sido elaborado bajo supervisión del propio Ministerio de Interior.

Aunque Nieto se mostró más inseguro con las defensas, hizo una defensa férrea del operativo del 1-O, puso en duda que todos los heridos fuesen verdaderamente heridos y aseguró que fue la actuación de la Policía española y de la Guardia Civil la que impidió que el 1 de octubre de 2017 se celebrase un referéndum en Catalunya. Consideró «ineficaz e insuficiente» la actuación de los Mossos –aunque a preguntas de Melero quedó de manifiesto que no conocía los detalles del operativo de la Policía catalana– y aseguró que si la policía comandada por Trapero –a quien describió como alineado con Puigdemont– hubiese querido, «el referéndum se hubiera desconvocado». También consideró que la actuación de los Mossos «en algunos casos respondía al objetivo de dar apariencia de normalidad a algo que no era normal, porque había sido prohibido por el TC».

Es difícil pensar, sin embargo, que Nieto contó –como muchos de los testimonios– todo lo que sabe, pues aseguró que no hubo ninguna orden política para que las cargas parasen por la tarde. Tampoco quiso entrar al detalle de la razón por la que el mecanismo de coordinación entre Policía española, Guardia Civil y Mossos dejó de funcionar el 1-O, si bien en eso tendrá que emplearse más o fondo hoy el encargado de dicha coordinación, Diego Pérez de los Cobos (GC).

En cualquier caso, las realidades paralelas de Nieto quedaron de manifiesto sobre todo en la «surrealista» Junta de Seguridad que se celebró el 28 de setiembre entre miembros de la Generalitat y del Gobierno español. Al exsecretario de Estado no le faltó razón al definir el momento: «Estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar el referéndum con quienes habían convocado el 1-O».

El resumen de aquella Junta lo dio el mismo testimonio: «Puigdemont nos trasladó que el bien supremo a proteger es la convivencia ciudadana, nosotros le respondimos que había que proteger el cumplimiento de la ley». Dos realidades paralelas.

El auto que enredó a Nieto

Estas dos concepciones de lo ocurrido no son una cuestión menor, pues van al meollo de las diversas actuaciones policiales del 1-O. Para entenderlo es necesario realizar una breve previa. Desde el ámbito de la Justicia, a lo largo de setiembre de 2017 las fuerzas policiales recibieron dos órdenes. La primera fue de la Fiscalía Superior de Catalunya, tiene fecha de 8 de setiembre y ordena a Mossos, Policía española y Guardia Civil «intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal». La segunda tiene fecha de 27 de setiembre y proviene del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, un ente de mayor ascendiente, lo que dejó sin efectos la orden fiscal anterior. En el auto del TSJC se ordena requisar todo el material relacionado con el referéndum, pero se establece que las policías deben actuar conjuntamente y detalla, textualmente, que deberán adoptarse «todas aquellas medidas que impidan la consecución del referéndum sin afectar la normal convivencia ciudadana».

Estas seis últimas palabras son claves para las defensas de los dirigentes catalanes, en especial de Forn y de la cúpula de los Mossos –procesada en la Audiencia Nacional–. Poner el foco en impedir el 1-O o en mantener la convivencia refleja en cuál de las realidades paralelas de Nieto se sitúa cada uno. El propio secretario de Estado reconoció ayer que el auto del TSJC «complicó» las cosas.

¿Y la violencia?

Nieto también habló de forma genérica, en el interrogatorio del fiscal Javier Zaragoza, sobre la violencia independentista. Por ejemplo, aseguró dar su opinión –no aportó ningún hecho– al considerar que los CDR «derivaron en una actitud violenta».

Pero las defensas le recordaron que la mayoría de acciones de los CDR han sido archivadas, por lo que, preguntado por casos de violencia concreta, se remitió a los dos hits del relato fiscal: los Patrol de la Guardia Civil dañados el 20 de setiembre y el caso de la secretaria judicial que asegura que aquel día no pudo salir del Departamento de Economía por la violencia independentista. Se llama Montserrat Toro y declara mañana.

 

Testimonios contradictorios sobre el papel de Forcadell y el Parlament

El de ayer fue un día importante también para la defensa de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ya que por el TS desfilaron, entre otros, el actual presidente, Roger Torrent, el vicepresidente segundo y diputado de Ciudadanos, José María Espejo-Saavedra, y el secretario segundo y miembro del PSC, David Pérez.

El primero en declarar, tras la pausa del mediodía, fue Torrent, que estaba citado para la semana anterior pero que no pudo asistir porque tenía Pleno en Barcelona. Ayer empezó su declaración haciendo constar la «grave distorsión del normal funcionamiento del Parlament» producida por el enjuiciamiento de varios diputados en el Tribunal Supremo. A preguntas de Vox, Torrent aseguró que, en el lugar de Forcadell, «hubiera hecho exactamente lo mismo» y defendió que las leyes de desconexión eran leyes que «emanaban de la mayoría parlamentaria» y que la Mesa no puede erigirse en censora del debate, tras lo que aseguró que la Mesa solo puede inadmitir iniciativas parlamentarias por cuestiones de forma –no por el fondo–.

Añadió que «el conflicto político entre Catalunya y España solo se resolverá votando en un referéndum» y aseguró que la finalidad de las leyes de desconexión era «que los ciudadanos pudieran votar y decidir libremente su futuro». La épica de Torrent, sin embargo, se esfumó al ser preguntado por la declaración de independencia del 27 de octubre, que él mismo –entonces portavoz adjunto del grupo parlamentario de Junts pel Sí– pidió se votase de forma secreta. Ayer aseguró que en toda resolución parlamentaria lo que se vota es la parte dispositiva, y que la mencionada declaración de independencia se encontraba en la parte declarativa. Es decir, que la DUI no se votó.

Bien diferentes, como cabía esperar, fueron las declaraciones de Espejo-Saavedra y Pérez, los dos miembros unionistas de la Mesa durante otoño de 2017. Con todo, las diferencias entre ambos fueron evidentes. Espejo-Saavedra se mostró encantado de colaborar con las acusaciones y mostrar todo tipo de opiniones y valoraciones, mientras que Pérez, incómodo en algunos momentos, se limitó a reseñar los hechos concretos y contestó con una retahíla de «no recuerdo» a un gran número de preguntas de la Abogacía del Estado.

También declararon ayer el ex letrado mayor del Parlament Antoni Bayona y el secretario general de la cámara catalana, Xavier Muro. Igual que Espejo-Saavedra y Pérez, ambos señalaron que la Mesa puede entrar en el fondo de las iniciativas parlamentarias, y también recordaron las veces en que advirtieron a la Mesa de las posibles consecuencias penales que podía tener la tramitación de las leyes de desconexión. Ambos puntos van en contra de la línea de defensa de Forcadell. Sin embargo, ambos fueron contundentes también al señalar que la Mesa es un órgano colegiado en el que la presidencia solo emite su voto de calidad en caso de empate, algo que no ocurrió durante aquel otoño de 2017. Es decir, Forcadell no hizo nada que no hiciesen los otros cuatro miembros de la Mesa imputados solo por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.B.Z.