«La Audiencia Nacional no es un órgano de Justicia, no obra con criterios de Justicia, no busca Justicia, no hace Justicia», denunciaron los padres y madres de Altsasu en una comparecencia ayer en Iruñea para valorar la última sentencia, que confirma las duras penas, de hasta trece años de prisión, que se han impuesto a sus hijos.

«Con esta nueva sentencia se demuestra su afán de venganza, de servidumbre a la Guardia Civil, de avanzar por la senda de recortes de libertades y derechos hacia un modelo punitivo y de impunidad para las fuerzas de seguridad», destacaron Bel Pozueta e Idoia Goikoetxea, en nombre de los padres y madres.

Junto a ello, subrayaron que la nueva sentencia de la Audiencia Nacional vuelve a condenar a sus hijos a penas «completamente desproporcionadas, incluso si el relato en el que se sustentan fuera verdad». En este sentido, recordaron que las condenas suman 72 años por un tobillo roto y que en 2016 se registraron 9.571 casos de atentados a la autoridad y ninguno de ellos fue enjuiciado en la Audiencia Nacional ni calificado como «terrorismo» aunque en algunos se llegaron a usar vehículos para atropellar.

«La utilización torticera de la calificación de terrorismo que ha realizado la Audiencia Nacional con la instructora [Carmen] Lamela como responsable máxima buscaba distorsionar el procedimiento judicial para poder imponer un castigo vengativo y arrogarse el caso frente al criterio de la Audiencia Provincial de Navarra. No se les condena por terrorismo, pero se les imponen penas como si fuesen terroristas. Todo esto ha sido y es un auténtico abuso de poder», advirtieron.

Identificaciones cuestionables

Además, denunciaron que se han vulnerado principios básicos y recordaron que en el vídeo que grabó Iñaki Abad no solo aparece el sargento con la camisa impoluta sino que también queda en evidencia que es incapaz de identificar a los supuestos autores de la agresión. «¿Cómo es posible que los reconozca en una rueda de identificación días después o a través de fotos?», preguntaron antes de subrayar que hay personas cumpliendo condena en prisión por esas identificaciones cuestionables. «No hay que olvidar que la única prueba de la parte acusatoria frente a todos los testigos y pruebas llevadas por la defensa ha sido el relato de los denunciantes. La sentencia se basa exclusivamente en ese relato para poder incriminar a nuestros hijos e hija», señalaron, al tiempo que recordaron que ese vídeo que desmonta las acusaciones no se quiso admitir como prueba hasta el último momento.

«Queremos resaltar que la utilización del agravante de discriminación abre la puerta a un uso extensivo del modelo punitivo y vengativo en función de criterios políticos e ideológicos que en absoluto se corresponden con un Estado social de derecho y libertades fundamentales», advirtieron.

Tras agradecer la solidaridad recibida desde hace dos años y medio, llamaron a movilizarse en ciudades y pueblos las próximas semanas con los lemas “Hau ez da justizia. Altsasukoak aske”, “Esto no es justicia. Altsasukoak aske” o “This is not justice. Altsasukoak aske”.

Estas movilizaciones reforzarán la cita del 24 de marzo, cuando una marcha partirá a las 12.00 desde las inmediaciones del parque de bomberos de Altsasu. «Queremos que sea una gran movilización que siga haciendo historia en esta dinámica de lucha por la justicia y la dignidad», agregaron.

Asimismo, confirmaron que recurrirán la sentencia de la Audiencia Nacional ante el Supremo y destacaron que sus hijos siguen en prisión a pesar de que la sentencia no es firme.