Si se considera que al menos un tercio o más de la vida se pasa en el trabajo, parece evidente que la salud y el trabajo estén íntimamente relacionados. Especializado en medicina del trabajo, Iñaki Moreno lleva media vida impulsando la unidad de respuesta ante los accidentes laborales desde el sindicalismo, criticando desde el compromiso sindical cómo se hacían las cosas en las instituciones. No obstante, «cuando llega un gobierno de cambio hay que coger la responsabilidad» y pasar al otro lado. Por ahí comenzamos.

¿Cómo se vive el hecho de haber sido sindicalista que abordaba esta materia a pasar al otro lado, donde puede aplicar medidas que antes exigía?

Desde la dificultad, pero también desde la legitimidad y desde la experiencia. Es decir, yo he conocido las vivencias de los trabajadores, he formado a centenares de delegados de prevención, he estado en múltiples asambleas; sé cómo se percibe la realidad de las empresas. Cuando decíamos que se hacía mal también decíamos cómo había que hacerlo, bueno pues ahora hay una oportunidad. Esto da vértigo y también genera resistencias.

¿Y contradicciones?

La salud laboral no es un problema técnico, es un problema sociotécnico. Por una parte las empresas buscan la supervivencia en este sistema capitalista, compitiendo unas con otras. Una forma de competir es ahorrando costes, reduciendo trabajadores. En el otro lado están los trabajadores y sus derechos a la salud. En estas contradicciones nos movemos. Podemos profundizar en nuestros conocimientos pero eso no cambia la realidad. La realidad depende de la correlación de fuerzas entre clases sociales. En este caso, desde este Gobierno pensamos que hay que fortalecer a la parte más débil de esta situación desigual, por mucho que la ley ampare los derechos de los trabajadores y las obligaciones de los empresarios. Pero al final eso no funciona así. Llevamos 25 años con una ley de prevención excelente, un regalo europeo no buscado, no batallado por el movimiento obrero del Estado español ni de Euskal Herria. Pero tenemos una herramienta que no sabemos cómo usar. El problema es que no tenemos capacidad para aplicarlas por intereses, por desconocimiento y por falta de compromiso.

En este sentido, ¿es posible una vida laboral segura en este sistema capitalista?

No, en absoluto. Esto va hacia el deterioro. La ley de prevención de riesgos viene de una directiva marco de seguridad y salud en Europa (1989), es fruto de un tejido económico y laboral totalmente distinto. Eran grandes empresas con trabajadores fijos que entraban de aprendices y acababan en la jubilación. Eso ha evolucionado al trabajador eventual con las nuevas formas de contratación: teletrabajo, falsos autónomos o ETTs. Nosotros podemos asesorar, hacer campañas, no es que yo pretenda defender o no lo que hacemos, es que todos estamos fracasando; el servicio de prevención, las comunidades autónomas, el Estado, los sindicatos y por supuesto los empresarios, que tienen la obligación de evitar los daños de los trabajadores.

En 2018, los accidentes laborales mortales en Nafarroa aumentaron respecto a 2017. Este repunte se puede observar tanto en la CAV como en el Estado español. ¿A qué se debe?

Los accidentes de trabajo se producen porque hay riesgos laborales no resueltos en los puestos de trabajo. Los dos grandes conjuntos de causas explicativas principales se relacionan con la fase actual del ciclo económico, con los cambios normativos que han deteriorado las condiciones de empleo y trabajo y con el sistema preventivo existente. A diferencia de otros países, la siniestralidad laboral en el Estado español es ciclodependiente, lo que significa que cuando disminuye la actividad económica descienden los índices de accidentes y cuando aumenta esta actividad las tasas se incrementan. El otro componente explicativo mayor de este aumento se encuentra en el sistema preventivo. El Estado español es el único en Europa en el que las actividades preventivas han sido externalizadas masivamente. Por otro lado, las últimas reformas laborales en especial la del año 2012 ha facilitado el despido, deteriorado y debilitado el poder contractual de las organizaciones sindicales. Todos estos cambios aumentan el riesgo de accidente.

Sin embargo, la prevención de riesgos laborales ha tenido un enfoque más reactivo que preventivo. ¿Es hora de cambiar dicho enfoque?

Podemos creer que sí. En 2018 hemos comenzado un trabajo de validación de un cuestionario usado en otros países como Canadá, Australia o Reino Unido que permite conocer el llamado clima preventivo en las empresas. El objetivo es dotarse de indicadores cuyo seguimiento permita a cada empresa programar mejoras en el proceso de gestión de la prevención.

¿Qué cambios ha introducido en este campo el actual Gobierno de Nafarroa?

En cuanto a los cambios respecto a la anterior legislatura, se ha habilitado un Plan de Acción 2017-2020 con nueve programas que pretenden incidir en todo tipo de riesgos y colectivos más vulnerables, fortaleciendo la presencia de la administración pública en las empresas y empoderando los delegados de prevención. Además, se han aumentado los recursos en personal con un 17% de aumento en el Servicio de Salud Laboral en estos tres últimos años, y se ha multiplicado por ocho la partida para cumplir los planes de salud laboral, pasando de 20.000 euros en 2015 a 160.000 para 2019.

Y, desde el Servicio de Salud Laboral, ¿qué acciones se están llevando a cabo para favorecer una vida laboral más segura?

Una medida importante ha sido cambiar la dinámica de visitas a empresas; de visitar las que tenían más accidentes hemos pasado a visitar empresas seleccionadas al azar. Con ello queremos disminuir la infranotificación de accidentes que se da aunque no sabemos su magnitud. Otra medida relevante ha sido la habilitación de alertas ante accidentes de especial relevancia, para difundir información preventiva telemáticamente y evitar otros accidentes similares. Estamos también aumentando los activos en materia de salud laboral. Por vez primera se ha habilitado un curso que se imparte desde el ISPLN en colaboración con las organizaciones sindicales para formar a los nuevos Delegados de Prevención en el ejercicio de sus competencias. En el año 2018, sin ir más lejos, se formaron 280 personas.

¿Se ha quedado algo en el tintero en estos cuatro años?

Cuatro años no han sido suficientes. El tema de las mutuas está en el debe del Gobierno. Es un gran problema que unas entidades privadas, empresariales, gestionen e injerten recursos económicos de la Seguridad Social con unos efectos muy importantes y negativos para los derechos de los trabajadores. Las mutuas son entidades empresariales en las que, al margen de la voluntad de sus trabajadores, las lineas estratégicas las marcan los empresarios. En este conflicto entre salud y trabajo no son imparciales y se les ha dado cada vez más competencias desde los gobiernos del PSOE y PP. Solo perviven en el Estado español y gracias al franquismo. Un trabajador alemán, belga o francés que sufre un accidente en el trabajo va al sistema sanitario público.

¿Cree o sabe si los empresarios, con complicidad de las mutuas, encubren u ocultan los accidentes laborales?

Nafarroa cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo que es referencial. Entre otras cosas permite que los médicos del Servicio Navarro de Salud nos informen de lesiones accidentales que atienden y creen de origen laboral. Desde el Servicio de Salud Laboral reclamamos a las empresas la presentación del Parte de Accidente de Trabajo. Además, iniciamos procedimientos para que enfermedades en principio caracterizadas como comunes sean reconocidas como laborales. Fruto de todo este trabajo, en el año 2017, el Servicio Navarro de Salud facturó a las mutuas más de dos millones de euros por la atención prestada en el sistema público a daños calificados como comunes que resultaron ser laborales.

¿Hasta que punto ha habido una implicación por parte de la patronal?

No puedo responder a eso desde mi situación institucional, pero sí puedo decir que en un consejo navarro de salud laboral un portavoz de la Confederación de Empresarios de Navarra reconoció que en el periodo de crisis se había desadvertido la materia de prevención. Hay un reconocimiento de que en el momento de crisis primaron otros intereses frente a sus obligaciones.

Y si no cumplen sus obligaciones, ¿el Gobierno de Nafarroa puede establecer algún tipo de medida?

Tiene la capacidad, la competencia de la ejecución de la normativa. Y de sanción también. Existen y se cobran, a diferencia de otros momentos históricos donde se cobraba muy poco de estas multas. Por otro lado, el Parlamento ha pedido la derogación de la reforma laboral. Debiera ser anulada en sus elementos mas nocivos para la generación de riesgos. Ciertos consejeros del Gobierno han pedido la derogación en Madrid.

¿Los empleos vía ETTs tienen mayor nivel de riesgo?

El problema de las ETTs en el Estado español es que se intenta disponer de mano de obra más disciplinada, con menos derechos y no especialmente formada en materias específicas. Entre las opciones a valorar, debiera estar la eliminación. Desde el punto de vista de salud laboral está demostrado que tienen mayor nivel de riesgo.

En una entrevista publicada en Osalan, decías que «hoy los profundos cambios sociales y de mercado hacen necesaria una reordenación de la salud laboral hacia una visión de salud pública».

Las condiciones de empleo y trabajo y los hábitos de vida están interrelacionadas. Este hecho se expresa hoy en la afirmación de que el nivel de salud de las personas depende más del código postal que del código genético. Por tanto, incidir en la salud de los trabajadores, de condición asalariada o no, exige un abordaje global. La salud pública no puede ser ajena a la salud de los trabajadores.