La paradoja Trapero. La declaración del exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, una de las más esperadas en el Tribunal Supremo, resultó fascinante. Para asomarse a una paradoja de la que seguirán saliendo preguntas durante los próximos días resulta necesario señalar, como previa, una evidencia: Trapero es un policía, no un cargo político. Su única lealtad es con los Mossos d’Esquadra y su causa, en estos momentos, es la que tiene abierta en la Audiencia Nacional española, donde la Fiscalía le pide 11 años de cárcel por rebelión.

Dicho esto, para seguir descifrando la paradoja Trapero hay que recordar que, en el relato construido por la Fiscalía para sustentar la imputación de rebelión, los Mossos cumplen un papel primordial. En el escrito de acusación de la Fiscalía, los 17.000 agentes armados de la Policía catalana son uno de los pilares sobre los que se defiende la existencia de un alzamiento violento, indispensable para el delito de rebelión. En el relato de las acusaciones, los Mossos son un cuerpo policial armado al servicio del proyecto independentistas. Más fácil aún: sin Mossos es insostenible la maltrecha acusación de rebelión.

Y en este sentido, la declaración de Trapero fue demoledora para los intereses judiciales de las acusaciones. Defendió el compromiso de los Mossos con las órdenes de la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC); confirmó que, pese a las protestas que hicieron, acataron el nombramiento del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como coordinador policial del 1-O; subrayó su malestar con las declaraciones del exconseller de Interior Joaquim Forn, al que llamó «irresponsable» por decir que los Mossos garantizarían la votación –de hecho, aquel día sacaron una nota–; y confirmó que el 28 de octubre pidieron a Puigdemont y Junqueras «acatar el mandato judicial» y desconvocar el referéndum.

La bomba mayor, sin embargo, llegó al final del interrogatorio del abogado de Forn, Xavier Melero, en una secuencia que es difícil pensar que no estaba ensayada. No en vano, Melero, abogado técnicamente excelente, es uno de los que más explícitamente ha optado por una defensa técnica alejada de reivindicaciones políticas.

Trapero estaba explicando que el 27 de octubre, tras la declaración de independencia en el Parlament, llamó al fiscal superior de Catalunya y al presidente del TSJC para ponerse a su disposición «por si había que hacer un operativo» que los Mossos tenían preparado desde dos días antes. «¿Un operativo para qué?», pregunta Melero. Trapero: «Para detener al president y los consellers». Melero sonríe y da por acabado su interrogatorio mientras algunos de los acusados se remueven en sus asientos, preguntándose si han oído bien lo que han oído.

La paradoja Trapero es que esta declaración supone un caramelo para los medios españoles, muchos de los cuales se apresuraron a situarlo ayer a la tarde a la cabeza de sus ediciones digitales, obviando que supone un misil de largo alcance a la maltrecha línea de flotación del relato fiscal sobre los hechos de otoño de 2017 en Catalunya. ¿De que rebelión fantasma estamos hablando si los Mossos d’Esquadra, que debían dar apoyo a dicho alzamiento, tenían preparada la detención de sus promotores institucionales?

La otra cara de la paradoja Trapero estaba sentada ayer en el banquillo de los acusados. Las afirmaciones de Trapero son buenas para sus intereses estrictamente judiciales, pero la sonrisa de Melero no se dibujó entre quienes optan por una defensa más política. ¿Qué credibilidad tenía aquella DUI del 27 de octubre si tu propia Policía tenía a punto el dispositivo para detenerte? La pregunta es incómoda pero pertinente. Ya se ha dejado escrito en estas páginas que el independentismo tiene una reflexión pendiente sobre aquel episodio, al que parte del movimiento todavía se aferra –aunque cada vez menos– para reclamar la implantación de la República declarada.

Sea como sea, sirva la paradoja Trapero para resaltar, por enésima vez, el carácter estrictamente político del proceso judicial que se desarrolla en el Tribunal Supremo. No hay otra explicación para la excitación del antiindepentismo ante unas declaraciones judicialmente perjudiciales para sus intereses.

«Tensión dialéctica»

Pero que nadie piense que Trapero solo marcó distancias con la dirección política del independentismo, sobre la cual también dijo, para descargo de los acusados, que jamás le dijeron desde el Govern cómo debían actuar los Mossos d’Esquadra. «Hagan lo que deban hacer», les dijo Puigdemont el 28 de octubre, según relató ayer el exjefe de la Policía catalana.

Trapero también marcó distancias siderales con De los Cobos, con quien reconoció que tuvo momentos de «tensión dialéctica» durante las reuniones celebradas a petición de la Fiscalía. Recordó que las instrucciones fueron cambiando, que en el último dispositivo que diseñaron –algo que no hicieron ni Guardia Civil ni Policía española, pese a que la petición de la Fiscalía era para los tres cuerpos– calcularon que necesitaban 40.000 agentes para cerrar todos los colegios, y que finalmente, el 27 de setiembre llegó un auto de la magistrada del TSJC Mercedes Armas que invalidó las anteriores instrucciones de la Fiscalía.

Sacando las notas que anotó en la reunión que mantuvo con Armas, Trapero repitió varias veces que «la juez nos dijo ‘actúen con paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social’», una pauta que trasladó a todos los agentes del cuerpo. También les trasladó que fuesen «especialmente cuidadosos con el uso de la fuerza», en contra del criterio de De los Cobos, que según Trapero, defendía que eso no podía ser «una excusa» para no impedir el referéndum del 1 de octubre. «Es algo que me parece ofensivo. Nadie pone en duda la orden judicial, pero tenemos unos principios de actuación», aseguró Trapero, cuya declaración volvió a poner ayer de manifiesto el choque entre dos formas de entender los valores que debe preservar una intervención policial. Un choque que, si se quiere ir más lejos en las implicaciones que conlleva –bastante más lejos de lo que probablemente quisiera Trapero–, obliga a apuntar que ley y paz social no siempre son lo mismo, y que a veces es necesario pasar por alto la primera para preservar la segunda.

Capote a Sànchez y Cuixart

Tanto las acusaciones como las defensas preguntaron a Trapero también sobre los sucesos del 20 de setiembre de 2017 en el Departamento de Economía, sobre los que se construye la acusación contra Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Trapero apuntaló ayer la defensa de ambos, defendiendo de paso la actuación de los Mossos: aseguró que la secretaria judicial podía haber salido perfectamente por la puerta principal gracias al doble cordón habilitado por los Mossos y los voluntarios de la ANC. «Era el dispositivo que planteábamos. Evidentemente, lo considerábamos seguro», subrayó.