Con el único voto a favor de los proponentes PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Podemos –los más cercanos a los afectados– y el rechazo del PP, se aprobó ayer en el Parlamento de Gasteiz la reforma de la Ley de víctimas de la violencia del Estado con las correcciones hechas para adaptar su contenido a las objeciones puestas por el Tribunal Constitucional a la ley anterior, que fue recurrida por Rajoy. Estos cambios legales fueron impuestos por el Ejecutivo de Sánchez para acceder a retirar el recurso de inconstitucionalidad.

El secretario general de Derechos Humanos de Lehendakaritza, Jonan Fernández, afirmaba que estamos ante un día muy importante, un día que mira al futuro y mira a la convivencia. «Hoy, abrimos un camino para el reconocimiento y reparación de las víctimas», señaló, desde el principio de la centralidad de la victima.

Pero los propios afectados no están tan de acuerdo con estas afirmaciones. Tasio Arrizabalaga, portavoz de la asociación Egiari Zor, afirmó que tenían un sabor «agridulce». Entienden que es un avance, pero todavía no se les reconoce de la misma forma que a las víctimas del terrorismo y tampoco se les garantiza el derecho a conocer la verdad, que es lo que más les repararía. Esta ley garantiza que «el monopolio de la verdad a los tribunales y a los informes policiales».

Zabala y Arzuaga

Pili Zabala, que habló como parlamentaria de Elkarrekin Podemos y no pudo evitarlo hacer también como víctima, denunció que esta ley «prohíbe el derecho a saber la verdad». Recordó que en estos casos los tribunales hasta ahora han impedido la investigación y han garantizado la impunidad de los acusados.

Desde EH Bildu, Julen Arzuaga, apuntó que se hace una categorización de las victimas y denunció que se pretende garantizar «el honor» de los victimarios.

Elkarrekin Podemos y EH Bildu optaron por la abstención, porque aunque insuficiente, al menos es una ley de reconocimiento.