Llevamos dos meses y medio de un juicio que se celebra mañana y tarde, con traslado diario de los presos desde la cárcel. ¿Cómo están?

Existe una factura física, es evidente. Pero también es verdad que el estatus que les ha reconocido el tribunal, que al final no es más que un reconocimiento de su carácter de presos políticos, les permite no estar esposados ni estar en los calabozos. Están en unas dependencias todos juntos y los abogados podemos estar con ellos. También es algo estimulante política e intelectualmente.

¿Cómo ha afectado el ciclo electoral al proceso? ¿Echan de menos una mayor movilización social acompañando al juicio?

El inicio de la campaña coincidió con una parte del juicio que era la policial, sin ningún tipo de interés, y eso ha contribuido. Pero sí que es un error que un juicio de esta centralidad, con las consecuencias que va a tener jurídica y políticamente, no tenga suficiente atención debido a la renovación electoral de las instituciones. La tensión sigue existiendo, pero es verdad que la movilización se ha relajado, diría que quizá, al final, el combate electoral ha sacado energía al músculo de la movilización de la sociedad civil, y eso no nos es favorables a las defensas, porque la única forma de ganar este juicio es a través de una movilización y una concienciación muy amplia y potente. Si nos dejamos arrebatar eso, nada de lo que se pueda hacer en lo institucional va a tener capacidad de incidencia en el juicio.

Pese al barniz formal que el tribunal ha querido dar al proceso, tanto defensas como observadores han ido denunciando varias vulneraciones. Por ejemplo, a ustedes les vetaron una prueba que consideraban clave, en la que expertos de Scotland Yard examinaban la actuación de la Policía española y la Guardia Civil. ¿Por qué?

Marchena ha sido muy coherente en lo que es la limitación del derecho a la defensa. Cuando nos denegó la prueba, lo que vino a expresar es que quería evitar la internacionalización del juicio, impedir cualquier elemento de politización del juicio y evitar cualquier crítica a la actuación de la policía en Catalunya. La prueba de Scotland Yard reúne todos los elementos, por lo que fue directamente vetada, aunque era una prueba muy útil y absolutamente pertinente, porque solo expertos internacionales pueden valorar íntegramente la actuación de la Guardia Civil y la Policía.

También impide visionar los vídeos del 1-O durante los interrogatorios.

Marchena está moviendo constantemente el objeto del juicio. Podría haber dicho que lo que pasó en los colegios electorales el 1-O no era objeto de juicio, pero aceptó más de un centenar de declaraciones testificales de agentes cuyo objeto era únicamente lo sucedido en los colegios electorales. Cuando el tribunal acepta eso, acepta que se hable de lo que ocurrió allí y de la actuación policial. Lo que no puede hacer es privar al tribunal de conocer la verdad, y la mejor forma de hacerlo, cuando lo ocurrido ha sido grabado, es ver la realidad. De hecho, al principio Marchena aceptó la introducción de los vídeos en los interrogatorios, pero como vio que, descaradamente, esas grabaciones desmentían el relato establecido por los poderes del Estado, separó el interrogatorio del visionado de las grabaciones, partiendo en dos la prueba. Ha impedido que la realidad aflorara en la sala durante los interrogatorios policiales. Con ello ha conseguido que durante más de un mes se generara un relato favorable a los poderes del Estado, que ha sido maximizado por los medios españoles. El relato sobre lo que vivieron las fuerzas y cuerpos de seguridad en Catalunya es totalmente falso, queda desmentido de la A a la Z en las grabaciones aportadas a la causa.

¿Cuál es el objetivo de las acusaciones al hacer declarar durante más de un mes a decenas de policías y guardias civiles?

Es una pieza esencial, en lo jurídico, para la acusación por rebelión, que exige la utilización de la violencia. Se trata de establecer que existe un contexto de violencia que nunca ha existido en Catalunya y, así, continuar hablando de violencia para no hablar del ejercicio de derechos fundamentales, que es el nudo gordiano de este juicio y del proceso catalán.

También han denunciado el diferente trato en los interrogatorios de las acusaciones y de las defensas. ¿Por qué?

En cualquier juicio que se pretenda justo, uno de los principios básicos es el de igualdad de armas: el tribunal tiene que aplicar las mismas reglas para la acusación y para la defensa, y si hay que privilegiar a una parte, es a la defensa, porque su papel es absolutamente central en un sistema garantista. Nosotros nos hemos encontrado con que el tribunal permite que las acusaciones hagan, mediante sus preguntas, todo tipo de valoraciones y apreciaciones subjetivas, y en cambio, exige a los testigos de la defensa y a la defensa una perspectiva absolutamente neutra y objetiva. Eso ayuda a construir un muro de contención que evite la introducción de elementos esenciales.

¿Sigue siendo posible una condena por rebelión?

Lo primero es que este juicio nunca se debería haber celebrado, porque los hechos objeto de acusación de rebelión nunca llegaron a producirse. Para llegar a una condena es necesaria una ideología jurídico-política que entienda que manifestarse puede ser criminalizado como delito. Los derechos fundamentales como la protesta, la manifestación y la expresión son inalienables en un sistema democrático, por lo que defendemos que no se puede construir un discurso jurídico condenatorio en relación a estos hechos.

Es lo que han venido diciendo tribunales europeos como los alemanes. ¿En TS son permeables a los reveses europeos?

En el Tribunal Supremo existe cierta arrogancia jurídica, no aceptan que nadie les dé lecciones de nada. Son muy poco permeables a los argumentos que, de forma unánime, se han articulado fuera de las fronteras españolas. Pero también creo que van a tener que construir una sentencia homologable en términos internacionales, porque habrá recursos ante organismos internacionales, por lo que, al final, van a tener que tener en cuenta esa opinión jurídica que se ha ido generando.

No es lo mismo acudir a Estrasburgo denunciando vulneraciones formales relacionadas con el procedimiento, que presentarse bajo la bandera de la vulneración de derechos fundamentales. ¿Por donde van los tiros?

A mi me gustaría que la sentencia que en su momento se dicte por parte de Estrasburgo entre sobre todo en el fondo. El paso represivo que ha dado el Estado español en este expediente debe ser respondido con una sentencia a la misma altura por parte de Estrasburgo; que entre en la devaluación democrática que está viviendo el Estado español y en la vulneración de derechos de contenido político.

En las defensas existen varias miradas, no hay más que ver los escritos de preparación del juicio oral, pero no son estrategias contradictorias, sino intensidades distintas. Ello no va a impedir que Estrasburgo entre en todo lo que le planteemos en su momento.

¿Qué tal la convivencia entre diferentes líneas de defensa?

Ha existido un respeto muy exquisito entre todos los abogados para hacer que todas las estrategias pudiesen ser desarrolladas. Es un respeto que existe entre todos los presos para que cada uno tenga su juicio en la forma en que ha decidido tenerlo.

 

Salellas y Castells, mano a mano en Donostia

De la mano de Erabakizaleak y Gure Esku Dago, el abogado Benet Salellas recala hoy en Donostia, donde compartirá estrado con otro abogado, Miguel Castells, referencia ineludible a la hora de hablar de procesos políticos. La cita es esta tarde a las 19.00 en el Aquarium.

Bajo el lema «Togas por las libertades», los dos abogados, a los que separa prácticamente medio siglo –el tiempo que va del proceso de Burgos al juicio al 1-O–, conversarán sobre el actual juicio al independentismo catalán, con referencia ineludible a los numerosos procesos políticos vividos en Euskal Herria, de los cuales Castells es buen conocedor. Ambos son, además, autores de libros de divulgación sobre los procesos políticos, por lo que la cita servirá para analizar su evolución a lo largo de los años. El encuentro será conducido por la también abogada Nora Esnaola.GARA